Acusan de extorsión a Cofepris

El subdirector de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en el Estado, Efraín Jesús Alonso Sansores, se encuentra en el ojo del huracán, tras ser señalado por intento de extorsión con casi 200 mil pesos, a la propietaria de unos departamentos en construcción, y todo porque el plano de la obra no tenía un sello de la comisión.

La agraviada resultó ser la regidora de la comuna Rosa Saenz López, quien desde hace 3 meses empezó a construir una oficina y tres pequeños departamentos en la colonia Repobladores, pero tremenda sorpresa se llevó cuando el pasado fin de semana, se presentó a la obra Alonso Sansores para dejar un citatorio, argumentando que el plano que se estaba utilizando no tenía el sello de la Cofepris, aunado que violentaba los artículos 278, 292 y 311 de Ley de Salud del Estado y el articulo 56 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

Saénz López reconoció que efectivamente el plano no traía el sello, porque al momento de tramitar la licencia de construcción ante el Municipio no se le dijo que debía pasar a la Cofepris, pues se sabe que aquel sello en los planos son para obras más grandes, como puede ser una supermercado, un hotel, hospital o escuela, pero no para casas habitacionales.

La regidora de la comuna, junto con sus abogados al revisar el citatorio, salió a relucir que los cuatro artículos mencionados en el documento, no refería nada del sello y mucho menos tocaba el monto de la multa que le indicaron que es por un total de 177 mil pesos en efectivo, y que si el pago lo hace en los primeros cinco días, se le ofrece un descuento del 50 por ciento, pero con la única condicion que el pago es en efectivo y en la oficina de la Cofepris de Cozumel y en ningún otro lugar.

Rosa Saénz, dijo que como persona física interpuso un recurso de inconformidad ante la Cofepris, pues no hay elementos para que Efraín Alonso Sansores, quiera cobrarle la cantidad de 177 mil pesos, por un simple sello, aunado que la obra cuenta con todas las medidas de seguridad y no se está cometiendo ningún riesgo sanitario.

Fuente: Respuesta

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No investigan a policía presunto “torturador”

El policía municipal Emanuel Pérez Cetzal, acusado de secuestro, abuso de autoridad, lesiones, y privación ilegal de la libertad, ya está laborando en la policía municipal como cualquier otro agente luego de estar asignado al área de inteligencia que de acuerdo a Pablo Luis López, subdirector de la corporación, investigan a delincuentes vinculados con robo. Sin embargo, se sabe que la labor de este equipo de inteligencia es ubicar a gente ligada al narcomenudeo, aunque no se han visto resultados contundentes.

En la edición del martes, se dio a conocer de la existencia de una denuncia interpuesta por un adicto al crack (cocaína en piedra) de nombre Carlos José Zetina López, alias “El Polleyo” de 24 años, en contra del agente de Seguridad Pública, Emanuel Pérez Cetzal, que desde hace poco más de año y medio está comisionado a un grupo de inteligencia conformado por dos agentes de la municipal bajo la batuta directa de su jefe, Eduardo Gutiérrez Sánchez, director de la corporación, quien desde el 6 de agosto no se encuentra ejerciendo en el cargo, pues de acuerdo a la versión oficial está en la ciudad de México, sometiéndose a un examen de confianza, aunque el martes 7 de agosto fue visto por la tarde en la Dirección de Ecología.

“El Polleyo” interpuso en el ministerio público la averiguación previa AP/ZN/COZ/01/02/1132/8-2012, por hechos probablemente constitutivos de delito como son “privación de la libertad personal, secuestro, amenazas, intimidación, abuso de autoridad, y lo que resulte”, en contra de Emanuel Pérez Cetzal y/o quien resulte responsable, concretamente de tres agentes armados y encapuchados que iban a bordo de la patrulla 7138 la noche del 4 de agosto de este año, ya que presuntamente “levantaron” al denunciante, lo llevaron a la guardia municipal y supuestamente lo torturaron para que pusiera a tiradores de droga y/o a ladrones de motos, pero al no recibir respuesta lo dejaron ir, con la amenaza de que si decía algo le ‘darían piso’, es decir lo matarían.

Ante esta situación, Pablo Luis López, subdirector de Seguridad Pública, refiere que corresponderá al Ministerio Público hacer las investigaciones pertinentes, y en el ayuntamiento, la Dirección de Asuntos Internos es el organismo designado para investigar el hecho.
Este martes Emanuel Pérez Cetzal estaba laborando normalmente como agente de Seguridad Pública, lo cual no hacía desde hace casi año y medio, pues ni al pase de lista acudía, no ejercía labores propias del cargo, sino que se dedicaba a hacer labor de “inteligencia” vestido de civil y a atender por las noches a su grupo de voluntarios denominado “Rescate Fénix”, pero quincenalmente cobraba su sueldo integro en el ayuntamiento.

Pablo Luis López, nerviosamente contestó que no se le ha separado del cargo “porque todavía no hay una investigación o sea no lo están señalando directamente que él fue, o sea se va llevar a cabo una investigación”, cuando en realidad la denuncia que obra en el Ministerio Público es contra “Emanuel Pérez Cetzal y/o quien resulte responsable”.

Al cuestionarle acerca de la labor que ejerce Pérez Cetzal, en “inteligencia”, se limitó a mencionar que “llevan a cabo trabajos de inteligencia, de investigar, y en este caso tratamos de ubicar a personas que pues se dedican al robo de motos y a este, pues, a, este a... delitos”. (sic)

Trascendió que este “grupo de inteligencia” conformado por dos agentes se aboca básicamente para tratar de ubicar a narcomenudistas, sólo que a la fecha no se sabe de detenciones importantes que hayan derivado de sus “investigaciones”.

Fuente: Por Esto!

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Judiciales bajo investigación

Se abrió la averiguación previa de parte del Ministerio Público del Fuero Común, en contra de los agentes Ernesto Zacapala Bernabé y Manuel Alejandro Díaz Caamal, por ser los presuntos señalados de haber extorsionado con 45 mil pesos y un vehículo al detenido confeso de robo, Armando Cruz Flores Centeno.

Estela Tun Chan, coordinadora de los Ministerios Públicos del Fuero Común, empezó diciendo que no conoce al agente que se hará cargo de la comandancia de la Policía judicial ni a los agentes que vendrán a sustituir a los cinco que se irán de la plaza de Cozumel, como lo anunció el procurador de Justicia del Estado, Gaspar Armando García Torres.

Inmediatamente después, señala; “con la pena, esto va a servir de ejemplo a los policías de la plaza, el que tenga que iniciarse averiguaciones previas o un acta circunstanciada para que en el Departamento Jurídico de Cancún ya se les dé conocimiento o en su caso en la visitaduría de Chetumal. Lo que ocurrió no puede estar pasando menos en la isla de Cozumel, tan pequeña. Ya se inició una averiguación previa para investigar a los dos servidores públicos, Ernesto Zacapala Bernabé y Manuel Alejandro Díaz Caamal, y respecto a Armando Cruz Flores Centeno, quien acusa a estos dos policías, la tarde del miércoles fue consignado al Juzgado Penal por dos averiguaciones previas que dieron origen a la causa penal 156 y 167/8-2012, por robo en agravio de dos empresas, a una le robó artículos por 48 mil pesos y a la otra 49 mil pesos, además de una averiguación previa por ultrajes a la autoridad”.

Prosiguiendo con los cambios de policías judiciales que se efectuarán en esta plaza, dijo “basta con que ellos trabajen con apego a derecho y avancen las instigaciones y que trabajen bien con el Ministerio Público al igual que con Servicios Periciales para beneficio de la ciudadanía, y que no se presten a pedir dinero a los ciudadanos para la gasolina o para la comida”.

Por otra parte, hasta el momento la Policía Judicial no ha logrado recuperar las alhajas robadas a la joyería “El Rubí” a finales de enero de este año, precisamente por Armando Cruz Flores Centeno, únicamente han recuperado unos 40 inservibles relojes que rechazó recibir el propietario de este negocio, pues él desea que le entreguen las joyas robadas.

Armando Cruz Flores Centeno, ya fue trasladado al reclusorio de Cozumel, quedando a disposición del Juzgado Penal, y este mismo viernes se empezaron a desahogar diligencias en el juzgado en dos averiguaciones previas en su contra por el delito de robo.

Fuente: Por esto!

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Destapa cloaca en PJ el “canto” de ladrón

Debido a la acusación que existe en contra de Ernesto Zacapala Bernabé, alias “Niño”, y Alejandro Manuel Díaz Caamal, agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) que presuntamente extorsionaron a Armando Cruz Flores Centeno con 45 mil pesos y una motocicleta a cambio de no detenerlo, se les inició una investigación ante el jurídico de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). De igual forma en los próximos días se realizará el cambio del comandante, Víctor Fernando Peraza Pech, y se reforzará la plaza. El procurador de Justicia del Estado, Armando García Torres, indicó que después de tener conocimiento del caso de extorsión en el que están involucrados los agentes judiciales Ernesto Zacapala Bernabé y Alejandro Manuel Díaz Caamal se inició una investigación, no solamente para proceder con una suspensión, sino también para cambiarlos de plaza, incluyendo al comandante Víctor Fernando Peraza Pech.

Esta decisión fue tomada para dar la garantía plena de un trabajo adecuado y para que en este caso se recobre la confianza de la ciudadanía, es por ello que se le giró la instrucción a la coordinadora del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC), Estela Tun Chan, para que integre un expediente, en el cual se acrediten los elementos del delito y de la responsabilidad, para poder proceder en contra de los elementos, en el caso de resultar culpables y con ello consignarlos.
El funcionario estatal recalcó que no se va a permitir este tipo de acciones, aun cuando las acusaciones vengan de una persona que está sujeta a un proceso, como es el caso de Armando Cruz Flores Centeno, quien está consignado por el delito de robo, pero no por ello se le resta algún tipo de valor a lo que pudiera resultar una acusación directa.

Comentó que Flores Centeno se ha negado a declarar, ya que teme por su integridad física y que por ello se le ha ofrecido la garantía plena de que se va a actuar y no tendrá ningún problema, ya que es fundamental el señalamiento directo y la identificación de quienes lo extorsionaron.

Debido a ello este asunto llegará hasta las consecuencias finales, para que se pueda determinar la responsabilidad de los sujetos.

García Torres dijo que después de iniciar el expediente en contra de los agentes judiciales se procederá a su suspensión, además de que se realizaran cambios dentro de la plaza.

Al ser cuestionado acerca de los resultados negativos en las investigaciones que se han tenido por parte del comandante Peraza Pech, el primer abogado del Estado mencionó que en un principio se tuvo una dinámica positiva con detenciones importantes, pero en últimas fechas es cuando se pudo empezar a tener una actitud de pasividad en la cuestión de la actuación de la policía judicial en donde se incluye al mando en la Isla, aunado a los señalamientos que se han tenido en su contra, ya que no es la primera vez que son acusados de extorsión.

Por último, dijo que los cambios se realizarán y que por ello ya se trabaja en los perfiles de quienes pudieran llegar a la plaza de Cozumel, esperando que a principios de la próxima semana se integren los nuevos elementos, quienes tendrán que pasar varias pruebas, principalmente de confiablidad y la experiencia.

Fuente: Diario de Quintana Roo

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Bajo investigación queja de extorsión

El personal del Centro de Control Animal (CCA) se encuentra bajo investigación, ante las denuncias de ciudadanos que señalan la muerte de una mascota, el mismo día en que fue capturada y casos de extorsión, informó el director de Asuntos Internos del Ayuntamiento, Manuel Conrado Martínez. “Hay una investigación que se lleva a cabo con el Centro de Control Animal. En uno dos a tres días tendremos la oportunidad de sacar conclusiones, ahora es muy apresurado. Estamos trabajando sobre esto para ver cómo se dieron los hechos”, subrayó el director de Asuntos Internos del Ayuntamiento.
El funcionario reiteró que el personal a su cargo se encuentra investigando a los integrantes del CCA que son señalados por los ciudadanos, dejando claro que hasta el momento no se han aplicado sanciones, ya que para esto se tiene que comprobar las faltas que señalan los ciudadanos.

Manuel Conrado Martínez señaló que en particular se esta investigando la muerte de un perro que sucedió el mismo día de su captura, el cual era de la raza schnauzer, cuyo caso fue denunciado ante la Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento por parte de la afectada.

El otro caso es la extorsión que sufrió la ciudadana Olga Estrella Motul, quien manifestó que un trabajador del CCA que capturó a su perra de nombre “Chiquis”, le pidió 100 pesos a cambio de que no llevar a su mascota hasta las instalaciones del Centro de Control, dejándole claro que con esto se evitaría una multa de 400 pesos.
Cabe resaltar que este tipo de casos han sido manifestados por varios ciudadanos, sin embargo, el director de Asuntos Internos sólo habló de dos, pero agregó que el personal del CCA se encuentra bajo investigación para acabar con esta situación en caso de que se esté dando al interior de dicha dependencia.

Fuente: Diario de Quintana Roo

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Exigen dinero para no hacer daño con un trabajo de brujería

La empleada de un negocio de comida solicitó auxilio a través del número de emergencias 066, por un posible hecho de extorsión por parte de dos extraños.

Marco Antonio Anzures Candauda, de 21 años de edad, originario de Veracruz, y Julieta Sánchez Alborada, de 32 años de edad, y originaria de Oaxaca, son los detenidos.

Martha Juana Reyes, quien labora en la taquería "Javi", ubicada en la 70 avenida con calle tres sur de la colonia Flores Magón, relató que la pareja de delincuentes se apersonó la mañana del lunes pidiéndole información sobre un domicilio.

En ese momento también le solicitaron la cantidad de 800 pesos como pago para que no le hicieran daño a ella o a su familia con un trabajo de brujería, ante la negativa de doña Martha, la pareja se retiró del lugar.

Más tarde los maleantes volvieron al establecimiento para exigir la cantidad señalada; sin embargo, la denunciante optó por solicitar auxilio de las autoridades.

La única información que proporcionaron estas personas en el momento de su detención son sus nombres, edad, lugar de procedencia y que tienen tres meses de estar en la isla.

Eduardo Gutiérrez Sánchez, director de Seguridad Pública Municipal, comentó que introducirán los datos de esta pareja al sistema Plataforma México para verificar si tienen antecedentes delictivos en algún otro lugar del país.

Por lo pronto serán puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común de la isla de Cozumel por el delito de extorsión y amenazas.

Fuente: Novedades de Quintana Roo

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Escándalo por recibir un regalo

Separarán del cargo a dos policías judiciales por presuntos actos de corrupción, al ser sorprendidos recibiendo, aparentemente, una dádiva (joya) por parte de un sujeto en transitada avenida. Sin embargo, recibir un regalo no es delito, a menos que en efecto se verifique que es alguna especie de pago por alguna especie de favores.

Un policía judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), adscrito a la plaza de Cozumel, fue fotografiado en la 65 avenida con José María Morelos de la colonia Adolfo López Mateos, recibiendo de manos de un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta, lo que aparenta ser una joya, que por las características físicas visibles en fotografías se presume que pudiera tratarse de una soguilla de plata u oro, o algún otro material.

El material gráfico fue publicado este viernes en un rotativo de circulación local, donde se aprecia al policía judicial Vladimir o Bladimir Piedra Elizalde, recibiendo de manos del individuo hasta ahora desconocido, dicho artículo. Luego se lo prueba en el cuello, y después de una plática con el motociclista, el agente se retiró al otro lado de la calle, donde estaba siendo esperado por el también policía judicial que al parecer responde al nombre de Gabriel Arcángel Gómez Maldonado, con quien se marchó dialogando aparentemente de la joya que minutos antes le había sido entregada.

Lo anterior detonó para que “se abriera una investigación al respecto, y ahorita vamos a traer a la persona que aparece en la fotografía para que nos explique qué es lo que sucedió con relación a eso. Vamos a proceder, ya le di conocimiento a los mandos para que se inicie una investigación en la ciudad de Cancún, para que venga gente de Asuntos Jurídicos a que tome cartas en el asunto; esa es la instrucción que tengo del procurador (Gaspar Armando García Torres), y vamos a proceder en contra de estas personas que están manchando la imagen de la procuraduría y se va a solicitar el cambio de los agentes para que sean investigados”, dijo Víctor Peraza Pech, comandante de la Policía Judicial, quien se negó a proporcionar los nombres de los agentes.

Sin embargo, éstos eran conocidos. Por qué tomar esas medidas y por qué “mancha la imagen”, recibir un regalo, sin conocerse el contexto o razón, no está aclarado.

No se pudo contactar a Estela Tun Chan, coordinadora de los Ministerios Públicos, porque en la PGJE dieron versiones contradictorias sobre esta funcionaria. Primero, su secretaria particular mencionó que “no se encuentra, ella está en el juzgado penal”; cinco minutos después, Armando Valdivieso Gordón, agente del Ministerio Público, señaló que “la licenciada Estela Tun, por cuestiones familiares, se ausentó unos días”.

El trabajo de la Policía Judicial, al mando de Víctor Fernando Peraza Pech, ha sido cuestionado en Cozumel, en virtud de que se han suscitado sonados robos a comercios y a la fecha no hay ningún detenido. En relación a los robos de motocicletas no se había dado detenciones importantes, hasta que el domingo y martes pasados, un mismo agente de la Dirección de Seguridad Pública logró la detención de tres ladrones de motocicletas, y el cuarto fue arrestado porque le avisaron a la Policía Judicial dónde se encontraba trabajando. Esta misma semana, un pescador denunció públicamente que policías judiciales estaban extorsionando a pescadores, pidiéndoles, según el quejoso, “hasta 15 mil pesos para no llevarnos con la PGR, de lo contrario nos ‘sembrarían’ caracol o alguna otra cosa”.

Fuente: Por Esto!

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Policías golpean, exigen dinero y quitan el producto a pescadores

Uno de cuatro pescadores que fueron extorsionados por elementos de la Policía Judicial del Estado (PJE) en Cozumel, denunció que son amenazados y hasta golpeados para que entreguen hasta 15 mil pesos por "presuntos delitos ambientales".

Así lo denunció ayer martes uno de los cuatro marineros que recurrieron a los representantes de la prensa, por la desconfianza en la Procuraduría General de Justicia.

Los pescadores son cazados en el camino a la Isla de la Pasión, al norte de la ínsula, y son despojados del producto que, aseguran, después es vendido por los agentes judiciales en bares y pescaderías de la ciudad.

El denunciante, quien pidió no revelar su nombre por obvias razones, también afirmó que los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) llevan a cabo las mismas prácticas con ellos.

Estela Tun Chan, coordinadora del Ministerio Público del Fuero Común, no fue localizada para proporcionar información sobre las acusaciones y no contestó las llamadas a su teléfono celular. Los policías judiciales, tres, se trasportan en una camioneta marca Chevrolet de color azul, sin placas.

El área costera de la Isla de la Pasión es utilizada por los pescadores para zarpar y atracar con sus embarcaciones diariamente y posteriormente retornar a la zona urbana con las especies marinas capturadas.

Los trabajadores del mar son interceptados y revisados por los policías judiciales en diversos puntos del trayecto del único camino de acceso al atracadero.

"Nos detienen y nos piden que saquemos el caracol que llevamos, para que no nos entreguen a los marinos", reveló el informante, quien puso en claro que les roban la pesca del día y les solicitan cantidades que van de los 10 a los 15 mil pesos para evitar ser remitidos a la Procuraduría General de la República por transportar productos prohibidos.

Relató que hasta el momento cuatro personas fueron extorsionadas, entre las que se encuentran trabajadores de la embarcación "La Perlita" y un pescador de apodo "Juan Tanques", esta última persona fue agredida físicamente por los agentes.

"No dejan trabajar a los compañeros, no es justo, nosotros nos estamos ganando la vida, las autoridades deben de hacer algo para evitarlo... ellos nos están quitando el producto que sacamos" (sic).

Los judiciales les exigen un número telefónico para citarlos en algún punto de la ciudad y entreguen el dinero.

Por temor a represalias, los pescadores no han presentado denuncias por extorsión ante el Ministerio Público del Fuero Común.

Ante la rotación constante de personal, los policías judiciales que actualmente laboran en Cozumel tienen menos de cuatro meses en la plaza.

Tun Chan no pudo ser localizada en su oficina y no contestó su teléfono celular para hablara sobre las denuncias en contra de los policías.

Las dependencias autorizadas para realizar revisiones a los pescadores son: Secretaría de Marina y personal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Fuente: Novedades de Quintana Roo

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Policías investigados por extorsión

Afirma el director de Seguridad Pública, Eduardo Isidro Gutiérrez Sánchez, “no solapar actos delictivos que manchen la imagen de la corporación policíaca”, esto luego de que trascendió en la Dirección sobre la baja a tres de sus elementos, los cuales presuntamente realizaban extorsiones a los ciudadanos, situación que derivó en su despido. Hay más policías que están siendo investigados

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública en la isla, aseguraron estar asombrados sobre la baja de tres de sus compañeros, toda vez que de acuerdo a una investigación realizada por Asuntos Internos, así como por Contraloría municipal, todo apuntó a que fueron partícipes de actos de extorsión portando el uniforme, lo que derivó en su investigación.

Fue el pasado mes de octubre cuando se presentó la queja ante la Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Pública, representada por Daniel Álvarez Villanueva, quien inició una investigación a tres uniformados por el delito de extorsión en contra de un ciudadano del que se reservó el nombre hasta el momento.

El expediente fue consignado ante el contralor municipal, Gamaliel Arana Chan, quien determinó este lunes el cese de los elementos señalados en meses pasados.

Julián Alberto del Valle Olán, con tres años en la corporación policíaca, Ricardo Canché Collí, con cuatro años de antigüedad, así como Ángel Florencio Cárdenas Suarez, con nueve años de haber ingresado como elementos de Seguridad Pública, son los nombres de los tres policías que se desempeñaban en el departamento de Tránsito, lo que según la investigación, aprovechaban para realizar diversas extorsiones a los ciudadanos.
Dicha información fue corroborada por parte del titular de Seguridad Pública, Eduardo Isidro Gutiérrez Sánchez, quien tajantemente dijo que “no permitiremos, ni solaparemos que se manche la imagen de la corporación, ni del gobierno municipal, nosotros estamos para brindar seguridad, no para afectar a la comunidad”.

De igual manera lamentó que los tres elementos no hayan considerado o valorado la oportunidad que se les brindó dentro de la corporación, toda vez que se busca constantemente cursos de actualización en las diversas áreas, además de que aseguró, con ese tipo de actos en contra de la comunidad, no puede considerarse su reacomodo, ya que indicó “afuera hay gente que quiere trabajar, gente honesta que está dispuesta a integrarse (a la policía) para garantizar la seguridad de los cozumeleños, no para afectarlos”.

Por ello refirió que este tipo de determinaciones emitidas por Contraloría municipal, pudieran repetirse en el caso de otros elementos, los cuales están siendo investigados por señalamientos y quejas ante Asuntos Internos de la corporación, situación que se definirá y que irá arrojando el nombre de uniformados que pudieran estar cometiendo actos delictivos mientras portan el uniforme de la corporación, situación que “no se permitirá”, concluyó.

Fuente: Por Esto!

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