2 de agosto de 2012

Quedará impune el saqueo de gasolina

“Cerrarán el taller mecánico del ayuntamiento, ya lo está analizando el tesorero Edwin Argüelles González”, esto según la versión que corren empleados del propio taller, en virtud de comentarios desprendidos de un par de trabajadores a los que Mariano Dzay Aguilar, director de Servicios Públicos, les aseguró su permanencia en la Dirección que dirige en caso de cerrarse el taller, con lo que da a entender que quedará impune el saqueo de gasolina que ha hecho este funcionario para su uso personal y de su secretaria Liliana Rodríguez Lázaro, mientras que el ayuntamiento busca despedir entre 200 a 500 trabajadores que “están de más” para reducir su nómina quincenal.

La versión fue dada a conocer por fuentes del ayuntamiento que aseguran que dos mecánicos cercanos a Mariano Dzay Aguilar se han ufanado de ser ya intocables al ver que a su jefe no le han ejercido ninguna sanción por Adriana Teissier Zavala, síndico municipal, ni existe una investigación en su contra de parte de Gamaliel Arana Chan, contralor municipal, o de José Ismael Conrado Martínez, director de Asuntos Internos, aunado a que cuenta con el “tortuguismo” de Genny Gracia Aguilar, directora de Recursos Humanos.

Según esta versión, el tesorero Edwin Argüelles González estaría buscando cerrar este taller mecánico bajo el argumento de acabar con la corrupción imperante, ya que al destinarle la reparación de los vehículos oficiales a talleres externos según, acabará con las anomalías.

Empero se ha filtrado que un empleado de Oficialía Mayor (del que aún no se da a conocer el nombre) encargado de hacer compras de refacciones para el taller estaría implicado en alteración de precios en las facturas con la ayuda del dueño de una refaccionaría de la colonia Emiliano Zapata y que en la actualidad no ha podido solventar un gasto de 65 mil pesos.

Y además, hasta ahora no se ha tomado en cuenta los desvíos de combustible y reparación gratuita de vehículos que ordena Mariano Dzay Aguilar para su beneficio particular, que uno de tantos, sucedió el 5 de junio cuando ordenó que la cambiaran los amortiguadores delanteros y la reparación de su sistema de limpiadores, además de dotarle de gasolina y de reparar el vehículo de su secretaria Liliana Rodríguez Lázaro en el taller mecánico cuando lo necesita, lo cual consta en las bitácoras de este taller, pero que no ha sido suficiente para que Gamaliel Arana Chan y José Ismael Conrado Martínez inicien sus investigaciones al respecto, aunque de acuerdo a los antecedentes, si se tratase de un empleado operativo de bajo nivel el que haya hecho el ilícito, inmediatamente sería investigado, dado de baja y exhibido públicamente, pero cuando se trata de gente con cargos importantes, las “investigaciones” llevan meses y en la mayor parte de los casos las sanciones son mínimas.

El año anterior Eduardo Isidro Gutiérrez Sánchez, director de Seguridad Pública y Tránsito, fue señalado de haber ordenado la extracción de refacciones de un vehículo que estaba en el corralón para “apoyar” a un vehículo de la Guarnición Militar, este funcionario lo aceptó y su sanción fue un “apercibimiento público” de parte de Gamaliel Arana Chan, que casi cómicamente no se dio a conocer oportunamente a la opinión pública.

En el caso de Carlos Isabel Mendoza Quijano, uno de los principales involucrados en el caso de la “pipa chatarra” que costó 580 mil pesos al ayuntamiento, según fue “separado” del cargo hace unos meses, pero fuentes afirman que trabaja como “auditor externo” en el DIF, y que presuntamente sigue cobrando su sueldo de casi 12 mil pesos quincenales.

El caso de Héctor González Cortés, ex director de Ecología que firmó en resguardo de una máquina trituradora de ramas de casi 85 mil pesos, no le ejercieron sanción alguna luego de que esta costosa máquina fue robada del Centro de Control Animal, y hasta dejaron que renunciara sin problema alguno, cuando debió haberla pagado por ser el responsable de la herramienta, pero para evitar confrontaciones interpusieron una denuncia en el Ministerio Público por “robo contra quien resulte responsable”, donde el caso está estancado.

Fuente: Por Esto!

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