Si el gobierno municipal quisiera hacerlo así, podría desconocer fácilmente el convenio firmado con una plaza comercial y el sindicato de taxis, ya que el propio documento daba un plazo para la construcción del estacionamiento, el cual no fue cumplido.
En la primera de las cláusulas del “Convenio de Hacer” que firmaron en octubre del 2009 la plaza comercial, el sindicato de taxistas y el gobierno municipal de entonces, se especifica que ese plazo era de “tres meses a partir de la fecha del presente instrumento”.
Ese plazo se cumplió en enero del 2010, y el estacionamiento de 60 cajones y área de ascenso y descenso para taxis con cinco andenes para los vehículos de los “tours” de que habla el convenio no estuvo listo, de hecho, hasta la fecha actual, la obra no ha concluido del todo.
Por lo tanto, acudiendo al propio clausulado del polémico acuerdo, el actual gobierno municipal de Aurelio Joaquín González puede echar para atrás la bomba de tiempo que le dejó la administración de Juan Carlos González Hernández y conjurar de esa forma el conflicto en ciernes con las navieras que tienen convenios con el muelle SSA y con los propios concesionarios de la terminal portuaria, pero para hacerlo requiere de una iniciativa y una voluntad política que aún no demuestra poseer.
Si se deja crecer el asunto, de acuerdo a información recabada al interior de la propia empresa del muelle SSA, este poderoso corporativo internacional podría tomar medidas importantes contra el ayuntamiento, entre las cuales pueden estar millonarias demandas judiciales contra el municipio exigiendo la reparación de los daños o hasta el habilitar un servicio propio de transporte amparado en permisos federales que el gobierno local no tendría otro remedio que hacer respetar y esto podría afectar directamente el monopolio del sindicato de taxistas sobre el servicio de transporte en la isla, lo que es un tema tabú en el estado y es algo de lo que más temen los políticos de todos los niveles.
Igualmente el sindicato de taxis puede enfrentar una demanda colectiva (figura recientemente aprobada por el Congreso de la Unión) por parte de todos los clientes que pagan porque los lleven a donde ellos van, no a donde al sindicato le da la gana dejarlos, pues no se trata de transporte colectivo con paraderos fijos sino de autos de alquiler con la obligación de dejar al cliente en donde el propio cliente le indica, tal como lo especifica su propia concesión.
No se ha dicho la última palabra sobre este asunto, el cual por el momento está congelado pues el convenio no se está aplicando en todos sus puntos y los taxis todavía operan tanto en el muelle como en la plaza de enfrente.
Sin embargo, cuando entré en vigor, la plaza estará en posición de exigirle a los taxistas que solamente suban y bajen gente en ese paradero y de no hacerlo, la empresa los sancionará unilateralmente, impidiéndoles trabajar en el área.
Fuente: Por Esto!
En la primera de las cláusulas del “Convenio de Hacer” que firmaron en octubre del 2009 la plaza comercial, el sindicato de taxistas y el gobierno municipal de entonces, se especifica que ese plazo era de “tres meses a partir de la fecha del presente instrumento”.
Ese plazo se cumplió en enero del 2010, y el estacionamiento de 60 cajones y área de ascenso y descenso para taxis con cinco andenes para los vehículos de los “tours” de que habla el convenio no estuvo listo, de hecho, hasta la fecha actual, la obra no ha concluido del todo.
Por lo tanto, acudiendo al propio clausulado del polémico acuerdo, el actual gobierno municipal de Aurelio Joaquín González puede echar para atrás la bomba de tiempo que le dejó la administración de Juan Carlos González Hernández y conjurar de esa forma el conflicto en ciernes con las navieras que tienen convenios con el muelle SSA y con los propios concesionarios de la terminal portuaria, pero para hacerlo requiere de una iniciativa y una voluntad política que aún no demuestra poseer.
Si se deja crecer el asunto, de acuerdo a información recabada al interior de la propia empresa del muelle SSA, este poderoso corporativo internacional podría tomar medidas importantes contra el ayuntamiento, entre las cuales pueden estar millonarias demandas judiciales contra el municipio exigiendo la reparación de los daños o hasta el habilitar un servicio propio de transporte amparado en permisos federales que el gobierno local no tendría otro remedio que hacer respetar y esto podría afectar directamente el monopolio del sindicato de taxistas sobre el servicio de transporte en la isla, lo que es un tema tabú en el estado y es algo de lo que más temen los políticos de todos los niveles.
Igualmente el sindicato de taxis puede enfrentar una demanda colectiva (figura recientemente aprobada por el Congreso de la Unión) por parte de todos los clientes que pagan porque los lleven a donde ellos van, no a donde al sindicato le da la gana dejarlos, pues no se trata de transporte colectivo con paraderos fijos sino de autos de alquiler con la obligación de dejar al cliente en donde el propio cliente le indica, tal como lo especifica su propia concesión.
No se ha dicho la última palabra sobre este asunto, el cual por el momento está congelado pues el convenio no se está aplicando en todos sus puntos y los taxis todavía operan tanto en el muelle como en la plaza de enfrente.
Sin embargo, cuando entré en vigor, la plaza estará en posición de exigirle a los taxistas que solamente suban y bajen gente en ese paradero y de no hacerlo, la empresa los sancionará unilateralmente, impidiéndoles trabajar en el área.
Fuente: Por Esto!
