Denunció la síndico municipal Adriana Teissier Zavala ante el ministerio público por robo y fraude a José Enrique Gutiérrez Ceballos, quien por vez primera es mencionado en el caso de la pipa chatarra. Para fuentes extraoficiales lo anterior significa una estrategia para que este caso incómodo para contraloría pase al ministerio público y se pierda en el rezago como varios otros casos que esta instancia tiene archivados, para dejar sin sanción a los funcionarios municipales involucrados en la compra y desmantelamiento de la unidad.
El caso de la pipa que costó 580 mil pesos al erario municipal tuvo otro giro, al ser denunciado el pasado 7 de octubre de este año ante el ministerio público por robo y fraude a José Enrique Gutiérrez Ceballos, y/o contra quien resulte responsable, abriéndose la averiguación previa 1610/2011, un dato llamativo aparte de la denuncia es que el nombre de esta persona surge por primera vez en este caso, pues hasta ahora nadie del municipio lo había nombrado en entrevistas pasadas.
De acuerdo a fuentes extraoficiales, la denuncia parece ser una estrategia de las autoridades municipales para incrustar el caso dentro del lento aparato jurídico del ministerio público, apostándole al rezago que tiene esta instancia como mejor instrumento para que se olvide y archive el caso que para la contraloría a cargo de Gamaliel Arana Chan ha sido una carga sin resolver, con lo cual dará pie a que este funcionario declare de ahora en adelante que el caso se turnó al ministerio públicos a quien corresponderá dictar un resolutivo que podría demorar meses e incluso años, para que los funcionarios involucrados en el tema concluyan su gestión sin problema alguno.
Hace varias semanas trascendió que el departamento jurídico municipal a cargo de Margarita Vázquez Barrios había intentado levantar la denuncia por robo de la unidad, sólo que les frenaron la intención porque la pipa nunca fue robada, sino que servidores públicos la llevaron a un taller a reparación y la abandonaron en un taller también abandonado dejando en su interior a la unidad desmantelada.
El expediente de la pipa refiere que fue comprada el 21 de agosto del 2009 a un precio de 580 mil pesos a una empresa radicada comercialmente en el estado de México, aunque trascendió de manera extraoficial que por la unidad modelo 2008 usada se pagaron 120 mil pesos, y desde el taller mecánico le diagnosticaron el 4 de septiembre del 2009 que tenía diversas anomalías no propias de un vehículo nuevo y aún así Luis Fernando Marrufo Canto, director de Patrimonio en la pasada administración municipal, siguió en el cargo actualmente, dio de alta el vehículo como bien de la comuna el mismo 4 de septiembre de 2009, sin tomar en cuenta las precisiones emitidas desde el taller mecánico.
La unidad fue comprada con dinero proveniente de la Dirección de Zofemat, a cargo en ese entonces de Ricardo Lizama Escalante, ahora director de Transporte municipal, y Carlos Isabel Mendoza Quijano, ex contralor y actual subcontralor aceptó saber del caso cuando fue contralor y que la unidad la desmantelaron, pero no aplicó ningún correctivo en su momento y no exigió a José Rafael Quiñones, ex director de Servicios Públicos, quien tenía a resguardo la unidad, su reparación pues en teoría se le entregaron “nueva”.
Sólo José Rafael Quiñones no trabaja en la administración municipal, los demás continúan en puestos claves, sin que a casi tres meses de que se dio a conocer este caso se les haya fincado alguna responsabilidad, y se les sigue manteniendo en la nómina municipal.
Este miércoles le tocó el turno de declarar en el ministerio público en torno al caso, al ex contralor y actual contralor Carlos Isabel Mendoza Quijano.
Fuente: Por Esto!
El caso de la pipa que costó 580 mil pesos al erario municipal tuvo otro giro, al ser denunciado el pasado 7 de octubre de este año ante el ministerio público por robo y fraude a José Enrique Gutiérrez Ceballos, y/o contra quien resulte responsable, abriéndose la averiguación previa 1610/2011, un dato llamativo aparte de la denuncia es que el nombre de esta persona surge por primera vez en este caso, pues hasta ahora nadie del municipio lo había nombrado en entrevistas pasadas.
De acuerdo a fuentes extraoficiales, la denuncia parece ser una estrategia de las autoridades municipales para incrustar el caso dentro del lento aparato jurídico del ministerio público, apostándole al rezago que tiene esta instancia como mejor instrumento para que se olvide y archive el caso que para la contraloría a cargo de Gamaliel Arana Chan ha sido una carga sin resolver, con lo cual dará pie a que este funcionario declare de ahora en adelante que el caso se turnó al ministerio públicos a quien corresponderá dictar un resolutivo que podría demorar meses e incluso años, para que los funcionarios involucrados en el tema concluyan su gestión sin problema alguno.
Hace varias semanas trascendió que el departamento jurídico municipal a cargo de Margarita Vázquez Barrios había intentado levantar la denuncia por robo de la unidad, sólo que les frenaron la intención porque la pipa nunca fue robada, sino que servidores públicos la llevaron a un taller a reparación y la abandonaron en un taller también abandonado dejando en su interior a la unidad desmantelada.
El expediente de la pipa refiere que fue comprada el 21 de agosto del 2009 a un precio de 580 mil pesos a una empresa radicada comercialmente en el estado de México, aunque trascendió de manera extraoficial que por la unidad modelo 2008 usada se pagaron 120 mil pesos, y desde el taller mecánico le diagnosticaron el 4 de septiembre del 2009 que tenía diversas anomalías no propias de un vehículo nuevo y aún así Luis Fernando Marrufo Canto, director de Patrimonio en la pasada administración municipal, siguió en el cargo actualmente, dio de alta el vehículo como bien de la comuna el mismo 4 de septiembre de 2009, sin tomar en cuenta las precisiones emitidas desde el taller mecánico.
La unidad fue comprada con dinero proveniente de la Dirección de Zofemat, a cargo en ese entonces de Ricardo Lizama Escalante, ahora director de Transporte municipal, y Carlos Isabel Mendoza Quijano, ex contralor y actual subcontralor aceptó saber del caso cuando fue contralor y que la unidad la desmantelaron, pero no aplicó ningún correctivo en su momento y no exigió a José Rafael Quiñones, ex director de Servicios Públicos, quien tenía a resguardo la unidad, su reparación pues en teoría se le entregaron “nueva”.
Sólo José Rafael Quiñones no trabaja en la administración municipal, los demás continúan en puestos claves, sin que a casi tres meses de que se dio a conocer este caso se les haya fincado alguna responsabilidad, y se les sigue manteniendo en la nómina municipal.
Este miércoles le tocó el turno de declarar en el ministerio público en torno al caso, al ex contralor y actual contralor Carlos Isabel Mendoza Quijano.
Fuente: Por Esto!
