Noticias de Cozumel

Las notas locales de los principales periódicos del estado en un solo lugar.

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27 de noviembre de 2012

Asuntos Internos investiga volcadura de funcionario publico

La Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento iniciará una investigación del accidente que se registró durante el fin de semana que fue provocado por Iván Arturo Arjona Silva, quien labora como inspector en la Dirección de Zofemat, para determinar si amerita alguna sanción, ya que se encontraba en estado de ebriedad y se dio a la fuga. El director de Asuntos Internos, Manuel Gurigutia Barrientos, dijo que hoy tuvo el conocimiento del percance protagonizado por Iván Arturo Arjona Silva, inspector de la Dirección de Zofemat.

El accidente se registró en la 11 avenida con 65, cuando circulaba a exceso de velocidad la camioneta Ford Lobo, color negro, placa YP 01396 del Estado de Yucatán, conducida por Arjona Silva, en segundo grado de intoxicación etílica.

Cabe mencionar que al llegar a la clínica del ISSSTE, a bordo de un ambulancia, se dio a la fuga.
El funcionario explicó que ya se mandó a solicitar el reporte policiaco del accidente para iniciar un expediente, pues como se había anunciado serán sancionados e incluso dados de baja los empleados que comentan una falta dentro de sus horas de trabajo.

El accidente que provocó Iván Arjona fue en horas que no estaba laborando, por lo que no se puede violar su derecho constitucional que tiene como ciudadano, por lo que únicamente se tiene que verificar si cometió algún daño al Ayuntamiento para que responda.

En este caso se habla de una palmera, banqueta y la violación al Reglamento de Tránsito, situaciones administrativas que él deberá hacerse cargo, además que Asuntos Internos recaba todos los elementos para determinar si amerita alguna sanción y poder rendir un informe a la Dirección de Recursos Humanos, quien determinará que procede.

Funte: diario de quintana Roo

9 de octubre de 2012

Ordenan al Ejido no perturbar la posesión legal de Hidroponía

Con base al expediente civil número 00376/2012, relativo al juicio ordinario civil promovido por Hidroponía Cozumel Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada contra el Ejido de Cozumel, el juez civil de Primera Instancia ordenó a la parte demandada (el Ejido) se abstenga de perturbar la posesión física que tiene la parte actora sobre la servidumbre legal de paso sobre las tierras ejidales.

En relación al tema, el abogado Daniel Domínguez Povedano, explicó que a partir de esta resolución judicial, es probable que se pueda utilizar la fuerza pública para obligar al Ejido Cozumel a despejar el acceso de paso a la servidumbre que bloqueó con material de construcción hace unas semanas.

"El comisario ejidal, David Silva Pinto, mintió al decir que no tiene conocimiento sobre la resolución judicial, pero de cualquier forma, el día de hoy la actuaria del Juzgado se presentó a la Casa Ejidal a entregar una copia del documento, pero desafortunadamente, el edificio se encontraba cerrado a pesar de que el día anterior, la autoridad Judicial dejó un citatorio al señor David Pinto; de todas maneras, el documento fue fijado (como ordena la Ley) en la puerta de la Casa Ejidal para que el Comisariado Ejidal, ya no tenga argumentos para decir que no tiene conocimiento de esta orden judicial", señaló el abogado.

El expediente en mención cita: "....Por cuanto a la medida provisional que solicita el concursante, con fundamento en el artículo 16 del Código de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado, apercíbase a la parte demandada, Ejido de Cozumel, para que al momento de llevar a cabo la notificación ordenada en el asunto que antecede, se abstenga de perturbar la posesión física que tiene la parte actora sobre la servidumbre legal de paso sobre las tierras ejidales".

Adicionalmente a este documento, el abogado exhibió a la autoridad judicial el oficio 02/04, emitido por el presidente del Comisario Ejidal José Claudio Góngora Coral, con fecha 29 de abril del 2004, referente a una solicitud de camino de acceso vecinal. El documento señala: "Por medio de la presente tengo a bien informarle que la Asamblea ha aprobado por unanimidad con fecha de 05 de octubre de 2003 la construcción y el camino de acceso a los lotes fracc. 26 (lote 26), fracc. (lote 27); ambos lotes del polígono II de la Reserva Ganadera. Le notifico que deberá respetar los linderos de la parcela del Ejido.

El abogado comentó que este documento tiene validez jurídica, por lo que la Autoridad Judicial ordenó al Ejido liberar el paso de la servidumbre. "No les queda más que liberar el acceso o de lo contrario se estaría ordenando un apremio judicial en contra del Comisariado Ejidal", indicó.

Adicionalmente a este juicio, el abogado recordó que obra en el Ministerio Público del Fuero Común una demanda penal en contra del presidente del Comisariado Ejidal, David Pinto Silva, por la comisión del delito de despojo.

"Del primer caso, relacionado al juicio civil, el asunto es de dinero; a partir de ahora el Ejido deberá pagar todos los perjuicios que ha ocasionado, y en el segundo caso, que es la vía penal, la sanción es corporal", indicó el abogado.

Fuente: El Quintanarroense

Llegan pruebas antidoping

Ciento cincuenta pruebas antidoping y cuatro mil pipetas del alcoholímetro fueron entregadas a la Dirección de Seguridad Pública para que sean utilizadas durante los diferentes operativos que realizan. Asimismo, la prueba de antidoping será aplicada al personal del Ayuntamiento, a través de la Dirección de Asuntos Internos. El presidente municipal, Aurelio Joaquín González, entregó 150 pruebas antidoping y 4 mil pipetas del alcoholímetro a la Dirección de Seguridad Pública para que sean utilizadas durante los diferentes operativos que realizan.

Al igual por medio de los retenes en el caso de las pipetas del alcoholímetro, ya que el propósito fundamental es prevenir los accidentes por el consumo excesivo de bebidas embriagantes, principalmente los fines de semana o días de quincena, ya que es cuando existe mayor movimiento en los bares, cantinas, centros nocturnos y discotecas.

Los paquetes de antidoping tienen doble propósito, ya que no sólo a los detenidos se las harán las pruebas, sino también al personal del Ayuntamiento, a través de la Dirección de Asuntos Internos, que ya tiene la indicación de aplicarlos, principalmente al inicio de cada semana.

Durante la entrega, el médico legista en turno, Juan Góngora, detalló que a través de la prueba antidoping se pueden detectar seis clases de narcóticos, como es la marihuana, cocaína, anfetaminas, medicamentos controlados, entre otras más, y también cuenta con un termómetro que mide la temperatura de la orina para que ninguna persona haga trampa.

Siendo una prueba rápida toxicológica, la cual es muy confiable y por ello fueron adquiridas para que sean utilizadas por los médicos legistas y determinar el estado de los detenidos, ya sea bajo el influjo de algún enervante o el alcohol, para que el resultado forme parte del expediente que se les inicia con la detención.

Fuente: diario de quintana Roo

20 de agosto de 2012

Popoy” Marrufo atropella a dos

La imprudencia, la falta de precaución, así como el hacer caso omiso del Reglamento de Tránsito al no respetar los señalamientos, derivaron en que el director de Deportes del municipio, Oscar Joaquín Marrufo Cetina (a) “Popoy”, se colisionara contra una pareja de motociclistas que sufrieron severas lesiones. Fuentes extraoficiales aseguraron que el responsable tenía aliento alcohólico, aunque en el certificado médico salió “limpio”.

Alrededor de la 1:30 horas del domingo se reportó a través del número de emergencias sobre un accidente en la 50 avenida con Adolfo Rosado Salas, de la colonia Adolfo López Mateos, ya que una persona había atropellado a unos motociclistas que iban sobre la 50 avenida, lugar a donde oportunamente arribó el personal de Cruz Ambar, quienes de acuerdo a sus conocimientos de paramédicos, dieron los primeros auxilios a los accidentados mientras arribaba la ambulancia.

Los hechos ocurrieron cuando Oscar Marrufo Cetina, “Popoy”, circulaba sobre la Adolfo Rosado Salas a bordo de una camioneta marca Honda, tipo Odyssey, en color plata, con placas de circulación UUR-95-08/Quintana Roo, y quien al no respetar su alto obligatorio, por su falta de precaución colisionó con la motociclista marca Honda, tipo Econopower, con placas de circulación B-08-SK/Quintana Roo, en la cual se trasladaba Pedro Alberto Ortiz Velázquez, de 24 años de edad, quien iba acompañado de Marcela May Ovando, de la misma edad, ambos circulaban en la vía preferencial cuando fueron impactados, cayendo sobre el pavimento.

Los lesionados fueron atendidos por voluntarios de Cruz Ambar, cuando arribó la ambulancia de la clínica del Centro Médico Cozumel (CMC), que los trasladó a la clínica a la que pertenecen, con la intención de que fueran atendidos de manera inmediata.

Cabe hacer mención que los vehículos fueron trasladados al corralón de Seguridad Pública, así como “Popoy”, quien a decir de fuentes del interior de Seguridad Pública, tenía aliento alcohólico, sin embargo, en el reporte del certificado médico, apareció limpio y sin ningún grado de intoxicación, lo que llamó la atención de las fuentes que aseguraron “aunque no se caía de borracho, sí olía a alcohol”.
El director de Deportes en la isla logró que se retiraran los cargos en su contra al hacerse responsable de los daños, que ascendieron a la cantidad de los 10 mil pesos y todo quedó solucionado.

Fuente: Por Esto!

9 de junio de 2012

Declaración patrimonial, deber insoslayable de los funcionarios

“Concluyó el plazo para que los funcionarios públicos cumplieran con su declaración patrimonial, prácticamente, parece que todos han cumplido en tiempo y forma con este trámite”, indicó el contralor municipal, Jesús Gamaliel Arana Chan.

Dijo que quienes no lo hicieron, tendrán que justificarlo o bien podrían ser sancionados como lo establece la ley de los servidores públicos.

Arana Chan recordó que efectivamente el 31 de Mayo concluyó el plazo para que los funcionarios públicos realizaran su declaración patrimonial, por lo que quienes no cumplieron, se les aplicará lo que marca la ley.

“El artículo 47 fracción, obliga a los servidores públicos a cumplir con la declaración patrimonial, nosotros en su momento enviamos edictos para que los funcionarios cumplan y prácticamente, la mayoría respondió a esta trámite obligatorio”, indicó el Contralor Municipal.

Subrayó que no toda la plantilla laboral del ayuntamiento tiene que realizar este trámite, solamente los directores, subdirectores y jefes de área, son los que por ley debieron cumplir con esta declaración para transparentar las acciones que realiza un gobierno.

En este caso, dijo que el que dio el ejemplo, fue el presidente municipal Aurelio Joaquín González, quien desde los primeros días, que se dio a conocer esta obligación entregó su declaración patrimonial.

Arana Chan agregó que de acuerdo a la ley, no existen prórrogas en la entrega de la declaración patrimonial, porque se les da un mes completo para que cumplan, solo en caso de alguna comisión especial o alguna justificación médica, la contraloría analizaría el caso específico.

Comentó que las sanciones para los que no cumplieron son varias, desde una amonestación, hasta la sanción económica e incluso la baja del gobierno, ya que esto la declaración patrimonial es totalmente importante.

Fuente: Diario de Quintana Roo

7 de junio de 2012

Investigarán a un funcionario municipal

No se pasará por alto a ningún empleado del Ayuntamiento que esté filtrando información acerca de los planes operativos de la policía y el Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial, por lo que se investigará el caso de Ángel Alcocer Arce, quien fue acusado de advertir de los operativos. El secretario general del Ayuntamiento, Jorge Alberto Martín Azueta, informó que es muy delicado que se esté filtrando información acerca de los operativos que pretende realizar la Dirección de Seguridad Pública y el Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial, como denunciaron vecinos de la colonia San Miguel II, quienes con fotos denunciaron a Angel Alcocer Arce, quien labora en el Ayuntamiento y advirtió del operativo que se efectuaría en dicho lugar.

En este sentido, mencionó que un clandestino es un lugar donde se ejercen actividades ilegales, como la prostitución o venta sin permiso de licores, por lo que al ponerlos sobre aviso hará muy difícil erradicarlos.

De igual manera entra la duda de qué sucederá cuando se lleven a cabo operativos para buscar a un narcotraficante o delincuente, ya que no se tendrá la confianza con las personas que laboran en el Ayuntamiento o en la propia policía, por el temor de que se llegara a filtrar la información.

Martín Azueta exhortó a la ciudadanía a que denuncien a las personas que alerten de los operativos policiacos, para darle el oportuno seguimiento en la Dirección de Asuntos Internos y buscar a la persona responsable a la cual se está acusando.

El funcionario aseguró que si las investigaciones arrojan que la persona señalada es culpable, se procederá como lo indica el reglamento interno del Ayuntamiento, ya que se busca trabajar para el bienestar de la Isla y es una irresponsabilidad que se esté filtrando información.

El funcionario también mencionó que se vigilará que se lleven a cabo correctamente los operativos, siempre y cuando se realicen como lo indica la ley y sin violar ninguna garantía, es por ello que se está buscando la mejor estrategia para poder erradicar los prostíbulos.

Fuente: Diario de Quintana Roo

8 de febrero de 2012

Dos tipos de cuidado

Con desconfianza fue recibido en Cozumel el anuncio de la llegada de dos cozumeleños más a puestos clave del gobierno del estado, pues se trata de personas que podrían tener serios conflictos de interés en las áreas donde se les ha nombrado: el nuevo director de la Apiqroo será un ex empleado de confianza del consorcio naviero Molina/Aviomar, y el secretario de Medio Ambiente, el hijo de un hotelero conocido por sus agresiones al medio ambiente.

El nombramiento de Ercé Barrón al frente de la Apiqroo, y de Raúl Omar González Castilla en la Secretaría del Medio Ambiente del estado, dejan muchas dudas en su tierra natal, Cozumel.

En el caso de Ercé Barrón, la suspicacia reside en que este hombre fue por varios años, más de diez años según algunas fuentes, jefe de operaciones del Grupo Aviomar, la empresa de servicios turísticos del consorcio yucateco Molina/Aviomar.

Esta empresa tiene una fuerte relación comercial con la Apiqroo que no siempre se ha dado en buenos términos, por ejemplo, es la misma empresa que se negaba de plano a mudarse al nuevo muelle de ferrys porque no le daba la gana usar las nuevas instalaciones y sólo se mudaron porque así se los pidió de manera firme el propio gobierno del estado.

Es la misma empresa que impone precios exorbitantes por los cruces hacia y desde Playa del Carmen, precios que afectan por igual al turismo y a los isleños y de los que la empresa culpa directamente a la Apiqroo porque dice que le cobra mucho por el uso del muelle fiscal, el cual usan tanto de embarcadero como de astillero. Es la misma empresa que se opone a la creación de una segunda banda de atraque en Calica, porque teme que eso podría permitir la entrada de otra empresa de ferrys, mercado que hoy dominan en exclusiva.

Es conocido en la isla el “mutuo aprecio” que se tienen Ercé Barrón y Octavio Molina Cazares, uno de los principales miembros del clan Molina.

En cuanto a Raúl Omar González Castilla nombrado titular de la secretaría del Medio Ambiente del estado, se trata de un joven profesionista cuya carrera de administrador de empresas no tiene nada qué ver con el entorno ecológico, y es hijo del hotelero y “desarrollador” Raúl González Angulo, quien a lo largo de su historia empresarial, junto con sus hermanos Mauro y Juan González, han sido sancionados varias veces por las autoridades federales por cometer abusos contra el medio ambiente.

Su llegada a la secretaría se percibe como un movimiento concebido para allanar el camino a dos proyectos que esta administración tiene para el aún virgen y muy codiciado, aunque ambientalmente frágil, lado oriente de la isla, donde quieren poner una central de generación eléctrica por vientos, y establecer el proyecto Punta Arrecifes, un resort exclusivo de miles de habitaciones y campos de golf, que en algún momento tuvo entre sus impulsores públicos al magnate estadounidense Donald Trump, quien ahora actúa tras bambalinas.

Al conocerse su designación, el grupo ecologista Citymar de Cozumel emitió el siguiente comunicado: “Manifestamos nuestra inconformidad por el nombramiento del nuevo secretario de Medio Ambiente y Ecología en el Estado de Quintana Roo. Es sumamente grave que pongan a esta persona, pues para empezar el Sr. Raúl Omar González Castilla es licenciado en Administración de Empresas, no tiene experiencia, ya que nunca ha trabajado en esa área tan importante como es la Ecología y como quintanarroenses y ambientalistas nos preguntamos, por qué poner a una persona que no conoce ni nunca le ha importado el medio ambiente, si es muy probable que haya otras especialidades donde haga falta, pero para el medio ambiente necesitamos personas con experiencia y capacidad en el ramo.

El mal que estos políticos le están haciendo a nuestro México es precisamente porque sólo están nombrando a sus amigos o parientes, o tienen compromisos personales que quieren cumplir y por eso no funcionan.

Sus antecedentes familiares, son que nunca cumplen con la Ley Ambiental, y siempre han violado las leyes para llevar a cabo sus proyectos.

La razón de nombrarlo es por lo del proyecto eólico que destruirá más de 300 hectáreas de manglares y selva, con toda y la fauna silvestre que ahí habita, y que a los desarrolladores nunca les preocupa, porque no se trata de sus casas, o es por el desarrollo destructivo que piensan llevar a cabo en el área de Punta Molas.

A esta persona no le damos ni el beneficio de la duda, sólo pedimos a Dios que no nos abandone porque con esta clase de autoridades, ¡pobre Estado de Quintana Roo! Y sobre todo esta bella isla de Cozumel, ahora sí están en peligro de desaparecer todas sus bellezas naturales que aún le quedan, por intereses políticos, personales, y económicos”, concluye.

Fuente: Por Esto!

1 de diciembre de 2011

Al menos 30 funcionarios están bajo la mira de la Contraloría

Bajo la lupa más cerca de 30 funcionarios del Gobierno del Estado, por incurrir durante el año en diversas irregularidades, como faltantes de recursos entre otras situaciones me-nores, señaló el titular de la Contraloría, Gonzalo Herrera Castilla.

Dijo que al momento al cierre del 2010 se mantienen casi treinta procesos e investigaciones en contra de funcionarios de gobierno del estado, principalmente de dependencias como la Secretaría de Salud (Sesa), de educación y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Aseguró que al menos 14 de estos han sido sancionados o inhabilitados temporalmente principalmente por la decidía de presentar su declaración patrimonial en tiempo y forma, y los demás por posibles desvíos de recursos o irregularidades que los han hecho acreedores a sanciones administrativas y ceses.

“Son alrededor de 15 procesos, de los cuales algunos resueltos en el caso de salud y en cuanto a educación estamos dando seguimiento por la mala administración de recursos y faltas administrativas, así como los de la Secretaría de Hacienda que se han manejado”, dijo.

Detalló que en cuanto a declaraciones patrimoniales existen alrededor de 13 casos, dentro de los cuales ya se realizó una suspensión de tres meses a un funcionario de la procuraduría, y se está por efectuar tres más en contra de funcionarios de diferentes dependencias de gobierno, mientras que en cuanto al resto se está en el proceso de argumentación.

Sin embargo, aseguró que las sanciones son más fuertes para los diversos funcionarios que son reincidentes y no es la primera vez que incurren en irregularidades, sin embargo descartó que esta sea una práctica cada vez más común, pues aseguró al menos las cifras son mínimas comparado con el padrón burocrático del gobierno del Estado.

“En el caso de las sanciones que son mayores es por haber sido reincidentes ya que llevan dos o tres años que no presentan sus declaraciones a tiempo”.

Sin embardo descartó que esto se este volviendo una práctica por parte de los funcionarios, ya que afirmó solo son15 casos de 4 mil 15 funcionarios, es por ello que para este año se realizan los trabajos con mayor énfasis a través de las contralorías internas, por lo que para el 2012 una vez que estas formen parte de la contraloría general se podrá llevar un seguimiento más puntual.

Fuente: El Quintanarroense

12 de marzo de 2011

Fraude de ex director de Servicios Públicos

A José Rafael Quiñones, ex director de Servicios Públicos, se le sigue un proceso administrativo para aclarar los pagos que tramitó para el perito que hizo las Unidades Verificadoras de Instalaciones Eléctricas (UVIES) para entregar a la CFE, pues resultaron ser falsas y no ha hecho caso a las notificaciones que le ha enviado el ayuntamiento para resolver el asunto, dice Carlos Isabel Mendoza Quijano, contralor municipal.

En improvisada conferencia de prensa llevada a cabo al medio día de este viernes, Carlos Isabel Mendoza Quijano, dijo que no se está persiguiendo al ex director de Servicios Públicos, sino que están llevando a cabo un proceso administrativo para aclarar el destino y se reponga los 115 mil 160 pesos que se pagaron a un perito de nombre Víctor May Chan, por siete cartas denominadas UVIES que debían presentarse ante la CFE para regularizar la situación eléctrica de algunos parques.

Señaló que se le encargó a José Rafael Quiñones, que se llevaran a cabo los trabajos necesarios y que fue el propio ex director quien presentó a Víctor May Chan ante la tesorera municipal, Juanita Alonso Marrufo, y se hizo un convenio de trabajo sin contrato por la premura del tiempo y fue el propio José Rafael Quiñones, quien solicitaba el pago para Víctor May Chan, pero resultó que al entregar las UVIES a la CFE se las rechazaron “porque eran falsas”, dijo.

A ello obedece el proceso administrativo para que compruebe los gastos o bien se restituya el dinero, en tanto que para el perito que hizo las cartas se le demandó ante el Ministerio Público del Fuero Común por el delito de fraude.
Recalcó que no se busca hostigarlo, sino recuperar el dinero que se invirtió en el pago al perito y que la ley faculta al municipio de requerir a los ex funcionarios hasta luego de tres años después de haber dejado de laborar en la administración pública municipal.

Al finalizar dice que desde el pasado mes de enero debió de haber aclarado el ex director la situación pero no lo ha hecho.

fuente: Por Esto!