Noticias de Cozumel

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21 de agosto de 2012

Desvalijan vehículos recuperados por la PJE

Siguen surgiendo anomalías en la Policía Judicial, ahora se señala que algunos vehículos asegurados y que están a disposición de esta autoridad, son desvalijados parcialmente para vender sus partes, como ha sucedido con la motocicleta del último ejecutado a finales del año pasado, ya que a este vehículo le han quitado varias refacciones.

Fuentes que tienen acceso diario al edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dieron a conocer que la Policía Judicial actúa de manera ilícita, debido a que algunas personas cuando van a recuperar alguna motocicleta asegurada por esta corporación con reporte de robo, se topan que su vehículo carece de algunas piezas que no precisamente le fueron retiradas por la gente que les hurtó el vehículo, sino que la misma Policía Judicial con la ayuda de un mecánico es que les retiran las piezas, lo cual dicen que ocurrió con mayor frecuencia cuando estaba el comandante Víctor Peraza Pech, hoy comandante de la Policía Judicial en la ciudad de Tulum.

Explicaron que una muestra de lo anterior es la motocicleta marca Yamaha tipo BWIS de color amarillo, asegurada por el Ministerio Público en el lugar del asesinato de Jorge Santiago Soberanis Mex, alias “El Peque” y/o “El Peje”, ejecutado el 9 de diciembre del 2011 en un camino de terracería del lado opuesto a la 130 avenida con carretera transversal.

Esta motocicleta luce actualmente sin los dos espejos que al momento de la ejecución los tenía colocados, también carece de una de las tapas traseras del vehículo, del interruptor de encendido de luces, y de la placa de circulación (B41PR/Q.Roo), y actualmente se aprecia en la moto la huella de que tenía placa sólo que por alguna razón ya no cuenta con esta.

El vehículo en cuestión se encuentra en el edificio de la PGJE expuesto a la intemperie, lo cual no parece ser la razón por la que haya perdido estas refacciones, que de acuerdo a los informantes, se debe a un tráfico hormiga de piezas que se daría en la propia Policía Judicial.

Fuente: Por Esto!

26 de junio de 2012

Espera capacitación el personal que atenderá narcomenudeo

A partir del 12 de agosto el narcomenudeo pasará de ser un delito federal a uno del fuero común. Pero hasta el momento personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Quintana Roo en Cozumel, no ha recibido capacitación en la materia.

Lo que se sabe y por declaraciones de Armando García Torres, procurador en la entidad, es que en julio los funcionarios de la PGJE recibirán adiestramiento. Sin embargo, no dio fechas.

En Quintana Roo se abrirán dos agencias especializadas en el delito de narcomenudeo, una en Chetumal y otra más en Playa del Carmen.

Cozumel no está contemplado pese a que hay importante actividad derivada de este delito. La lucha por el control de la plaza entre las agrupaciones de vendedores de droga ha dejado desde el 2009 un total de 11 asesinatos, todos sin resolver.

En octubre del 2008, la Cámara de Diputados aprobó la reforma del artículo 479 de la Ley General de Salud (LGS) con la finalidad de eficientar la labor del estado en materia de combate al narcomenudeo.

La reforma otorga competencia a los jueces del fuero común para resolver sobre dichos delitos.

Será competencia de los juzgados federales el destino y la destrucción de los enervantes.

La PGJE atenderá decomisos y detenciones de personas con droga, por ejemplo, con un peso no mayor a 4.9 kilogramos de marihuana y hasta 499 gramos de cocaína. Cuando se exceda de estas cantidades serán puestas a disposición del Ministerio Público Federal.

Un sondeo entre agentes del Ministerio Público del Fuero Común, Policía Judicial del Estado y peritos en criminalística de la PGJE, adscritos a Cozumel, reveló que no han sido capacitados, esto a sólo cinco semanas de que se cumpla el plazo.

Bajo la condición de no ser citados, hablaron de que es necesario recibir la capacitación sobre la atención del narcomenudeo, y esto de forma anticipada para estar preparados, pues son ellos los primeros que conocerán de los casos.

Más tarde, vía telefónica Gaspar Armando García Torres reconoció que aún se planea la mecánica para atender el narcomenudeo en los 10 municipios del estado, con las dos agencias que proyectan poner en operación.

Según sus declaraciones ya se contrataron 20 personas que recibirán capacitación el próximo mes. Para Cozumel no hay planes de abrir una agencia y los casos serán atendidos por el personal en Playa del Carmen. Para hacerlo deberán desplazarse hasta la ínsula.

En contraste, el personal del Juzgado Penal de Cozumel ha recibido en el último año tres cursos de capacitación en la materia.

Fuente: Novedades de Quintana Roo

7 de junio de 2012

Presunto policía judicial estafa $15 mil y una moto a dos mujeres

Haciéndose pasar por un funcionario en activo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y bajo promesas de ayudarlas a resolver un problema de tipo legal y evitar una demanda en su contra, un individuo logró estafarles 15 mil pesos en efectivo y una moto con valor de siete mil pesos a dos mujeres.

Aurora Caamal Mezo y Cristina Canul Quian confesaron tener una deuda con un prestamista, quien las demandó.

La situación fue aprovechada por Luis Efrén Gómez Tuc para pedirles dinero a cambio de "ayudarlas" en su caso.

Para ello se apoyó en Julia Neri Caamal, quien dijo que trabaja en el Juzgado Penal. Sin embargo, el nombre de esta mujer no figura entre los empleados del Poder Judicial en el municipio; mientras en la PGJ se supo que no existe un agente de la Policía Judicial (PJE) con el nombre de Luis Efrén Gómez.

"Me aseguró que me ayudaría si yo le daba 10 mil pesos, porque según él trabajaba en el Gobierno del Estado como judicial y su esposa de nombre Julia Neri Caamal trabaja en el Juzgado Penal", fueron las palabras de Aurora Caamal, una de las mujeres que se presentó ayer miércoles a denunciar el hecho.

Narró que en noviembre del 2011 recibió una notificación de parte de la PGJ, donde le informaban que tenía que presentarse para aclarar una supuesta deuda con una persona, cuyo nombre no proporcionó. Tampoco habló del monto de la deuda.

Después de conocer la situación, optó por comentarles el problema a Gómez Tuc y a la esposa de este, quienes se ofrecieron a ayudarla legalmente, ya que según ellos "tenían amigos abogados en el Juzgado Penal".

"Los 10 mil pesos se los di en el mes de noviembre y poco tiempo después me pidió otros cinco mil pesos para librarme de una supuesta demanda que me aseguró existía en mi contra aquí en la Procuraduría de Justicia", reveló la denunciante.

Por su parte, Cristina Canul Quian mencionó que a ella el presunto agente judicial le pidió seis mil pesos a cambio de conseguir un empleo para su hija en la Capitanía de Puerto, dinero que supuestamente entregaría a un funcionario de esa dependencia para apoyarla a obtener el puesto de trabajo.

Como no tenía dinero en ese momento, le entregó a Luis Efrén Gómez una motocicleta, la cual, este sujeto, vendió en siete mil pesos.

El tiempo pasó y el presunto estafador continuaba pidiéndoles dinero, por lo que decidieron investigar en la PGJ sobre la denuncia en su contra, expediente que nunca existió, por lo que decidieron interponer una denuncia como consta en las averiguaciones previas 62-2012 y 63-2012, por el delito de fraude. Los elementos de la PJE ya investigan el caso.

Fuente: Novedades de Quintana Roo

30 de mayo de 2012

Desconocen cuántas mujeres practican la prostitución en Cozumel

Las representaciones de la Comisión Federal para el Riesgo Sanitario (Cofepris) en Cozumel y de la Secretaría de Salud (Sesa) de Quintana Roo mantienen bajo absoluto secreto la cantidad de sexoservidoras que trabajan en Cozumel.

Aunado a esto existen denuncias públicas en algunos medios de comunicación, en las que se señala que hay mujeres que son portadoras de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) como el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) causante del Sida.

Josué Paredes Irizzon, responsable de la Cofepris en el municipio, aceptó que no cuentan con un padrón y ubicación de mujeres que practiquen la prostitución.

En descargo dijo que en los centros nocturnos en los que trabajan bailarinas no existen indicios de instalaciones en las que se pueda presumir que exista actividad sexual.

Rosy Sáez López, coordinadora de Salud del Cuerpo de Regidores de Cozumel, recriminó la incapacidad del personal de la Cofepris, y dijo que "no es posible que no tengan registro o puedan detectar cuántos negocios de giros negros practican la activad de la prostitución, la cual es ilegal y de riegos para la salud".

En la ciudad existen varios establecimientos conocidos como giros negros, en los que hay mujeres que además de fichar, se prostituyen. Uno de ellos es el conocido con el nombre de "Salsa", que en operativos implementados en la administración pasada se encontraron pequeñas habitaciones y por lo menos una docena de mujeres.

Josué Paredes mostró un escrito recibido el 24 de mayo, en el que se denuncia que una mujer infectada con VIH trabaja sin control en una casa de mala nota en la colonia Cuzamil. La ubicación exacta se la reservó.

Una segunda denuncia fue verbal y presentada el 25 de mayo ante Nabor García León, titular del departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial del Ayuntamiento de Cozumel; se hablaba de dos féminas "enganchando" a tripulantes de cruceros en la avenida Claudio Canto y ofreciendo sexo a cambio de dinero.

Esta fue confirmada por García León, quien dijo se constató la presencia de las dos mujeres a bordo de un automóvil, cuyas características mantuvo a resguardo, pero que no se les sorprendió.

Los verificadores vigilaron por un rato a las mujeres, pero dejó claro que este no es su trabajo y que su labor es vigilar la venta de bebidas alcohólicas y el ordenamiento comercial. "No podemos hacer nada en caso de descubrir cierta negociación sexual" (Sic).

Los Jueces Cívicos adscritos a la dirección de Seguridad Pública coincidieron en que la práctica de la prostitución es ilegal.

El Bando de Policía y Buen Gobierno sanciona en su artículo 170, párrafo tercero, esta actividad y dice que "son infracciones a las buenas costumbres y a la moral, ejercer y permitir, que se ejerza la prostitución en cualquiera de sus formas".

Sin embargo, es sólo considerado como una falta administrativa, la cual se prescinde con el pago de una multa de máximo mil 500 pesos. Esto deja muy claro que hace falta una actualización de la ley en la materia.

Respecto a este tema, la regidora Rosa Sáez se dijo extrañada y agregó que desde que forma parte del Cabildo no he visto que resuelvan alguna queja. "No nada más de prostitución clandestina, también de salud, comercio, iglesias, y más" (sic).

"La responsabilidad de verificar a negocios que expenden productos que atañen a la salud de la población es de la Cofepris, de igual manera sería su responsabilidad verificar a los posibles centros de prostitución en Cozumel", afirmó.

Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado refirió que el Código Penal del estado de Quintana Roo no contempla la prostitución como un delito.

La única manera que se puede ejercer acción penal es cuando una persona se beneficia económicamente del trabajo sexual de otra persona y se le conoce como lenocinio.

Eduardo Isidro Gutiérrez Sánchez, comisario de la Policía Municipal de Cozumel, negó haber recibido quejas indicando una posible actividad de prostitución en la isla y agregó: "no nos corresponde investigar. Sólo apoyamos cuando requieren respaldo policíaco. Desconozco si hay casas de prostitución", puntualizó.

Fuente: Novedades de Quintana Roo

24 de mayo de 2012

“El Volantes” tiene larga cola que le pisen

Manuel Jesús Aguirre Euán, alias “El Volantes”, arraigado en Izamal, Yucatán, presuntamente por haber participado en la violación y asesinato de una niña, tiene cuentas pendientes en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Cozumel por robos a casa habitación, por lo cual la Policía Judicial ha solicitado información oficial al Estado de Yucatán para analizar los pasos legales a seguir en su contra, dio a conocer Víctor Fernando Peraza Pech, comandante de la Policía Judicial.

En base a información emitida de fuentes al interior de la PGJE en Cozumel, el pasado 13 de mayo, una familia de la ciudad de Izamal, Yucatán, vivió una tragedia al despertar y ver que su niña de cinco años no se encontraba en la hamaca durmiendo, sino que yacía al fondo del terreno muerta con signos de violencia sexual, a quien aparentemente le dejaron caer una piedra en la cabeza para matarla, lo que conllevó a las autoridades judiciales del Estado de Yucatán a arraigar a tres personas para investigar su probable participación, una de ellas es Manuel Jesús Aguirre Euán, alias “El Volantes”, conocido delincuente cozumeleño que radicaba en esa ciudad donde se refugió evadiendo a la justicia en Cozumel donde tiene cuentas pendientes. Los otros dos detenidos son Alfredo Vela Muñoz, tío de la menor, y un estudiante de preparatoria de nombre Eduardo Daniel Dzib May.

Al respecto, Víctor Fernando Peraza Pech dio a conocer que “El Volantes” estaba siendo investigado por robos a casa habitación que cometió acá en la isla antes de escapar a la ciudad de Izamal, y una vez que nos enteramos que fue detenido, le pedimos información de manera oficial y por escrito a la Procuraduría de Justicia de Mérida, Yucatán, para buscar que se proceda a enviar los mandatos judiciales en su contra”.

Aunque dijo ser consciente de que “El Volantes” enfrenta un proceso por “dos delitos graves, pero de todas formas nosotros le notificamos al juez porque en caso de que vuelva a salir se le pueda traer para seguir con los procesos en su contra”.

Fuente: Por Esto!

3 de mayo de 2012

Fiscalía apela libertad de Nelson, primer presunto culpable de Cozumel

La Fiscalía de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presentó el recurso de apelación por la sentencia absolutoria a favor de Nelson Pérez Torres, quien fue acusado del asesinato de una turista polaca. La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal de Primera Instancia en Cozumel.

El director de Control de Procesos de la PGJE, Ludwig Alejandro Vivas Arjona, declaró que la apelación es con base en los elementos tomados en cuenta para dictar el auto de formal prisión a Nelson Pérez.

Sin embargo, durante el proceso que duró un año y dos meses, tiempo en el que el presunto permaneció detenido; no se pudo comprobar la culpabilidad del acusado y mucho menos ubicarlo en tiempo y espacio con la víctima.

Rehusó opinar en torno a los señalamientos de los testimonios forzados e irregularidades en la integración del expediente por la PGJE.

El pasado 24 de abril, la juez penal Lorena Ayuso Magaña dictó la sentencia absolutoria a favor de Nelson Pérez Torres, a quien se le procesaba por el homicidio de Monika Warsow Markiewicz.

El cuerpo sin vida de la turista polaca fue descubierto la mañana del 5 de febrero de 2011 en una playa de la zona sur de la isla.

El joven fue consignado ante el Juzgado Penal, ya que presuntamente declaró haber cometido homicidio. Un testigo a modo de la PGJE, a quien se le extrajo una declaración bajo tortura, dijo que Nelson Pérez le había contado como cometió el asesinato. Semanas después negó haber hecho la declaración.

A pesar de estas situaciones, el director del Control de Procesos de la PGJE, informó que se instruyó a la Fiscalía a apelar la sentencia ante el Tribunal de Alzada, término legal con el que se identifica a la instancia en la que interponen su inconformidad.

El funcionario no pudo precisar la fecha para presentar el recurso de revisión. Sin embargo, personal del Juzgado Penal dijo que el 30 de abril se presentó la apelación en el Tribunal Superior de Justicia.

Se cuenta con 10 días para que ambas partes presenten sus pruebas y el juicio de apelación puede durar hasta tres meses.

Ludwig Alejandro Vivas dijo que respetaba la decisión de la juzgadora del caso y que la Fiscalía utilizará como prueba las declaraciones del inculpado y testigo que fueron considerados para consignar el caso.

"La función de la Procuraduría es presentar el recurso para que sea el Tribunal de Alzada que conozca y resuelva la procedencia de la sentencia dictada por la juez" (sic).

Fuente: Novedades de Quintana Roo

28 de abril de 2012

Siguen en cero sobre osamenta

Continúan las investigaciones relacionadas al hallazgo de una osamenta humana, encontrada en un terreno baldío de la colonia Emiliano Zapata, para saber la identidad de esta persona, según los datos otorgados por la Policía Judicial del Estado (PJE). Esta osamenta fue reportada el 23 de abril, por un ciudadano que se encontraba trabajando por la carretera transversal, a la altura del kilómetro 3, quien solicitó la presencia de las autoridades policiacas ante el hallazgo.

El comisario de Seguridad Publica, Eduardo Isidro Gutiérrez Sánchez informó que se recibió el reporte de uno de los habitantes de la colonia ampliación Emiliano Zapata, quien se encontraba cortando madera dentro del monte.

Un tremendo susto se llevó la persona que halló esta osamenta humana, de quien en vida aparentaba ser una persona indigente de aproximadamente 50 años de edad, quien vestía de pantalón color azul y en la misma área pudieron ser encontradas un par de chanclas azules y una gorra color roja.

Desde ese entonces, ninguna persona se ha acercado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para manifestar alguna inquietud relacionada con el hallazgo, por lo que hasta el momento se desconoce si el occiso tiene familiares en este municipio.

Sin embargo, los elementos adscritos a la PGJE, se encuentran verificado su base de datos, a fin de confirmar si existe la denuncia sobre la desaparición de una persona que coincida con las características del hallazgo.

Fuente: Diario de Quintana Roo

20 de abril de 2012

Nuevo peritaje: taxista, culpable del accidente en el que murió un ciclista

Basado y apegado al artículo 165 del Reglamento de Tránsito vigente en el estado de Quintana Roo, norma que se aplica en el municipio de Cozumel; un peritaje externo determina que en el accidente en el que perdió la vida un ciclista extranjero hace unos días, el culpable de la colisión fue el operador del taxi 73.

Francisco Benjamín Vilches Saucedo, perito particular contratado por la familia del fallecido, dijo que Jocías Gabriel Díaz conducía el vehículo a unos 120 kilómetros por hora.

El perito afirma que las huellas del impacto en la carrocería del vehículo son las pruebas.

"Las autoridades locales favorecieron al taxista", opinó Vilches Saucedo, quien adelantó que el próximo paso es presentar el peritaje ante la Procuraduría de Justicia, buscando reabrir el caso.

El pasado 10 de abril, Val Robichaux, turista estadounidense de 60 años y dedicado al ciclismo, murió después de ser arrollado por el taxi número 73, conducido por Jocías Gabriel Díaz, a la altura del kilómetro 14 de la carretera perimetral sur de la Isla de las Golondrinas.

La familia Robichaux enviaron a Cozumel en días pasados a un especialista en accidentes de tránsito para obtener una versión más confiable de las causas del suceso, toda vez que el resultado que les fue presentado por parte del departamento de peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), no los dejó satisfechos.

La familia de ciclista sospecha que existen irregularidades en el resultado emitido que favoreció al conductor del taxi.

Francisco Vilches Saucedo fue el responsable de realizar el nuevo peritaje y basa su teoría en la revisión del lugar de los hechos, la trayectoria que el cuerpo del occiso tuvo al ser lanzado por el impacto del auto y lo que estipula el artículos 165 del Reglamento de Tránsito del estado de Quintana Roo.

Este artículo estipula que "no deberá conducirse un vehículo negligente o temerariamente poniendo en riesgo la seguridad de las personas o de los bienes".

El especialista mencionó estar extrañado de la versión oficial de la PGJ, en el sentido de que el ciclista "fue quien no respetó su alto", cuando en la arteria que circulaba el occiso no existe ningún señalamiento de tránsito que indique tal" (sic).

El día del accidente peritos de la Subdirección de Tránsito emitieron un primer reporte en el que responsabilizaban al extranjero "por su falta de precaución al conducir, al intentar ingresar a la carretera lateral poniente" (sic).

Un día después personal del departamento de peritos de la PGJ, emitió un segundo dictamen ratificando el de Seguridad Pública, en el que se le otorga responsabilidad al occiso, reveló Vilches Saucedo.

El experto anunció que en próximos días, sin precisar fecha exacta, él y un grupo de abogados de un bufete jurídico con sede en la ciudad de Cancún, estarán en la Isla de las Golondrinas.

Agregó estar estudiando la posibilidad de que el municipio de Cozumel sea demandado por parte de la familia Robichaux. Por el momento declinó precisar en los argumentos que se presentarían en la posible demanda.

Fuente: Novedades de Quintana Roo

3 de agosto de 2011

Denuncia torturas de la policía presunto asesino de hotelero cozumeleño

El presunto responsable de la muerte de un empresario en la isla de Cozumel se declaró ante miembros de la prensa inocente de los cargos que la Procuraduría General de Justicia intenta imputarle. En la clandestinidad se defendió de los señalamientos y acusó a la Policía Judicial del Estado (PJE) de haberlo torturado para aceptar la culpabilidad.

El abogado del ex trabajador informó que su cliente se encuentra amparado ante alguna posible orden de aprehensión, no estuvo presente en la declaración ante autoridades ministeriales. Tampoco asistió representante alguno de los derechos humanos.

El fin de semana, en el interior del hotel Villas Caribe fue descubierto el cuerpo sin vida de su propietario, Luis Armando Pineda Rosales, después de que familiares del occiso denunciaran su desaparición ante el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC).

El cadáver se encontraba envuelto en sabanas y la necropsia de ley determinó que la causa de la muerte fue un disparo de arma de fuego calibre .9 milímetros que recibió a la altura de la sien izquierda, presentaba múltiples golpes en el cráneo.

Como parte de las investigaciones que realiza la PJE se entrevistó a: José Gildardo Sulub Góngora, Gaspar Alejandro Carvallo Sandoval, Irving Chan y Guadalupe Gil Domínguez, todos empleados del lugar.

Fuentes al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) revelaron que de acuerdo a los testimonios presentados se había establecido que uno de los trabajadores presuntamente cometió el crimen por motivos pasionales.

El martes, familiares de, Luis Armando Pineda, acudieron a la PGJE para entrevistarse con el coordinador del MPFC, Víctor Sánchez de los Santos, para conocer el avance de las investigaciones, sin embargo, recibieron como respuesta que "por sigilo de las investigaciones" no se podrían dar pormenores.

La persona que es sospechosa de haber cometido el crimen, se desempeño como jardinero y agente de seguridad durante tres años en el hotel Villas Caribe; concedió una entrevista a los representantes de los medios de comunicación para defenderse de las acusaciones. De igual manera, se sospecha alguna disputa por alguna herencia familiar.

El joven dijo que el 31 de agosto fue citado para ser entrevistado en torno al caso y durante el interrogatorio fue torturado para aceptar la culpabilidad del homicidio o brindar información sobre la persona que le disparo a su jefe. De igual manera comentó que le dijeron que aceptara que sostenía una relación sentimental con Pineda Rosales y durante una discusión cometió el asesinato, sin embargo él negó ser homosexual o tener una relación con el occiso.

El sospechoso dijo que como medida de presión dos personas que se identificaron como peritos de la PGJE presuntamente le realizaron una prueba para determinar si había accionado algún arma de fuego y le dijeron que había arrojado positivo. Situación que posteriormente le dijeron que no se llevó a cabo. Durante su declaración no se encontraba presente su abogado, Luis Ángel Espadas.

El sospechoso dijo que desconocía el motivo que tuvieron el o los asesinos de su patrón para cometer el crimen, ya que no había recibido alguna amenaza o sospechaba del móvil.

Por su parte su abogado dijo que ha presentado un amparo ante el Juzgado de Distrito para evitar la emisión de la orden de aprehensión en contra de su cliente. Así mismo argumentó que el representante de los derechos humanos en la isla, no se presentó a la PGJE para tomar conocimiento de la situación.

El joven dijo que la noche de los hechos, al acudir a su centro de trabajo, se percató que una persona del sexo femenino se encontraba a bordo de una camioneta tipo Windstar color verde, estacionada en el exterior del comercio, quien se identificó como hermana del occiso, entregándole 200 pesos para la caja chica del negocio.

No recuerda el número de placas que portaba el vehículo. Aproximadamente a las 7 horas del miércoles regreso la misma persona para cobrar lo correspondiente a las rentas de la noche, situación que no ha sido investigada.

Fuente: Novedades de Quintana Roo

26 de febrero de 2011

Cozumel es ejemplo para otros municipios

Con el objetivo de conocer las necesidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la Isla, Roxana Campos Miranda, coordinadora regional de los Ministerios Públicos del Fuero Común con sede en Playa del Carmen, sostuvo una reunión con los integrantes del Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia en Cozumel.

Esta mañana la coordinadora regional de los Ministerios Públicos del Fuero Común con sede en Playa del Carmen, Roxana Campos Miranda, visitó por segunda ocasión las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la Isla.

La funcionaria informó que el objetivo de su visita consistió en participar en una reunión informativa con los integrantes del Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia en Cozumel, presidido por Demita DeLille Cabrera, con el objetivo de conocer su funcionamiento y poder activar los comités de Playa del Carmen y Tulum.

Con relación a la reunión sostenida con el Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia en Cozumel dijo que consistió en conocer las actividades que realizan sus integrantes a favor de la dependencia, ya que reconoció que es un órgano neutro que comparte y detecta las necesidades de la dependencia y busca alternativas de solución ante más problemáticas.
Asimismo expresó que espera activar a la brevedad posible los comités ciudadanos de los municipios de Playa del Carmen y Tulum.

Con relación a la operatividad de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la Isla, Campos Miranda expresó que existen algunos rezagos en la integración y integración de algunas averiguaciones previas, por lo que se busca diversos mecanismos para abatir dicha situación.

La coordinadora regional de los Ministerios Públicos del Fuero Común dio a conocer que existen diversas necesidades en la dependencia, como por ejemplo la cantidad de personal, aunque reconoció la labor que realizan los funcionarios al ajustarse a las necesidades para desempeñar su labor.

Fuente: Diario de Quintana Roo

19 de febrero de 2011

Vigilarán a la Procuraduría

A fin de tener más contacto con la ciudadanía y tengan conocimiento de sus inconformidades por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), es que el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana y Procuración de Justicia de dicha procuraduría, es que instalarán tres buzones para quejas o sugerencias.

De acuerdo a información proporcionada por la Presidenta del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana y Procuración de Justicia de la PGJE en Cozumel, Demita Delille Cabrera, declaro el próximo lunes dicho consejo, efectuara la instalación de tres buzones para quejas y sugerencias, mismos que se encargaran de verificar personalmente.

Aseguro que nadie de la Procuraduría, ya sea la coordinadora del Ministerio Publico del Fuero Común, peritos criminalistas, secretarios de acuerdos o elementos de la Policia Judicial del Estado, tendrá acceso a los buzones y mucho menos podrán saber lo que la ciudadanía denuncia o sugiere para beneficio de la PGJE.

La presidenta del Consejo, dejo en claro que dependiendo de la respuesta de los habitantes, es la cantidad de veces que se supervisaran los buzón, por lo que personal de dicho consejo iniciara cada semana y la ciudadanía contara con un formato donde podrá poner su nombre, dirección y teléfono, esto a fin que puedan contactar a las personas y brindar una respuesta a su denuncia o sugerencia.

Agrego que la población que muchas veces denuncian de manera anónima por miedo a represalias, también podrá hacerlo, ya que la intensión del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana y Procuración de Justicia de la PGJE, es poder llevar una estadística sobre los delitos que son más comunes, que tanto tiempo se tardan en dar respuesta, así como el trato que reciben.

Fuente: Diario de Quintana Roo

11 de enero de 2011

Ebrio abusa sexualmente de su suegra

La Procuraduría General de Justicia (PGJE) mantiene detenido a Isidro Poot Tun como presunto responsable de abuso sexual en agravio de su suegra, cuya edad supera los 60 años, estando bajo los efectos del alcohol. Esto ocurrió en la colonia Emiliano Zapata.

El caso fue atendido por la Mesa Especializada en Delitos Sexuales del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC). En el 2010 se reportaron 30 casos de abuso sexual.

Los hechos se dieron en un domicilio ubicado en la avenida 70, a las 21:50 horas del domingo pasado 9 de enero.

La esposa del presunto violador fue quien denunció el hecho en la Dirección de Seguridad Pública.

Los elementos policíacos llegaron en su auxilio y lo detuvieron. Posteriormente fue puesto a disposición del PGJE con la averiguación previa 07/012011, expediente al que ya se le dio curso.

Este es el primer caso de abuso sexual en lo que va del 2011, al menos en 15 de los 30 ocurridos el año pasado, el agresor estaba ebrio. Otro constante es que los agresores son mayormente familiares cercanos.


Fuente: Novedades de Quintana Roo