Dejan libre a cinco presuntos ladrones por falta de flagrancia

El Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) puso en libertad a cinco presuntos ladrones detenidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública por falta de flagrancia, explicó Estela Tun Chan, coordinadora del MPFC.

Argumentó que sobre tres de los detenidos por posesión de tubería de cobre no existía denuncia o reporte de robo del material.

De aceptar el caso, el agente ministerial pudiera ser denunciado por abuso de autoridad por detener a una persona sin una denuncia. Lo mismo ocurrió con dos menores de edad detenidos en el interior de una supuesta bodega utilizada para desmantelar motocicletas robadas. Los jóvenes fueron liberados bajo la reservas de ley.

La mañana del martes en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública fueron presentados a la prensa cinco personas que fueron detenidas en dos acciones distintas por policías municipales, por presuntamente estar implicados en el delito de robo.

Los tres primeros, Secundino Chan Morales, Wilson Martín Vázquez Solís y Luis Feliciano Acosta Ku, fueron detenidos el lunes cuando caminaban en la zona industrial de la ciudad y portaban 44 piezas de tubería cobre.

Mientras que dos menores de 17 años de edad, fueron aprehendidos en el interior de un domicilio abandonado de la colonia Repobladores, que presuntamente era utilizado para desarmar motos robadas.

El caso de los tres primeros no fue aceptado por el MPFC al no existir flagrancia en la comisión del delito, lo que causó molestia y frustración de los elementos aprehensores.

Tun Chan declaró que el agente ministerial no inició la averiguación previa debido a que los supuestos ladrones de cobre no fueron detenidos por alguna denuncia o reporte, ni fueron aprehendidos al momento de cometer el presunto robo.

Explicó que en caso que el personal aceptara el caso, los detenidos pueden denunciarlos por el abuso de autoridad.

De acuerdo con el artículo 253 del Código Penal de Quintana Roo, el agente ministerial puede ser sancionado hasta con tres años de prisión y destitución de su empleo, cargo o comisión por cometer esta infracción.

Fuente: Novedades de Quintana Roo