PROFEPA verifica “sascaberas”

Verificaron inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el terreno del rancho “Buenavista” donde se habilitó un nuevo banco de material en zona prohibida. También visitaron una “sascabera” que no es el campo de tiro, donde también se está sacando material pétreo, en tanto que en el mencionado campo de tiro, aparentemente, no arribaron y es donde se observa la incesante actividad de maquinaria pesada extrayendo el material y de volquetes entrando vacíos y saliendo cargados a tope del lugar.

Este miércoles, alrededor de las diez de la mañana, personal de la Profepa estuvo inspeccionando el polígono devastado en el rancho “Buenavista” donde se habilitó un banco de material para extraer sascab a fin de que la empresa constructora “Jovial S. A. de C. V.” la pudiera tener a la mano para construir la carretera perimetral de 14 kilómetros.

Al filo de las 10:40 de la mañana, los inspectores de Profepa salieron del rancho “Buenavista” y se dirigieron guiados por ingenieros de la empresa “Jovial S. A. de C. V.” hacia una “sascabera” propiedad de la constructora “Ferinco”, nombre que dio a conocer un grupo de trabajadores y que se ubica cerca de la entrada del parque ecológico Punta Sur en dirección de Poniente a Oriente.
De esta forma los de la Profepa no entraron al campo de tiro de donde se estaba surtiendo a los volquetes con sascab que hasta hacían fila en el interior de este predio en donde se halla maquinaria pesada extrayendo material, otras abasteciendo a los camiones de volteo, e incluso otra que trituraba piedras, y la actividad no se vio interrumpida con la visita de los federales.

A la entrada del campo de tiro se lee en un letrero del IPAE que advierte textualmente “a toda persona que se le sorprenda en el interior de este predio, será consignada a las autoridades competentes, en los términos de las leyes del Estado”.
Hasta ahora ni la constructora “Jovial S. A. de C. V.”, ni los propietarios de los terrenos han demostrado fehacientemente los permisos federales expedidos por la Semarnat para la tala y remoción de vegetación, y para la extracción de material pétreo, que el Plan de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), prohíbe en las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) C-5, C-6, y C-7, es decir este plan local no fue respetado y desde hace poco más de seis meses que se está extrayendo material y que por lo que se ve seguirá haciéndose hasta terminar la carretera.

Fuente: Por Esto!

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“Crimen contra el medio ambiente”

En el año 2006 no existía la “sascabera” a un costado del rancho “Buenavista” de acuerdo a fotos satelitales impresas de ese tiempo y en el banco de material donde se ubicaba el campo de tiro, la vegetación había crecido abarcando poco más del 40 por ciento de la superficie que ahora, luce sin flora y fauna y duplicada en su zona dragada, lo que fue calificado por la ambientalista Guadalupe Álvarez Chulim, como un crimen contra el medio ambiente e interpondrá la demanda correspondiente ante las autoridades federales.

La cartografía selvática de las dos zonas donde se habilitaron el par de bancos de material en la zona Oriente de la isla, sufrió una notable modificación comparativa con la que existía en el año 2006, en ese tiempo fotos satelitales impresas desde el 18 de mayo de ese año demuestran que en la parte sur del rancho “Buenavista”, no había ninguna huella de talado de vegetación, mucho menos la existencia de una enorme “sascabera” como la que hoy día sobresale en su superficie.

Esta “sascabera” es el resultado de la urgencia de la constructora por contar con un sitio a la mano de donde obtener material para relleno de las zonas bajas en la edificación de los kilómetros restantes de los catorce en total que componen la segunda fase de esta vía, misma que tiene que estar lista antes de la última semana del mes de noviembre de este año, según los acuerdos entre las autoridades estatales y municipales, con la empresa “Jovial S. A. de C. V.”.

El otro punto geográfico se ubica a menos de tres kilómetros de distancia en donde en tiempos remotos operó un banco de material, luego un campo de tiro, y ahora opera nuevamente como “sascabera” en terrenos del IPAE. En este sitio la gráfica satelital denota que la superficie rectangular no era tan vasta como hoy día luce y en apariencia se duplicó el terreno de dragado que por tanto tiempo estuvo sin funcionar, lo que durante ese lapso ocasionó que la vegetación característica de la zona creciera en el sitio abarcando casi el 40 por ciento.

La autoridad, sin embargo, no ha podido hacer valer lo estipulado en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y ante eso se creó este banco que según los lineamientos de este programa “quedan prohibidas las actividades relacionadas con la extracción de material pétreo”, y paralelamente prohíbe la remoción, el talado, y quema de vegetación, en las zonas definidas como Unidades de Gestión Ambiental (UGA), C-5, C-6, y C-7.

Denunciará Citymar

Para Guadalupe Álvarez Chulim, presidenta de este grupo ambientalista, “es crimen ecológico lo que se llevó a cabo, porque no hay ninguna autorización para explotar estas sascaberas. Para realizarlas se necesita un estudio de impacto ambiental con evidencia científica, uno por cada polígono”.

Considera que “es una impunidad en la que están metidos los tres niveles de gobierno, federal, estatal, y municipal, porque la instancia federal que debió haber vigilado que no se diera una situación de este tipo es Ricardo Gómez Lozano, director del Parque Marino Nacional, Arrecifes de Cozumel, como aceptó junto con el señor Orta del grupo civil Plan Estratégico Cozumel, y el profesor Jesús Benavides de la Fundación de Parques y Museos, que levantaron el dedo para verificar que la construcción de la carretera cumpla con los lineamientos establecidos en el POEL, pero no lo hicieron”.

Reitera que estas son áreas destinadas a la conservación y queda prohibida cualquier actividad que tenga que ver con la devastación de flora, fauna.

“En el cuerpo terrestre, se destruyó flora englobada en la Norma Oficial Mexicana 059, con la categoría A de amenazada como el mangle botoncillo, mangle blanco, mangle negro, palma de guano, palma de chit, entre otras especies, lo que sucedió con la alcahuetería de las autoridades y si la obra se detiene no es culpa de los ambientalistas sino de los mismos empresarios que están haciendo las cosas a escondidas y fuera de la ley, de lo cual tiene conocimiento el ayuntamiento y el Estado al estar uno de los bancos en terrenos del IPAE y están obligados a cumplir con los lineamientos ambientales”.

Fuente: Por Esto!

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