“Lluvia” de demandas

Como si algún problema le faltara, ahora proliferan las demandas jurídicas contra la actual administración por incumplimientos de contratos y pagos de las administraciones de Gustavo Ortega Joaquín y Juan Carlos González, así lo reveló la directora de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento.

La funcionaria encargada de las cuestiones jurídicas del Ayuntamiento, Margarita Vázquez Barrios, recordó que desde que se inició la administración de Aurelio Joaquín González, recibieron una demanda por parte de la empresa encargada de la obra de “Recuperación del Centro Histórico, Tradicional y Pintoresco de Cozumel”, la cual, a decir de sus palabras “es derivada del incumplimiento de contratos durante la administración de Gustavo Ortega Joaquín” (sic).

Agregó la entrevistada que la demanda fue por parte de la constructora Ingeniería y Arquitectura del Caribe, S. A. de C. V. misma que se ha arrastrado desde la administración de Gustavo Ortega Joaquín, afirmando que “es evidente que no se les cubrió en su totalidad el pago, además de que consideramos excesivo el cobro, ya que aunque se ha tratado de conciliar con los abogados, a la fecha no se ha logrado avanzar, ya que están solicitando de 13 a 15 millones de pesos, pero la cifra real es de tres a cuatro millones”, comentó.

Recordando en este punto, fue el cuatro de abril cuando abogados que representan a la constructora Ingeniería y Arquitectura del Caribe, S. A. de C. V. se presentaron en las instalaciones del Palacio Municipal de Cozumel para notificar la demanda por incumplimiento de pago de 4.5 millones de pesos de la administración 2005-2008 y que fuera heredada por la del 2008-2011 e incluso que mantiene la administración 2011-2013. Sin embargo, la suma entre los intereses, presuntamente suman ya más de 21 millones.

Vázquez Barrios agregó que se tiene otra demanda por parte de una empresa de vehículos y por la adquisición de una grúa, ésta perteneciente a la administración de Juan Carlos González Hernández.

Aseveró que en materia laboral, se han recibido de 12 a 15 denuncias y que desafortunadamente no han llegado a acuerdos sanos, por lo que se han mantenido también de la administración de González Hernández, detallando que de estas denuncias el pago mínimo es de hasta 100 mil pesos, mientras que en otros casos son de 800 mil pesos.

Le sumó a mencionadas denuncias las acciones legales que han presentado proveedores, sin embargo, de manera cauta la funcionaria aseguró que “no se les paga tanto porque no tengamos el dinero, pero se está cumpliendo a la medida con lo que se puede, están en su derecho los proveedores de denunciar, pero el presidente municipal está dialogando para llegar a arreglos”, indicó.

Al ser cuestionada si entre las diversas demandas se está en juego el patrimonio de Cozumel, afirmó que “de ninguna manera se ha puesto en riesgo el patrimonio” y dijo que el único predio que se ha perdido ha sido el del parque Urba, pero que no se perdió en esta administración, sino en la de Juan Carlos González Hernández, “donde estuvo el abogado Gabriel Pech y Méndez King”, lamentó.

Fuente: Por Esto!

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Ayuntamiento de Cozumel enfrenta seis juicios laborales

Seis juicios laborales por presuntos despidos injustificados pesan contra el Ayuntamiento de Cozumel ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, algunas hasta por un millón de pesos, reconoció la directora jurídica, Margarita Vázquez Barrios.

Las querellas datan desde la administración municipal 2005-2008. Hasta el momento en otras dos querellas se llegó a un acuerdo económico por un total de 100 mil pesos con los cuatro trabajadores afectados. Hasta el momento no se ha llegado a alguna sentencia en contra del gobierno municipal, que derive en un embargo.

Vázquez Barrios comentó que al asumir el cargo el 10 de abril de 2011le fue informada que existían ocho juicios laborales en contra del gobierno local.

Los trabajadores fueron despedidos durante las dos últimas administraciones y los ex burócratas tenían un promedio de tres años laborando en los puestos administrativos, entre los que se encuentran: el Sistema municipal del Desarrollo Integral y las direcciones de Seguridad Pública y Desarrollo Social.

Del total de los juicios promovidos en dos de ellos se llegó a acuerdos económicos por un monto estimado de 100 mil pesos.

Miguel Ángel Álvarez Vega, subdirector Jurídico, comentó que en algunos casos los ex burócratas han solicitado compensaciones económicas desde 150 mil hasta un millón de pesos.

Ambos funcionarios declinaron proporcionar la identidad de los demandantes y números de expedientes.

Algunos trabajadores son aconsejados por sus abogados defensores para solicitar cantidades elevadas de dinero. Sin embargo, se ha conciliado con los trabajadores y se han reducido los montos hasta llegar a 18 mil pesos.

Las personas que llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento aceptaron que le sea pagado en parcialidad el monto establecido.

"Dependiendo de la solvencia económica de la Tesorería, se fija un plan de pagos para cubrir los compromisos con los trabajadores (sic).

En los próximos días se prevé que se firme un convenio por un total de 150 mil pesos con dos ex trabajadores para que se desistan de continuar con el juicio.

Fuente: Novedades de quintana Roo

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Arribará a Cozumel directivo de Royal Caribbean

Se supone que será mañana martes cuando venga a la isla el representante de la naviera RCI Mike Ronan para establecer los términos en los que se dará fin al convenio que provocó la interposición de un juicio de amparo contra el ayuntamiento por parte de la naviera.

Para terminar en definitiva con el problema, originado en los términos de un convenio firmado en el 2009 por los taxistas, el municipio y una nueva plaza comercial frente al muelle SSA, la revocación de dicho acuerdo debe darse por escrito.

Tal como lo explicó el propio gobierno municipal en su respuesta oficial a esta información, “el convenio de buena voluntad firmado en su momento ya concluyó, por lo que no existe actualmente ningún compromiso; sin embargo, se hará otro documento entre todos los involucrados, con el que oficialmente se anulará el anterior”.
Este es ya el último paso que falta para terminar de desactivar el que apuntaba para ser el primer conflicto de alto impacto para la administración del alcalde Aurelio Joaquín, quien heredó el asunto de la administración pasada.

Mike Ronan, vicepresidente para América Latina de la naviera Royal Caribbean International, (RCI), se supone que arriba para esta semana a Cozumel para terminar de finiquitar el asunto y ofrecer una conferencia de prensa al respecto.

Fuentes extraoficiales aseguran que el ejecutivo podría llegar este mismo martes; sin embargo, su visita y la firma del nuevo documento tienen que darse antes del próximo 17 de febrero, pues para ese día se pospuso, a petición del ayuntamiento, la audiencia incidental del juicio de amparo que interpuso la naviera contra actos del presidente municipal de Cozumel relacionados con el convenio que originó el problema, firmado en tiempos de Juan Carlos González y que obligaba a los taxistas a dejar en la plaza comercial de enfrente a los pasajeros del muelle SSA.

La semana pasada, luego de una exitosa operación política que incluyó a los líderes taxistas y al ex alcalde, hoy secretario de Turismo del estado, el actual ayuntamiento pudo dar a conocer que el convenio de marras estaba sin efecto.

Finiquitar en definitiva el asunto con el anunciado nuevo convenio que deje sin efecto al anterior, es importante porque eso desactivará también otros procesos que venían en cadena, pues al menos otro juicio de amparo estaba listo para presentarse y se preparaban otras demandas.

Fuente: Por Esto!

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Demanda Royal Caribbean a Cozumel

Demanda Royal Caribbean a Cozumel. Aunque se ha tratado de mantener oculto y aunque públicamente ejecutivos de la naviera Royal Caribbean International se toman sonrientes fotos con el alcalde y declaran que no tienen problema alguno con las autoridades y sus decisiones, lo cierto es que este mismo martes, en el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cancún, abogados de RCI y del ayuntamiento, tendrán que presentarse a la primera audiencia del juicio de amparo interpuesto por la naviera contra este municipio.
La demanda es un juicio de amparo que solicita RCI contra actos del presidente municipal de Cozumel para dejar a salvo los derechos de los miles de pasajeros que esa naviera trae a la isla.

La segunda empresa naviera más grande del mundo en orden de valor en bolsa y la armadora de los cruceros más grandes de la historia, Royal Caribbean International, (RCI), demanda a Cozumel por la nulidad del convenio que involucra al sindicato de taxis y una nueva plaza comercial que opera enfrente del muelle SSA México, con el que la naviera tiene una fuerte relación comercial.

(Esa relación además, es de carácter técnico, pues a diferencia de cualquier otra naviera, RCI no se puede cambiar de muelle porque sólo el SSA tiene las dimensiones necesarias para recibir a sus cruceros de última generación, adaptaciones que costaron millones de dólares y meses de trabajo).

Sin embargo, aunque la demanda interpuesta por RCI contra el Ayuntamiento de Cozumel tiene su origen en el convenio firmado en 2009 con la plaza Royal Village, el sindicato de taxis y el ayuntamiento que entonces presidía Juan Carlos González Hernández, actual secretario de Turismo del estado; en realidad lo que la naviera está demandando es la protección de los derechos y la seguridad de sus pasajeros.

El convenio de marras, que recientemente dimos a conocer en exclusiva en estas páginas, obliga al sindicato a obligar a su vez a sus miembros para que todo el pasaje que vaya o venga del muelle SSA México a cualquier punto de la isla, sea obligatoriamente abordado y descendido en el estacionamiento interior de la plaza comercial, que de esta forma pretende beneficiarse del gran número de personas que requieren ese servicio en un muelle donde llegan barcos que entre pasajeros y tripulantes traen a más de ocho mil personas a bordo cada uno.

Esas personas son pasajeros de los cruceros y clientes bajo el cuidado de RCI, según lo que hemos podido averiguar acerca de la demanda interpuesta por RCI, la naviera lo que reclama es que se deje sin efecto tal acuerdo porque afecta los derechos de sus pasajeros al privarlos del servicio de transporte mediante una orden municipal que obliga a bajarlos y subirlos en un punto determinado y no donde ellos, los clientes, lo decidan.

En síntesis, muy aparte del conflicto creado por este convenio entre la nueva plaza comercial y el muelle SSA México, lo que Royal Caribbean quiere es que se le garantice que sus pasajeros y tripulantes podrán seguir, como hasta ahora, tomando un taxi y bajándose de él, donde y cuando así se lo indiquen los pasajeros al chofer y no en un determinado punto obligatorio en el que no se sabe bien a bien quién termina siendo responsable de la seguridad de las personas durante los más de 500 metros adicionales que tendrían que caminar para llegar del paradero al muelle. Si los turistas o tripulantes quieren llegar a la nueva plaza o a la puerta del muelle, esa decisión tendría que ser de ellos, que son los que están pagando la nada barata tarifa de los taxis, pues no están tomando un transporte colectivo con paradas predeterminadas ni se los cobran así.

Cabe mencionar que entre los turistas de crucero, hay un alto porcentaje de personas de la tercera edad, personas con diversos impedimentos, -como el sobrepeso- y con diversos problemas de movilidad y que el trayecto implica superar largos pasillos, escalones y cruzar la avenida más transitada del puerto en horas pico.

El juzgado quinto de distrito con sede en la ciudad de Cancún, recibirá este martes a las diez con cinco minutos de la mañana a los abogados de ambas partes, RCI y el Ayuntamiento, para que expongan “lo que a su derecho convenga” acerca de este asunto que el gobierno municipal insiste en minimizar.

Tenemos igualmente información en el sentido de que esta es sólo la primera de una serie de acciones legales que intentarán dejar sin efecto ese convenio, al cual se refieren como una arbitrariedad y un exceso en las facultades del presidente municipal.

Fuente: Por Esto!

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Malos resultados en el área jurídica de la comuna

Uno de los problemas que enfrentó el ayuntamiento actual fue el embargo de un corralón ubicado a escasos metros de la terminal marítima de Puerta Maya, derivado de una deuda de 10 millones 957 mil pesos que el municipio tenía con la empresa Energía y Agua Pura de Cozumel, S. de R. L. de C. V., por “concepto de servicios”. Los vehículos que estaban a resguardo en este predio han sido trasladados desde hace dos meses al corralón a un costado del penal, en el preámbulo a desocupar este terreno.


Cesión parcial de un espejo de agua
Otro de los capítulos heredados fue la cesión parcial de derechos de un espejo de agua que Ignacio Cureño Muñoz, anterior director general de Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, S. A de C. V., (Apim), firmó a favor de Jesús Vega Arriaga de “Maquinaria y Servicios Portuarios, S. A de C. V.”, de un muelle destruido ubicado en zona federal en la esquina avenida Rafael E. Melgar con 3 Sur, donde se pretende construir una instalación portuaria. Lo peculiar de este convenio es que el ex director de Apim, lo firmó el 10 de abril, fecha en que la pasada administración municipal y él como funcionario terminaban su gestión.

Concesión de parabuses
El 22 de agosto se dio a conocer que la pasada gestión municipal firmó un contrato ventajoso a favor de la empresa foránea “Servicios a la Medida S. C.”, para instalar cien parabuses con mupis publicitarios, y el total del dinero captado por la venta de publicidad será integró para la empresa por 15 años que dura el permiso, sin ganancia alguna para el ayuntamiento y en caso de que la comuna rescinda el contrato, tendrá que indemnizar a la compañía “agraviada” la cantidad de 10 millones de pesos. Hasta ahora no se han colocado los parabuses cuyo dueño los es también de los parquímetros.

Demanda por no pagar renta de patrullas
Se informó el 7 de diciembre que la empresa “Omniarrenda, S. A de C. V. Sofom E. N. R.”, de Guadalajara, Jalisco, demandó al ayuntamiento por la falta de pago de un millón 513 mil 445 pesos, por concepto de renta adeudada de seis patrullas y una grúa desde el mes de marzo de 2010 hasta el mes de abril de este año, pacto del que se desentendió la pasada administración municipal como cita la demanda y en caso de devolver los vehículos en mal estado la comuna está obligada a comprarlas a precio de agencia.

Fuente: Por Esto!

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Demanda contra el ayuntamiento

Enfrenta el ayuntamiento un juicio interpuesto por una empresa arrendadora de vehículos originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En el legajo, la compañía exige por la vía mercantil al Juzgado Civil de Primera Instancia de Cozumel, que la comuna pague poco más de un millón y medio de pesos, derivado de rentas atrasadas de seis patrullas y una grúa, alquiladas bajo contrato por la anterior administración municipal, a cargo de Juan Carlos González Hernández.

Se supo de manera extraoficial que le cayó una demanda sorpresiva al ayuntamiento promovido por una empresa radicada comercialmente en Guadalajara, Jalisco, denominada “Omniarrenda, S. A de C. V. Sofom E. N. R.”, reclamando el pago de varias mensualidades vencidas del alquiler de una flotilla de seis camionetas marca Ford tipo camioneta F-150 con equipamiento para patrullas, y una camioneta de la misma marca tipo F-350 equipada para grúa en uso y asignadas a las labores de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito.

La parte demandante, mediante un bufete jurídico identificado como “Departamento Jurídico Grupo Omnilife-Chivas”, por medio de un representante de nombre Pablo Rigoberto López Sánchez, reclama el pago de un millón 513 mil 445 pesos, por concepto de renta adeudada desde el mes de marzo de 2010 hasta el mes de agosto de este año.

Trascendió que dicho contrato fue celebrado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el 2 de enero de 2009, en un acto protocolario en el cual el ex presidente, Juan Carlos González Hernández, Manuel Ruperto Gurigutia Barrientos, en aquel momento síndico municipal (actual subsecretario del ayuntamiento), y Alvaro de Jesús Martín Martín, ex tesorero, representaron a la comuna en un contrato que firmaron con esta empresa, que forzosamente obligaba al ayuntamiento a rentar por 27 meses los vehículos antes mencionados, por lo cual debían pagar la cantidad de dos millones 250 mil 597 pesos, desglosados en pagos mensuales de 83 mil 355 pesos, es decir el contrato vencería a principios del mes de abril, mes en el que la pasada administración municipal dejaría el servicio público.

A pesar de que estas autoridades se comprometieron a cumplir el compromiso adquirido, desde el mes de marzo de 2010 dejaron de pagar la renta mensual acordada, generando a la fecha una deuda de un millón 513 mil 446 pesos, al que se agrega el interés moratorio de 48 por ciento anual, que tampoco se ha cumplido, y un pago de 395 mil 716 pesos, por concepto de seguro contra riesgos, siendo la anterior administración municipal la que incumplió el contrato, según registra la demanda en el punto catorce donde cita textualmente “Ha sido precisamente el incumplimiento por parte del ayuntamiento en las obligaciones de pago de la renta, seguros, y sus correspondientes intereses, lo que ha motivado que se le demande por parte de Omniarrenda, S. A de C. V. Sofom E. N. R., la rescisión del contrato de arrendamiento fundatorio”, además se añade en otro punto que “siempre se prometió atender el tema y realizar los pagos, sin embargo, las promesas mencionadas hasta el día de hoy no han sido cumplidas y tampoco se ha realizado la devolución del bien arrendado”.

Es decir, en el contrato se estipuló que luego de los 27 meses forzosos de renta, el ayuntamiento debería de devolver las unidades casi en estado nuevo, según las especificaciones que les hicieron, de lo contrario, en caso de que los vehículos presenten daños estructurales o de suspensión, golpes sin reparar, daños provocado por humo o inanición, si no ha sido sometido a mantenimiento programado por el proveedor, o si tiene alteración en la lectura del odómetro, entonces el ayuntamiento tendrá la obligación de comprar los vehículos a valor de venta a precio de mercado.

En Cozumel se cuenta con 35 patrullas para la vigilancia de la ciudad, de estas aproximadamente 25 están operativas, aunque ahora se destapa que seis son alquiladas, que podrían ser regresadas a la rentadora propietaria, debido a que una cláusula del contrato indica que “Omniarrenda, S. A de C. V. Sofom E. N. R.”, los podría reclamar a la corporación policíaca sólo con presentar el contrato y las tendrían que devolver en el acto.

Cabe hacer mención que Alvaro de Jesús Martín Martín, ex tesorero, no duró mucho en la anterior administración municipal, fue relevado del cargo por Juanita Obdulia Alonso Marrufo, quien debió haber cubierto el adeudo mensual, pero no lo hizo.

Fuente: Por Esto!

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Busca nueva administración detalles sobre demanda contra Comuna

Luego de que el Ayuntamiento de Cozumel fuese emplazado por la vía legal a pagar un adeudo de alrededor de 21 millones de pesos por concepto de la construcción de la nueva fisonomía del primer cuadro de la ciudad, Aurelio Joaquín González giró órdenes a la próxima síndico municipal, Adriana Paulina Teissier Zavala, para que se informe sobre los detalles de la demanda y evitar un pleito legal entre los demandantes y el Ayuntamiento de la isla por el proyecto "Recuperación del Centro Histórico, Tradicional y Pintoresco de Cozumel".

Por su parte, la funcionaria fue cauta y dijo que aunque ya se indaga sobre los pormenores de la demanda, se van a respetar los tiempos y sólo ampliará sus declaraciones hasta entrar en funciones.

El martes 4 de abril abogados que representan a la constructora Ingeniería y Arquitectura del Caribe, S. A. de C. V. se presentaron en las instalaciones del Palacio Municipal de Cozumel para notificar la demanda por incumplimiento de pago de 4.5 millones de pesos de la administración 2005-2008 y que fuera heredada por la del 2008-2011 que concluye en unos días.

El incumplimiento del pago provocó daño financiero a la empresa, multas y recargos que hoy hace un sumario de alrededor de 21 millones de pesos. El síndico municipal Ruperto Manuel Gurigutia Barrientos firmó de recibido la notificación.

Sobre el tema, Aurelio Joaquín dijo que hasta ayer no tenía detalles de la demanda y no había podido hacer contacto con Héctor Mac, abogado de la empresa.

Agregó que se revisará el caso desde el ámbito jurídico, tarea que encargó a Margarita Vázquez Barrios, quien hasta el martes era la coordinadora de Agentes del Ministerio Público del Fueron Común y que fue sustituida de forma interina por Jessica Mis Payán.

Adelantó que Adriana Teissier ya está recabando información para "evitar que su administración se vea afectada por malos manejos de administraciones anteriores" (sic).

Sumó a estas declaraciones información de que tiene conocimiento de que hay más demandas contra la Comuna que provienen desde la administración de Gustavo Ortega Joaquín.

Inicia el proceso de entrega recepción

La mañana del martes varios de los colaboradores que serán parte del gabinete de Aurelio Joaquín, se presentaron en las oficinas que a partir del 10 de abril serán su ámbito laboral.

Los funcionarios llegaron para iniciar el proceso de entrega recepción, el cual a decir de Adriana Teissier, se da de forma normal y sin contratiempos. Una de las primeras fueron las direcciones de Comunicación Social y la de Educación.

El presidente electo dio a conocer una lista de 21 personas que integran un gabinete de aproximadamente 30 direcciones. Los titulares de la Secretaría Técnica, Cultura y Seguridad Pública repiten y entre las novedades está el vocero de la presidencia municipal y la Oficina de Relaciones Exteriores, que ya no será más un área de trámite de pasaportes y que su personal se abocará a reforzar las relaciones con las navieras.

fuente: Novedades de Quintana Roo

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