No, al campo de golf en la zona de Punta Tormentos

Niegan el permiso para crear un campo de golf en la zona de Punta Tormentos, segunda fase de un complejo que comenzó con la creación de una pista aérea; el proyecto incluía zonas de hospedaje y un campo de 18 hoyos.

El proyecto lleva el nombre comercial de Aerogolf Cozumel y se dio a conocer en estas páginas desde el año 2008, cuando se detectó la construcción en ese momento ilegal de la pista de aterrizaje para avionetas que es la parte central del pretendido desarrollo.

Tal como se advirtió desde aquellas fechas, los interesados en este proyecto, el ‘Club de Pilotos Isla Cozumel’, cuya cabeza visible es el señor Eduardo Toledo Parra, conocido empresario televisivo y aficionado a los aviones, intentarían aprobar por partes un mega desarrollo que por sus dimensiones no debería ser compatible con la zona en la que se encuentra, ya que implica cambiar el uso de suelo de terrenos eminentemente forestales que además, se encuentran muy cerca de algunos importantes polígonos de captación de agua potable de la CAPA en su borde Este y por el lado Oeste, el predio colinda con el Parque Marino Nacional Arrecifes de Cozumel y con la zona de manglares y lagunas costeras de Punta Tormentos, que en teoría no pueden tocarse al estar incluidos en los preceptos de la llamada ‘ley del mangle’.

Sin embargo, y luego de pagar una multa por haber empezado a talar sin permiso, la pista aérea ya tiene varios años de funcionamiento y ahora, mientras toda la atención de la sociedad cozumeleña estaba centrada en el tremendo proyecto del parque eólico, se presentó a consideración de las autoridades federales la segunda parte de ‘Aerogolf’ la cual incluía un centro comercial, predios hoteleros, lagunas y canales artificiales, un campo de golf de 18 hoyos y predios residenciales.

Sin embargo, el proyecto identificado con la clave 23QR2012TD048 fue desechado por la Semarnat al tampoco apegarse a los preceptos de protección al ambiente y por carecer de datos necesarios para su evaluación.

Fuente: Por Esto!

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Atroz ecocidio en Punta Tormento

Este primero de marzo, cuando entre en vigor la nueva ley del mangle que endurece la protección a este recurso, en Cozumel se encontrarán con que desde la semana anterior, se realizaron ya desmontes en la zona de Punta Tormentos, los cuales no está claro que se hayan hecho conforme a la ley.
Denunciados desde finales del 2009, ninguna autoridad ha hecho nada desde entonces para detener los rellenos de mangle en Punta Tormentos.
Como resultado de la indolencia oficial, y ante la inminente entrada en vigor de las nuevas adiciones a la ley que protege los mangles, los desmontes en la zona de Punta Tormentos se han consumado y ya hasta se rellenó un camino.

Dos de las brechas de las que se había informado hace ya más de 14 meses, cuando apenas se estaban excavando las primeras fases, fueron ya hasta rellenadas con sascab previo arrasamiento de toda la vegetación, en un área que al estar adyacente a un manglar, no debería ser perturbada, tal como lo dispone la Ley General de Vida Silvestre en su artículo 60-TER y las adiciones a la norma oficial mexicana NOM-059 que considera el mangle como una especie en peligro de extinción y que apenas este martes entra en vigor en todo el país.

Empresarios con intereses en zonas naturalmente cubiertas por manglar, han hecho toda clase de esfuerzos para tratar de detener la entrada en vigor de esta norma y han puesto el grito en el cielo porque supuestamente impide muchos proyectos.

Sin embargo, al carecer de autoridades que puedan o quieran hacer valer esas leyes en Cozumel, sin pudor alguno los empresarios locales interesados en avanzar sobre las zonas de mangle en el área de Punta Tormentos, simplemente han pasado a los hechos y no quisieron esperar la entrada en vigor de esas nuevas leyes.

Con la filosofía del “palo dado ni Dios lo quita”, el amasamiento de la vegetación adyacente a los importantes manglares de Punta Tormentos se ha consumado y se quedará en la impunidad, pues como “la ley no es retroactiva” será muy complicado que avance un proceso en contra de los responsables, amen de que evidentemente no exista la “voluntad política” para hacerlo así.

Fuente: Por Esto!

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Troy Becerra Palma afianza su futuro

Sin esperar a que concluya su tercer periodo como regidor del ayuntamiento, en el que tampoco hizo nada, el tres veces candidato a ser alcalde Troy Becerra Palma, se dedicará mejor al ramo restaurantero y para ello pretende apoderarse de la zona federal en Punta Tormentos, donde planea construir un club de playa.
La manifestación de impacto ambiental del proyecto “Club Snack Bar Playa Tormentos” fue enviada desde hace meses por el aún regidor a la Semarnat en la ciudad de México para su análisis y posterior rechazo o aprobación.
Se trata de una obra que pretende apoderarse de un tramo más de la costa en la hoy tan codiciada Punta Tormentos, donde se han denunciado varios proyectos depredadores del medio ambiente, todos relacionados con personajes de la vida pública del estado como Noemí Canto, ex funcionaria estatal, y Eduardo Toledo, empresario televisivo e inmobiliario.
Un poco más al norte del área donde de hecho la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, ejerció ya una clausura por el desmonte de mangle que se dio hace unos meses, el aún regidor panista Troy Becerra Palma pretende cerrar la pinza y quedarse con la zona federal, –la orilla del mar que supuestamente es de todos– cuya concesión ya solicitó formalmente a las autoridades federales.
De hecho, ya tiene la concesión, identificada con el número ISO MR DGZF-268/04 Expediente 53/44429, pero ahora la quiere pasar de la modalidad “mantenimiento y conservación” a “uso general” para poder vender alimentos y bebidas y rentar camastros.
Se trata de una playa rocosa que es parte de la costa del Parque Marino Nacional (aunque tal condición en los hechos más parece ser un estímulo a la construcción que un freno) adyacente a lo que actualmente conocemos como “playa Corona” otro restaurante construido en la orilla de la playa de manera indebida, aunque éste tiene más de diez años en el lugar.
Con la operación del club de playa del tres veces candidato a la alcaldía y tres veces regidor del ayuntamiento (puesto en el que hasta el momento no se le recuerda por haber presentado alguna iniciativa importante o abanderado alguna causa popular) se privatizará en los hechos otra sección de la vista al mar de la isla en una playa que se encuentra a pie de la angosta carretera, sin espacio suficiente para estacionarse y en una zona de curvas.
El estudio que requiere la autorización del proyecto del panista Troy Becerra, lo elabora el biólogo favorito del sistema, Nicolás Carrillo Fajardo, ex director municipal de Ecología y hoy próspero consultor privado, el encargado de aprobarlo en el estado es Angel Mota, también ex director de Ecología como Carrillo Fajardo y los dos priístas; mientras que en la ciudad de México lo debe aprobar la Semarnat que dirige el panista Rafael Elvira y vigilar la Profepa, que encabeza el panista Patricio Patrón, porque en el papel son adversarios políticos, pero en el interés se encuentran todos unidos.
Becerra Palma concluirá su tercer periodo como regidor en abril de este año; se desenvuelve en la política desde 1996, cuando dejó su trabajo como contador público.

fuente: Por esto!

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INIRA, depredador del medio ambiente

Al menos dos graves atentados al medio ambiente que concluyeron con sendas clausuras por parte de las autoridades federales, se realizaron en Cozumel con permisos emitidos por el Instituto de Riesgo e Impacto Ambiental, Inira, dependencia que nuevamente se menciona en la situación actual de Punta Tormentos.
Tomándose atribuciones que no le corresponden y simplemente “brincándose” a las autoridades federales que son las competentes en estos asuntos, el Inira ha emitido en Cozumel diversos permisos que en su momento, fueron utilizados para realizar trabajos que luego fueron clausurados por la procuraduría ambiental del gobierno federal, la Profepa.
Dos ejemplos. En el año 2005, apenas estrenándose en el cargo, el Inira que dirige el cozumeleño Angel Mota Salazar (polémico ex director de desarrollo urbano y ecología del municipio) emitió un permiso a nombre de los señores Enrico Fracassi y Claudio Góngora Coral, el primero un italiano especulador de terrenos para una compañía llamada Trans Caribbean Trust que vendía, y vende, terrenos aparentemente de alta plusvalía a buenos precios, pero ubicados en zonas de conflicto ambiental o donde los planes de desarrollo vigentes no permiten el tipo de construcciones que los compradores quisieran edificar.
El segundo era el entonces comisario del Ejido Cozumel y a nombre de esa organización pidió el permiso para que se desviara el camino costero de la parte norte de Mezcalitos, de modo que librara los terrenos del italiano que este pensaba vender para construir residencias en un movimiento que era punta de lanza para los planes inmobiliarios que desde hace años, las leyes a favor del medio ambiente detienen en esa zona.
Con el permiso emitido por el Inira, cuando la autoridad competente era en todo caso la Secretaría federal del medio ambiente, la Semarnat, los mencionados señores emplearon maquinaria para desviar el camino, arrasando dunas y tasistales así como numerosos ejemplares de flora protegida, como la palma de chit, la palma de huano y la vegetación halófita de la duna, lo que provocó al hacerse público la intervención, ahora sí, de las autoridades federales que clausuraron los caminos y hasta la fecha mantienen la orden de impedir que los usufructúen quienes cometieron el abuso.
El otro caso es más reciente y data del 2008, cuando con un permiso emitido por el Inira, el empresario Eduardo Toledo, inició el desmonte de 95 mil metros cuadrados de selva para construirse una pista de aterrizaje para su avioneta, sin contar con manifestación de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo forestal ante la autoridad competente, que no era el Inira sino nuevamente, la Semarnat.
La Profepa vino a la isla poco después a clausurar la pista, aunque luego por medio de lagunas legales y con el argumento de que ya el daño estaba hecho, la pista fue concluida.
Dijeron que supuestamente, esa pista era para traer a Cozumel, a turistas que vuelan en sus propios aviones… pero ha pasado prácticamente un año de que funciona y nomás no se ven llegar a esos turistas y hasta ahora, todo quedó en un capricho y un atentado al medio ambiente que la autoridad arregló con una multa, pero para la isla es irreversible y contó con el aval del Inira y su director Angel Mota.
Actualmente, en la zona de Punta Tormentos, a un lado de la pista aérea, se rellenan manglares y se cierran playas y todo indica que detrás de todo nuevamente, hay un permiso estatal del mismo tipo, aunque se trate de zonas protegidas por las leyes federales.

Fuente: Por Esto!

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Impune ecocidio en Punta Tormentos

Si se respetara la ley, solamente con lo que ya se ha hecho en la zona de Punta Tormentos sería suficiente para clausurar las obras de manera definitiva, sin embargo, no existe en la isla autoridad alguna con la capacidad o la voluntad de aplicar esos ordenamientos.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, es la autoridad encargada de hacer valer esa ley, sin embargo, esta dependencia no tiene oficina en la isla y sus inspectores sólo vienen cuando reciben denuncias específicas.
Para cuando eso sucede, en la mayoría de los casos el daño al medio ambiente está hecho, y de eso se agarran los mal llamados “desarrolladores” para decir que es ya un hecho consumado, algo irreversible, y “allanarse” a las sanciones de la Profepa, pagar sus multas y seguir adelante con los trabajos presentando los trámites de forma extemporánea.
Aunque este modo de actuar y la sospechosa tendencia de las autoridades tanto estatales (Seduma) como federales (Semarnat) de aprobar proyectos que luego el tiempo deja en evidencia por su alto impacto ambiental, han sido denunciados varias veces a la Secretaría de la Función Pública y hasta al órgano interno de control de la propia Semarnat, este “fenómeno” se sigue dando en la isla y el caso más reciente, –que aún se puede prevenir si las autoridades competentes se “ponen las pilas”– es lo que ocurre en Punta Tormentos, donde los manglares están siendo subrepticiamente desmontados para crear caminos de acceso, por lo pronto, y otras preparaciones para una futura urbanización que mordería otra parte de la costa del Parque Marino de la isla.
Sin embargo, aunque se trate de terrenos que ahora son propiedad privada porque fueron vendidos por el gobierno del estado a particulares a través del IPAE, están sujetos a las leyes federales sobre los manglares, concretamente al artículo 60Ter de la Ley General de Vida Silvestre que no admite interpretaciones y a la letra dice: artículo 60 Ter.- “Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.
Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar”.
El cual aunque quiso ser modificado por el chetumaleño Eduardo Espinosa Abuxapqui cuando fue senador, finalmente se mantuvo firme en la cámara y está por completo vigente.
Sólo con lo que ya se ha devastado de manglar en Punta Tormentos, sería motivo de una clausura total a la luz de esta ley, pero la intervención deberá ser pronta antes de que se aplique nuevamente el criterio de que el daño ya está hecho.

Fuente: Por Esto!

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