Demanda contra el ayuntamiento

Enfrenta el ayuntamiento un juicio interpuesto por una empresa arrendadora de vehículos originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En el legajo, la compañía exige por la vía mercantil al Juzgado Civil de Primera Instancia de Cozumel, que la comuna pague poco más de un millón y medio de pesos, derivado de rentas atrasadas de seis patrullas y una grúa, alquiladas bajo contrato por la anterior administración municipal, a cargo de Juan Carlos González Hernández.

Se supo de manera extraoficial que le cayó una demanda sorpresiva al ayuntamiento promovido por una empresa radicada comercialmente en Guadalajara, Jalisco, denominada “Omniarrenda, S. A de C. V. Sofom E. N. R.”, reclamando el pago de varias mensualidades vencidas del alquiler de una flotilla de seis camionetas marca Ford tipo camioneta F-150 con equipamiento para patrullas, y una camioneta de la misma marca tipo F-350 equipada para grúa en uso y asignadas a las labores de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito.

La parte demandante, mediante un bufete jurídico identificado como “Departamento Jurídico Grupo Omnilife-Chivas”, por medio de un representante de nombre Pablo Rigoberto López Sánchez, reclama el pago de un millón 513 mil 445 pesos, por concepto de renta adeudada desde el mes de marzo de 2010 hasta el mes de agosto de este año.

Trascendió que dicho contrato fue celebrado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el 2 de enero de 2009, en un acto protocolario en el cual el ex presidente, Juan Carlos González Hernández, Manuel Ruperto Gurigutia Barrientos, en aquel momento síndico municipal (actual subsecretario del ayuntamiento), y Alvaro de Jesús Martín Martín, ex tesorero, representaron a la comuna en un contrato que firmaron con esta empresa, que forzosamente obligaba al ayuntamiento a rentar por 27 meses los vehículos antes mencionados, por lo cual debían pagar la cantidad de dos millones 250 mil 597 pesos, desglosados en pagos mensuales de 83 mil 355 pesos, es decir el contrato vencería a principios del mes de abril, mes en el que la pasada administración municipal dejaría el servicio público.

A pesar de que estas autoridades se comprometieron a cumplir el compromiso adquirido, desde el mes de marzo de 2010 dejaron de pagar la renta mensual acordada, generando a la fecha una deuda de un millón 513 mil 446 pesos, al que se agrega el interés moratorio de 48 por ciento anual, que tampoco se ha cumplido, y un pago de 395 mil 716 pesos, por concepto de seguro contra riesgos, siendo la anterior administración municipal la que incumplió el contrato, según registra la demanda en el punto catorce donde cita textualmente “Ha sido precisamente el incumplimiento por parte del ayuntamiento en las obligaciones de pago de la renta, seguros, y sus correspondientes intereses, lo que ha motivado que se le demande por parte de Omniarrenda, S. A de C. V. Sofom E. N. R., la rescisión del contrato de arrendamiento fundatorio”, además se añade en otro punto que “siempre se prometió atender el tema y realizar los pagos, sin embargo, las promesas mencionadas hasta el día de hoy no han sido cumplidas y tampoco se ha realizado la devolución del bien arrendado”.

Es decir, en el contrato se estipuló que luego de los 27 meses forzosos de renta, el ayuntamiento debería de devolver las unidades casi en estado nuevo, según las especificaciones que les hicieron, de lo contrario, en caso de que los vehículos presenten daños estructurales o de suspensión, golpes sin reparar, daños provocado por humo o inanición, si no ha sido sometido a mantenimiento programado por el proveedor, o si tiene alteración en la lectura del odómetro, entonces el ayuntamiento tendrá la obligación de comprar los vehículos a valor de venta a precio de mercado.

En Cozumel se cuenta con 35 patrullas para la vigilancia de la ciudad, de estas aproximadamente 25 están operativas, aunque ahora se destapa que seis son alquiladas, que podrían ser regresadas a la rentadora propietaria, debido a que una cláusula del contrato indica que “Omniarrenda, S. A de C. V. Sofom E. N. R.”, los podría reclamar a la corporación policíaca sólo con presentar el contrato y las tendrían que devolver en el acto.

Cabe hacer mención que Alvaro de Jesús Martín Martín, ex tesorero, no duró mucho en la anterior administración municipal, fue relevado del cargo por Juanita Obdulia Alonso Marrufo, quien debió haber cubierto el adeudo mensual, pero no lo hizo.

Fuente: Por Esto!