Obsoleto el Reglamento de Anuncios

El presidente municipal de Cozumel, Aurelio Joaquín González, calificó de “obsoleto” el Reglamento de Anuncios con el que opera la comuna, al tiempo en que señaló que “el área jurídica deberá de trabajar arduamente para la presentación de los diversos reglamentos”. Sin embargo, indicó que sería hasta el 2013 cuando pueda presentarse ante el Cabildo y el Congreso del Estado para su aprobación.

En el marco de la inauguración de la tienda de la cadena comercial denominada Mc Donald en Cozumel, el presidente municipal de la isla fue abordado respecto al tema del espectacular de la misma empresa el cual había sido clausurado presuntamente porque no contaba con las especificaciones dentro del Reglamento de Anuncios, declarando que “cubrió su pago total y por ello se retiraron los sellos de clausura” (sic).

En el mismo sentido comentó que esa situación de dimensiones no permitidas dentro del Reglamento de Anuncios local, evidenciaron la necesidad de actualizar el mismo, calificándolo de “ridículo y obsoleto”, ya que no permite ciertas situaciones de venta y publicidad en comparación con Playa el Carmen, agregando que “si queremos ser como municipios prósperos como Solidaridad, entre otros, debemos de apoyar la actualización de los reglamentos y trabajar en ellos” (sic).

Respecto al trabajo que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos y la lentitud que se ha tenido sobre las modificaciones dentro de los Reglamentos, entre ellos el de anuncios, dijo que “tenemos que renovar el reglamento, es verdad que nos hemos atrasado, pero considero que no debemos de olvidar que el mundo va cambiando y nos estamos quedando obsoletos en cuanto al tema de los Reglamentos municipales”, consideró, al tiempo en que aseguró que “será entre el 15 de enero y 15 de febrero del 2013 cuando podamos hacer la presentación de éstos ante los integrantes del cuerpo colegiado del Cabildo y a finales el próximo año se deberán de presentar las iniciativas de las modificaciones en los diversos Reglamentos ante el Congreso del Estado.

Fuente: Por Esto!

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Que presente pruebas de vínculos con criminales

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública critican que Isabel Arvide, asesora de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, señale que no trabajará con la policía municipal mientras esté al frente Eduardo Gutiérrez Sánchez, actual director. Ya que según, “no le dará la espalda al enemigo”, lo que de acuerdo con la interpretación que los inconformes le dan a sus palabras, es que esta institución y su director están contaminados, aunque dicen que a la fecha, la asesora no ha proporcionado ninguna prueba en contra del jefe policíaco ni de ningún elemento inmiscuido en el narcomenudeo.

Agentes de la Policía Municipal vertieron su opinión respecto a las palabras emitidas por la polémica asesora, aunque pidieron el anonimato para protegerse y evitar, según ellos, represalias.

Uno de los que estuvo en la entrevista, dijo que no están en contra de que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado decidan con qué corporación desean trabajar en los operativos que vienen a implementar en la isla. “En lo que estamos en contra es en que nos dejen a nosotros como que tenemos que ver con los narcomenudistas. Nosotros estamos trabajando con lo que tenemos, prueba de ello es que el pasado fin de semana detuvimos a cuatro ladrones de motos y en el Ministerio Público los dejaron ir, ¿cómo crees que nos sentimos? Desde luego nos molesta porque nos tira nuestro trabajo, y luego sale publicado que, para la asesora Arvide, estamos del lado de los malandros”, dijo uno de los inconformes.

De acuerdo con las palabras de otro agente, “hasta donde hemos visto, la señora no ha enseñado ninguna prueba en contra del director o de que haya gente de la Policía Municipal metida en el narcomenudeo o protegiendo a delincuentes del fuero común, sería bueno que las presente o que de plano ponga una denuncia en el Ministerio Público del Fuero Común o en el Ministerio Público Federal dependiendo el caso que se trate”.

Otro comentario que surgió fue que “los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) tienen gente acá investigando, luego vienen y hacen la detención, que está bien, pero la diferencia es que ellos pueden dedicarle tiempo a sus labores de investigación, nosotros en cambio tenemos que acudir a solicitudes de auxilio, patrullar, y detener, no sólo nos dedicamos a un solo objetivo como los estatales”, dijeron.

Además, no comprenden bien a bien la labor que desempeña la señora Arvide, pues no queda claro si nada más asesora al secretario o es ella la encargada de la seguridad pública en el Estado.

Fuente: Por Esto!

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Ciudadanos se sienten inseguros

Los cozumeleños ya no saben en quien confiar para su seguridad después de que la detención de un experto ladrón, dejó al descubierto la corrupción que existe con los policías, quienes le quitaban el botín a cambio de dejarlo en libertad; además de que muchos policías municipales están coludidos con los delincuentes, siendo esta la razón por lo que en el último año creció a pasos agigantados los robos a comercios, casas habitación, motocicletas y asaltos a transeúntes.

La confianza en las corporaciones policiales de la isla ya se perdió de parte de la ciudadanía que asegura que ahora le tiene más miedo a los policías que a los mismos delincuentes; esto después de que fuera detenido Pablo Alejandro Balam Medina, quien reconoció haber cometido varios robos con jugosos botines ya que cuenta en su historial una joyería, una de sorteos instantáneos, además de varios negocios, asegurando que ya había sido detenido por los judiciales y que después de que le quitaron 45 mil pesos y una motocicleta cuya factura les endoso.

Varios casos similares habían sido denunciados por la ciudadanía como el hecho de que los judiciales les pedían dinero a pequeños comerciantes para no relacionarlos con drogas, o bien para agilizar las investigaciones de sus denuncias, además de que el ocasiones que la misma ciudadanía encontraba las motocicletas robadas, les pedían que retiraran las denuncias para recuperar sus vehículos más rápidamente y así no detener a los responsables.

Los mismos asaltantes que cometen sus fechorías a bordo de motocicletas a plena luz del día se burlaban de sus víctimas al decirles que gozan de protección y que no denunciaran porque regresarían para golpearlos.

Las denuncias por robos a comercios, casas habitación, motocicletas y asaltos a transeúntes crecieron de manera importante en lo que va del presente año y ahora se confirma que se debe a que principalmente los agentes de la PJE asignados a la plaza de Cozumel y que serán cambiados en estos días, vendían protección a los delincuentes que son en su mayoría plenamente conocidos.

Fuente: Quequi

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Joyero vive un calvario

El dueño de la joyería “El Rubí” que sufrió un cuantioso atraco en enero pasado, perdió 500 mil pesos en alhajas de oro y plata en aquel entonces, luego tuvo que gastar 180 mil pesos devolver a sus clientes artículos que le habían llevado a reparar antes del robo. El afectado exige a la Policía Judicial que le dé resultados positivos en la recuperación de las joyas, pues no le entregaron ninguna, sólo unos cuantos relojes inservibles, y denuncia que ha estado recibiendo amenazas de muerte si sigue “metiéndose en pedos”.

Raúl Ruiz Ayuso, dueño de la joyería “El Rubí”, señaló estar inconforme con el trabajo de investigación de la Policía Judicial en vista de que el miércoles pasado, “me llevaron a mi local 40 relojes de mano inservibles que me robaron el 20 de enero, que ya no los necesito porque con esfuerzo ya los repuse a sus dueños que me los habían llevado para que yo componga. Yo lo que quiero es que me devuelvan mis alhajas de oro que tenía, pero de eso la policía no me ha llevado absolutamente nada”.

Citó que el monto de las joyas de oro y plata que le robaron ascendió a 500 mil pesos, y que ha gastado 180 mil pesos para devolver alhajas de oro y relojes que le habían llevado a reparar antes del atraco.

Luego de la detención de Armado Cruz Flores Centeno, ladrón confeso de la joyería “El Rubí”, señala que “la Policía Judicial no me ha traído ninguna alhaja, y esos relojes no sirven para venderlos a cien pesos cada uno, los judiciales me dijeron que era lo único que habían recuperado”.

Ruiz Ayuso, expuso que le causó enojo leer en medios impresos la versión de autorrobo que argumentaba el comandante de la Policía Judicial, Víctor Peraza Pech, al ser entrevistado, a lo cual mencionó “yo no tengo la necesidad de autorrobarme, nunca lo he hecho; con este robo es la cuarta vez que me afectan”.

Luego de que la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvo al ladrón, lo puso a disposición del Ministerio Público del Fuero Común junto con dos cheques expedidos a dos personas por una constructora, uno del banco HSBC por 15 mil pesos y el otro del banco Scotiabank por 30 mil pesos pero no aparecen, y se entregaron aproximadamente 80 boletas de empeño expedidas por diferentes casas de empeño donde terminaron los artículos robados. No obstante ninguna joya ha aparecido a los que desconfía del trabajo de la Policía Judicial por los nulos resultados y agrega que ha recibido amenazas de parte de desconocidos vía telefónica de números locales luego del atraco, “donde me decían que me deje de meter en problemas porque si no lo hago, lo voy a pagar muy caro y no quiero arriesgar a mi familia”. Agregó que considera que “esas amenazas son porque yo he tratado de indagar entre rateros quién fue el que me robó”.

Fuente: Por esto!

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Destapa cloaca en PJ el “canto” de ladrón

Debido a la acusación que existe en contra de Ernesto Zacapala Bernabé, alias “Niño”, y Alejandro Manuel Díaz Caamal, agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) que presuntamente extorsionaron a Armando Cruz Flores Centeno con 45 mil pesos y una motocicleta a cambio de no detenerlo, se les inició una investigación ante el jurídico de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). De igual forma en los próximos días se realizará el cambio del comandante, Víctor Fernando Peraza Pech, y se reforzará la plaza. El procurador de Justicia del Estado, Armando García Torres, indicó que después de tener conocimiento del caso de extorsión en el que están involucrados los agentes judiciales Ernesto Zacapala Bernabé y Alejandro Manuel Díaz Caamal se inició una investigación, no solamente para proceder con una suspensión, sino también para cambiarlos de plaza, incluyendo al comandante Víctor Fernando Peraza Pech.

Esta decisión fue tomada para dar la garantía plena de un trabajo adecuado y para que en este caso se recobre la confianza de la ciudadanía, es por ello que se le giró la instrucción a la coordinadora del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC), Estela Tun Chan, para que integre un expediente, en el cual se acrediten los elementos del delito y de la responsabilidad, para poder proceder en contra de los elementos, en el caso de resultar culpables y con ello consignarlos.
El funcionario estatal recalcó que no se va a permitir este tipo de acciones, aun cuando las acusaciones vengan de una persona que está sujeta a un proceso, como es el caso de Armando Cruz Flores Centeno, quien está consignado por el delito de robo, pero no por ello se le resta algún tipo de valor a lo que pudiera resultar una acusación directa.

Comentó que Flores Centeno se ha negado a declarar, ya que teme por su integridad física y que por ello se le ha ofrecido la garantía plena de que se va a actuar y no tendrá ningún problema, ya que es fundamental el señalamiento directo y la identificación de quienes lo extorsionaron.

Debido a ello este asunto llegará hasta las consecuencias finales, para que se pueda determinar la responsabilidad de los sujetos.

García Torres dijo que después de iniciar el expediente en contra de los agentes judiciales se procederá a su suspensión, además de que se realizaran cambios dentro de la plaza.

Al ser cuestionado acerca de los resultados negativos en las investigaciones que se han tenido por parte del comandante Peraza Pech, el primer abogado del Estado mencionó que en un principio se tuvo una dinámica positiva con detenciones importantes, pero en últimas fechas es cuando se pudo empezar a tener una actitud de pasividad en la cuestión de la actuación de la policía judicial en donde se incluye al mando en la Isla, aunado a los señalamientos que se han tenido en su contra, ya que no es la primera vez que son acusados de extorsión.

Por último, dijo que los cambios se realizarán y que por ello ya se trabaja en los perfiles de quienes pudieran llegar a la plaza de Cozumel, esperando que a principios de la próxima semana se integren los nuevos elementos, quienes tendrán que pasar varias pruebas, principalmente de confiablidad y la experiencia.

Fuente: Diario de Quintana Roo

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Impunidad para Mariano Dzay Aguilar

Suman aproximadamente 450 litros de gasolina que han sido sacados del taller de Servicios Públicos a nombre de Mariano Dzay Aguilar, director de esta dependencia, según datos filtrados desde el propio taller mecánico, y lo único que ha ocasionado es que la Dirección de Patrimonio exija la entrega del taller al ex jefe José Manuel Rangel Barros, en cambio Mariano Dzay Aguilar, que de junio a la fecha se le señala de haber sacado gasolina casi en una veintena de ocasiones, sigue firme en su puesto.

La cantidad estimada se desprende de los datos que se manejan en las bitácoras del taller mecánico, que a este medio de comunicación se le entregaron copias y que según el informe obtenido han sido alrededor de 17 las ocasiones en que Mariano Dzay Aguilar ha sacado gasolina para abastecer su vehículo particular y en ocasiones de su secretaria Liliana Rodríguez Lázaro, todo ello en el corto tiempo que lleva al frente de esta dependencia, algo así como dos meses y medio, que de acuerdo a los documentos, estos saqueos de gasolina los llevó a cabo desde los primeros días del mes de junio.

Además en los datos documentados sobresale que ha utilizado a los mecánicos del taller por lo menos en seis ocasiones para hacer reparaciones a vehículos particulares, entre éstas su automóvil, la camioneta de la “lideresa” Aura Camo, de su secretaria Liliana Rodríguez Lázaro, y más recientemente del automóvil particular de Alejandro Alonso, y al ser descubierta esta última acción en el taller, “prefirió solicitar la baja del jefe del taller mecánico (José Manuel Rangel Barros) para quedar como un director estricto, pero en el fondo es quien más hace y deshace por ser el que manda”, dijo una fuente que solicitó el anonimato.

Desde los primeros días de esta semana, trabajadores de Patrimonio municipal empezaron con la entrega-recepción de los bienes que guarda el taller mecánico, mismos que Rangel Barros ha estado entregando, y a quien Genny Gracia Aguilar, directora de Recursos Humanos, le notificó su baja del ayuntamiento, por haberle realizado la reparación del vehículo de Alejandro Alonso, cuando desde el taller afirman que fue por orden del mismo Dzay Aguilar.

De acuerdo a las fuentes el mismo Mariano Dzay Aguilar ordenó retirar la bitácora del taller para evitar que se filtren más anomalías hechas por él y para que nadie más tenga acceso a este documento.

Hasta el momento, Manuel Conrado Martínez, director de Asuntos Internos, no está investigando este saqueo de combustible en el que se ven involucrados dos servidores públicos, bajo el argumento de que no hay una denuncia hecha en su oficina, cuando al ex elemento de Tránsito, Ángel Manuel Ku Pech, lo investigó sin haber denuncia y emitió su fallo semanas después que dio pie al despido de esta persona, lo que no ha hecho en la actualidad en este caso.

Fuente: Por Esto!

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Quedará impune el saqueo de gasolina

“Cerrarán el taller mecánico del ayuntamiento, ya lo está analizando el tesorero Edwin Argüelles González”, esto según la versión que corren empleados del propio taller, en virtud de comentarios desprendidos de un par de trabajadores a los que Mariano Dzay Aguilar, director de Servicios Públicos, les aseguró su permanencia en la Dirección que dirige en caso de cerrarse el taller, con lo que da a entender que quedará impune el saqueo de gasolina que ha hecho este funcionario para su uso personal y de su secretaria Liliana Rodríguez Lázaro, mientras que el ayuntamiento busca despedir entre 200 a 500 trabajadores que “están de más” para reducir su nómina quincenal.

La versión fue dada a conocer por fuentes del ayuntamiento que aseguran que dos mecánicos cercanos a Mariano Dzay Aguilar se han ufanado de ser ya intocables al ver que a su jefe no le han ejercido ninguna sanción por Adriana Teissier Zavala, síndico municipal, ni existe una investigación en su contra de parte de Gamaliel Arana Chan, contralor municipal, o de José Ismael Conrado Martínez, director de Asuntos Internos, aunado a que cuenta con el “tortuguismo” de Genny Gracia Aguilar, directora de Recursos Humanos.

Según esta versión, el tesorero Edwin Argüelles González estaría buscando cerrar este taller mecánico bajo el argumento de acabar con la corrupción imperante, ya que al destinarle la reparación de los vehículos oficiales a talleres externos según, acabará con las anomalías.

Empero se ha filtrado que un empleado de Oficialía Mayor (del que aún no se da a conocer el nombre) encargado de hacer compras de refacciones para el taller estaría implicado en alteración de precios en las facturas con la ayuda del dueño de una refaccionaría de la colonia Emiliano Zapata y que en la actualidad no ha podido solventar un gasto de 65 mil pesos.

Y además, hasta ahora no se ha tomado en cuenta los desvíos de combustible y reparación gratuita de vehículos que ordena Mariano Dzay Aguilar para su beneficio particular, que uno de tantos, sucedió el 5 de junio cuando ordenó que la cambiaran los amortiguadores delanteros y la reparación de su sistema de limpiadores, además de dotarle de gasolina y de reparar el vehículo de su secretaria Liliana Rodríguez Lázaro en el taller mecánico cuando lo necesita, lo cual consta en las bitácoras de este taller, pero que no ha sido suficiente para que Gamaliel Arana Chan y José Ismael Conrado Martínez inicien sus investigaciones al respecto, aunque de acuerdo a los antecedentes, si se tratase de un empleado operativo de bajo nivel el que haya hecho el ilícito, inmediatamente sería investigado, dado de baja y exhibido públicamente, pero cuando se trata de gente con cargos importantes, las “investigaciones” llevan meses y en la mayor parte de los casos las sanciones son mínimas.

El año anterior Eduardo Isidro Gutiérrez Sánchez, director de Seguridad Pública y Tránsito, fue señalado de haber ordenado la extracción de refacciones de un vehículo que estaba en el corralón para “apoyar” a un vehículo de la Guarnición Militar, este funcionario lo aceptó y su sanción fue un “apercibimiento público” de parte de Gamaliel Arana Chan, que casi cómicamente no se dio a conocer oportunamente a la opinión pública.

En el caso de Carlos Isabel Mendoza Quijano, uno de los principales involucrados en el caso de la “pipa chatarra” que costó 580 mil pesos al ayuntamiento, según fue “separado” del cargo hace unos meses, pero fuentes afirman que trabaja como “auditor externo” en el DIF, y que presuntamente sigue cobrando su sueldo de casi 12 mil pesos quincenales.

El caso de Héctor González Cortés, ex director de Ecología que firmó en resguardo de una máquina trituradora de ramas de casi 85 mil pesos, no le ejercieron sanción alguna luego de que esta costosa máquina fue robada del Centro de Control Animal, y hasta dejaron que renunciara sin problema alguno, cuando debió haberla pagado por ser el responsable de la herramienta, pero para evitar confrontaciones interpusieron una denuncia en el Ministerio Público por “robo contra quien resulte responsable”, donde el caso está estancado.

Fuente: Por Esto!

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Bajo la lupa personal de la PGR

Tachan de corrupto al personal de la Procuraduría General de la República (PGR), por dar facilidades para la huida de los dos narcomenudistas el domingo por la noche, entre otras cuestiones.

Erick Isaías Tep Chalé alias “El Negro” y Moisés May Nahuat alias “El Chino Moy”, los dos narcomenudistas que se fugaron la noche del domingo pasado de las instalaciones de la PGR y que uno de ellos fue recapturado la madrugada del lunes, en tanto que el otro se entregó voluntariamente el lunes por la mañana, ya fueron sacados de la isla a las 01:30 de la mañana del martes por medio de una lancha interceptora de la Secretaría de Marina con destino hacia Playa del Carmen, para posteriormente ser canalizados al penal de Cancún.

Respecto a la huida de estos dos, ninguna autoridad de la PGR ha querido hablar, extrañamente siguen con la cerrazón sin proporcionar información. Únicamente Isabel Arvide Limón, asesora en materia de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, señaló rotundamente que “nosotros (Policía Estatal) venimos a detenerlos (a El Negro y a El Chino Moy), los entregamos a la autoridad y luego de que huyeron con una gran complicidad, con un gran aparato de corrupción terrible que llegaba hasta la autoridad federal (PGR) se volvieron a capturar”.

Extraoficialmente ha trascendido que todo el personal de la PGR, sobre todo los agentes, están siendo investigados por haber dado facilidades en la fuga de los dos narcomenudistas, acción de la que incluso una secretaria cambió su declaración inicial en relación a los hechos.

Para autoridades del estado, la corrupción en PGR ha derivado en que los narcomenudistas detenidos por la policía municipal, Guarnición Militar, o Secretaría de Marina-Armada de México, sean dejados en libertad en esta agencia del Ministerio Público Federal con fianzas que van entre los 5 mil a los 10 mil pesos. Un relato respecto a la reciente detención de Jesús Paulino Rosado Avalos (a) “El Cheche”, a finales de mayo por traer consigo dos pistolas y ocho dosis de droga entre cocaína en polvo, crack y marihuana, uno de los agentes de PGR le dijo en presencia de policías municipales que lo entregaban, “tú tranquilo, de acá sales pronto”.

Se maneja de manera no oficial que el guardia de la empresa de seguridad privada “Cordi Sur” encargado de vigilar las dos puertas de entrada de la PGR el día de la fuga está detenido bajo investigación, aunque los agentes de esta corporación que estaban de guardia ese día gozan de libertad.

El domingo pasado se dio el cambio del Ministerio Público Federal, cargo que ostentaba Leonel Silva Valdez, y ahora recae en una mujer que supuestamente responde al nombre de Goergette Paulini, quien ya no permite el paso a la prensa a este lugar que es un sitio público, lo que obedece fielmente su nuevo agente de seguridad privada contratado.

La noche del domingo, cuando se daban a la fuga los dos detenidos, el ex anterior agente del Ministerio Público Federal se marchaba de la isla, pero lo hicieron regresar del muelle por el problema que estalló y ha trascendido que desde la delegación de PGR habrá un cambio de todos los agentes de PGR en Cozumel por la desconfianza que hay de ellos, pero habrá que ver si María López Urbina su delegada, lo lleva a cabo o sigue alimentando la desconfianza que hay sobre todo de los agentes “investigadores”.

Inexplicablemente en este momento la Dirección de Seguridad Pública del municipio, les ha enviado una patrulla para vigilancia fija del edifico, ahora que no hay detenidos y se supone la PGR tiene agentes armados, cuando en la ciudad la patrulla hace demasiado falta para la seguridad de las colonias.

Fuente: Por Esto!

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Exhibe operativo a celadores corruptos

Teléfonos, celulares, droga, "puntas" de hierro y dinero en efectivo, fueron asegurados en operativo sorpresa en la cárcel de Cozumel, de mínima seguridad, en el que participaron elementos de la policía municipal apoyados por el Ejército mexicano.

En los últimos 10 meses los titulares de Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Bibiano Villa Castillo, y el de la zona norte en la entidad, Salvador Rocha Vargas, han visitado el penal para hacer "revisiones" que han reportado sin novedad.

El operativo de la madrugada del jueves revela que existe tráfico de drogas y objetos prohibidos y pone las luces rojas sobre el cuerpo de custodios.

Las acciones se llevaron a cabo de tal forma, que ni el alcaide de la prisión se enteró hasta ya avanzado éste, en el que también se inspeccionaron los cuartos habitados por los custodios.

La posibilidad de que el cuerpo de custodios esté involucrado en la introducción de las armas punzocortantes, drogas y bebidas alcohólicas es muy alta, pero el responsable del presidio no lo aceptó ni lo negó.

El personal de las fuerzas federales y municipales se reunió a las 0:30 horas del jueves en el estacionamiento de la Administración Portuaria Integral, para posteriormente trasladarse hasta la cárcel municipal, localizada en la zona industrial de la ciudad.

Los cerca de 50 elementos se transportaban en cuatro patrullas de la policía municipal, con los números económicos cubiertos con cinta adhesiva, y dos vehículos del Ejército mexicano.

Los integrantes del operativo ingresaron a la cárcel a la una y media de la mañana para llevar a cabo la revisión corporal de los 80 internos, celdas y los cuartos de los guardias estatales.

Los reos fueron sacados de los dormitorios y colocados en el patio del área general para posteriormente revisar cada una de las 40 celdas.

Un grupo de policías municipales y militares revisaron las habitaciones de los 14 policías estatales que custodian a los reos, en busca de objetos o sustancias prohibidas.

Los policías utilizaron una cizalla para cortar el candado de la habitación de un guardia estatal que estaba en su día de descanso.

A las tres de mañana finalizó el operativo, dando como resultado el aseguramiento de cuatro teléfonos celulares, siete cargadores, tres puntas (picahielo), 577.50 pesos y una bolsita que contenía cinco gramos de marihuana.

Eduardo Isidro Gutiérrez Sánchez, comisario de Seguridad Pública, informó que la droga y los objetos prohibidos fueron localizados en un colchón de la celda número seis del área general.

Personal de la prisión señaló que uno de los internos que habita la celda es Víctor Miranda Garduza, quien está recluido por violación.

Trascendió que la droga se le aseguró al presunto líder del autogobierno Rafael Alberto Azueta Euán, alias "El Jack", quien es procesado por la ejecución de Alfredo Muciño Gutiérrez, "El Mara 18", ocurrida el 10 de julio de 2011.

El jefe de la cárcel dijo que tres teléfonos celulares se aseguraron en el área general y uno más en el área de segregados.

Gutiérrez Sánchez dijo que se realizó una revisión minuciosa y exhaustiva a todas las áreas de la cárcel.

Los objetos asegurados serán puestos a disposición de las autoridades judiciales, ministeriales del fuero común y federal para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

El funcionario comentó que al momento de la revisión la seguridad de la cárcel estaba bajo la responsabilidad de Benjamín Gómez Campos.

Por su parte, Macedonio Várguez minimizó el hallazgo de los objetos prohibidos, ya que no había detectado la presencia de los aparatos o droga y dijo desconocer cómo ingresan los objetos ilegales, aunque podrían ser introducidos por las visitas o guardias.

Los custodios ingresan a las instalaciones sin ser revisados físicamente, para evitar la introducción de teléfonos celulares.

"Podemos pensar que pueden ser por las visitas o los custodios, pero obviamente no tenemos información exacta como para determinar por dónde entran... por algún modo nos están ganando" (sic).

Várguez Góngora había declarado en ocasiones anteriores que inspeccionan constantemente las celdas.

En el último año se ha renovado el 100% del cuerpo de custodios y el más antiguo en el puesto tiene seis meses en Cozumel.

Personal de la cárcel, que pidió no ser citado, reveló que durante los siete "operativos de revisión" realizados por Bibiano Villa y Salvador Rocha únicamente ingresan a la prisión y dialogan con los internos, sin inspeccionar las celdas en busca de objetos o sustancias prohibidas.

Urgió para que se realicen operativos de manera cotidiana, para inhibir el ingreso de los artículos no permitidos y solicitará la investigación de los custodios.

fuente: Novedades de Quintana Roo

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Denuncian actos de corrupción

Denuncian que personal de la Coordinación de Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado con base en Playa del Carmen, encabezado por el subdirector Efraín Sansores, han visitado obras de construcción en Cozumel, según para verificar cuestiones hidráulicas y sanitarias y que los planos de construcción tengan el sello de las autoridades de salud; quienes “no pasan la prueba”, son citados a Playa del Carmen donde les indican que tienen que pagar una multa, aunque “hay forma de arreglarse”.

Lauyent Larios, asistente administrativo de la empresa Joyería y Derivados del Caribe, o “Diusvi Diamond, S. A de C. V.”, dio a conocer que la empresa referida, posee una obra en construcción ubicada en la avenida Macario Aguilar en la zona industrial y esta obra fue visitada por una persona de nombre Enrique Alvarez Castillo y el subdirector del Protección Contra Riesgos Sanitarios en el estado, Efraín Sansores, para verificar las condiciones hidráulicas y sanitarias, “vieron que tenemos nuestra cisterna bien, tenemos agua y cisterna limpia, sólo dos cosas no tenemos, me enmarcaron que no tenía la fumigación del local que está en obra negra, no entiendo, sin embargo, yo lo hice por los moscos. Dos cosas no me encontraron, el dictamen sanitario con la autorización de los planos y el aviso de inicio de obra, sólo con eso no cuento, en todo lo demás no hubo ningún problema”.

Le indicaron a la entrevistada que “viajara a Playa del Carmen, a pagar la licencia correspondiente a ese permiso, con lo cual le dije que no estaba de acuerdo porque no entiendo cómo una instancia estatal me viene a exigir algo que lo debe pedir el municipio, me parece que los están brincando (a las autoridades municipales), aún así se elaboró un cheque por la cantidad de 10 mil 319 pesos para pagar la licencia en lo que averiguábamos de qué se trataba”.

Expone que “cuando el representante legal de la empresa, Omar Zapata, acude a Playa del Carmen el 24 de mayo y entrega en la caja el cheque por los 10 mil 319 pesos, le dice el cajero que no puede recibir el dinero, porque primero debe pagar una multa y se lo escribe sólo a mano en un papel, y que se trata de 56 mil 070 pesos”. El pago en cuestión se iba a hacer en esa misma oficina ubicada sobre la calle 6 esquina con 35 en la sede de la Subdirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Explicó que “al no aceptar cubrir el monto de la multa, el cajero le dice que si le da 20 mil pesos en efectivo, se olvida de la multa y ya no pagamos, entonces le dice Omar Zapata, ¿me vas a dar algún comprobante?, a lo que el cajero le contestó que no, al tiempo que agrega, esto es aquí entre nosotros”, lo que no fue aceptado y no pagaron ni un peso.

Relata que lo dio a conocer a Flor Lara Mena, coordinadora de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Cozumel y también a Germán García Padilla, representante del gobernador en la isla.

Menciona que días después, regresó Efraín Sansores, a informarle a Lauyent Larios, “que la multa es de mil salarios mínimos, pero que puede hacer un descuento de 500 salarios, sólo que fue verbal la información, nada por escrito”, tampoco accedió.

Dice que al investigar con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros, le comentaron que la exigencia de Efraín Sansores no procede, y le informaron lo mismo por Jorge Canul Poot, director de Desarrollo Urbano.

Así también comenta que se comunicó con Juan Ortegón Pacheco, titular de la Cofepris en el estado, quien asegura le dijo “que desconocía ese tipo de anomalías, pero que se tenía que pagar porque es una ley que salió hace año y medio y hasta hoy no me ha informado en qué parte del Diario Oficial del Estado salió publicado”.

Apunta que esta misma semana volvió gente de Cofepris a verificar la obra, sólo que esta vez no los recibieron y ellos se remitieron a pegar un oficio en la puerta de la obra. Al finalizar dijo que necesitan que las autoridades competentes aclaren esta situación, anunciándolo oficialmente a la comunidad, porque todo parece indicar que se trata de una extorsión.
No se eniende además cómo es que personal que ni siquiera tiene su base en la isla se toma este tipo de atribuciones.

fuente: Por Esto!

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