Regidor del PAN acusa a regidor del Verde

Regidor de la bancada del Acción Nacional, Jesús Zetina Tejero, acusó de corrupción al regidor del Verde Ecologista, Francisco Reyes Novelo, toda vez que exhibió cuatro oficios donde presuntamente el segundo concejal dio luz verde al ex director de Desarrollo Urbano, Jorge Canul Poot, para la aprobación de los derechos de uso de suelo para la venta de bebidas alcohólicas, lo que derivará en que se solicite la destitución del edil señalado, quien funge como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano.

Como se recordará, el pasado 12 de noviembre, el secretario de la comuna, Jorge Alberto Martín Azueta, confirmó el cambio de quien fuera por 19 meses el director de Desarrollo Urbano, Jorge Antonio Canul Poot, quien fue sustituido por Lydia Lizbeth Escartín López, toda vez que así lo había solicitado el munícipe, Aurelio Joaquín González. Sin embargo, días antes había trascendido que el cambio obedeció presuntamente a que algunos empresarios aseguraron que el funcionario había solicitado algún dinero, situación que no ha sido aclarada, a cambio de la liberación de algunos derechos de uso de suelo para la venta de licor.

Asimismo, el 20 de noviembre, el regidor Jesús Zetina Tejero fue cuestionado sobre el asunto, refiriendo que investigaría el tema, a pesar de que no estaba dentro de su comisión, por lo que este jueves convocó a una rueda de prensa donde presentó cuatro oficios oficiales en papel membretado, mismos que dijo “tienen la firma del noveno regidor, Francisco Reyes Novelo”.

El regidor de la bancada panista refirió que ante la interrogante de la ciudadanía respecto al incremento de establecimientos de bebidas alcohólicas, indicó que el cuerpo colegiado ha autorizado solamente en las zonas turísticas y por ello se apersonaron en su momento con Jorge Canul Poot, quien estaba como director de Desarrollo Urbano, sin embargo éste no pudo referir una respuesta concreta, ya que les aseguró que la Tesorería había emitido dichos permisos.

Por ello acudieron ante las diferentes áreas de la Tesorería, pero ahí les aseguraron que ellos no cobran nada si no tienen el permiso de uso de suelo, el cual solamente podía emitirse desde Desarrollo Urbano.

Aclaró que la investigación que inició se derivó de que algunos de los concejales desconocen de la aprobación para la carta y derecho de uso de suelo de los oficios que les presentó, trascendiendo que mencionados documentos no cuentan con copias, ni sellos para la veracidad del mismo.

Durante la conferencia, Zetina Tejero presentó cuatro de 40 oficios que, aseguró, le informaron que fueron emitidos en las mismas circunstancias.

En dichos oficios se dirige al entonces director de Desarrollo Urbano, en los que cita textualmente que “se hace entrega del expediente de solicitud para la carta de uso y destino de suelo para la Licencia de Bebidas Alcohólicas, con No. de expediente 12/01/0092-PTN, 12/01/0020-PTN, 12/04/0530-FNC y 12/0971105-FNC, a nombres de Jorge Antonio Cárdenas Luna, Cadena comercial Oxxo S.A. de C.V., Luis Fernando Esquivel López y Evaristo Santiago Polanco Pech –respectivamente-”, con diversos giros, destacando en el oficio que “la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó se les diera seguimiento y elaboración de la misma”.

El concejal dijo que “será la contraloría la que determine si el regidor es corrupto, es una cuestión legal, ya que se dice que las personas interesadas pagaron desde 40 hasta los 150 mil pesos por el permiso fuera de contexto. No tengo las pruebas porque no hay recibos, pero sí es un tema delicado. Por eso creo que el colegiado debe de destituir al regidor de su comisión hasta que se aclare el tema”, concluyó.

fuente: Por Esto!

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Investigan a funcionario de la Cofepris

Al menos dos denuncias formales pesan en contra del sub director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Efraín Jesús Alonso Sansores, uno ante la propia Comisión a nivel federal y uno más ante el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC), ambas demandas relacionadas por presuntos actos de corrupción e intento de extorsión a empresarios de la isla.

La coordinadora del MPFC en la isla, Estela Tun Chan, confirmó que el sub director de la Cofepris en el estado, se encuentra bajo investigación, relacionado con la averiguación previa 63/2012, ya que el empresario Ricardo Irazar Garza, lo denunció penalmente, pues el pasado 27 de abril, se sabe que Alonso Sansores mandó a Miguel Badillo quien se ostenta como inspector, para revisar la lonchería “Chiken Goo” que se encuentra en la avenida 11 entre 35 y Felipe Ángeles de la colonia Adolfo López Mateos.

Miguel Badillo, sin ningún documento en mano, alegó que la visita de revisión al establecimiento, es porque recibieron la denuncia de que una menor se enfermó, tras haber consumido alimentos en ese lugar, por lo que se le pidió a María Pérez Jiménez (esposa de Irazar Garza) que llegue a un “arreglo” o de lo contrario le van a clausurar el negocio.

Los dueños de la lonchería, se negaron al “arreglo” a la que se referían Miguel Badillo y Efraín Alonso, y como represalia el 3 de mayo, se presentó otro inspector de nombre Ricardo Ortega Segundo, quien realizó la verificación del inmueble mediante el oficio 232300124506, y posterior se colocaron sellos de suspensión de actividades por órdenes del sub director de la Cofepris en el estado.

La agraviada dijo que tanto los inspectores como Alonso Sansores, pedían 5 mil pesos, para que no se colocaran los sellos, y todo porque dentro del local se encontró una base de licuadora con restos de alimentos que no había sido lavada, un cuchillo con el mango semi oxidado, una manguera en mal estado y una hielera en desuso sucia,
Los agraviados presentaron la denuncia penal ante el MPFC, pues consideran que este tipo de funcionarios, no deberían tener cargos de servidores públicos, pues solo se están sirviendo para ellos mismos, y sobre todo afectado a pequeños empresarios que desean salir adelante y dar empleo a más personas.

Tun Chan, coordinadora del MPFC dijo que en torno a la denuncia que existe en contra del sub director de la Cofepris, está vigente, por lo que no se descarta que en cualquier momento agentes judiciales den con el presunto indiciado, a fin de que rinda su declaración y/o en su caso presente pruebas a su favor, tras los señalamientos que se le imputan.

Fuente: Respuesta

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Dzay Aguilar, investigado por Contraloría

Asegura Gamaliel Arana Chan, contralor municipal, que investigará al director de Servicios Públicos, Mariano Dzay Aguilar, por el desvío de gasolina para su vehículo particular y para el automóvil de su secretaria, por ello ha solicitado las bitácoras del taller para las averiguaciones. Sin embargo, trascendió desde el ayuntamiento que para proteger a Dzay Aguilar, se dará a conocer tardíamente de un supuesto convenio entre la Oficialía Mayor con Servicios Públicos, en el que se da facilidades a este “servidor público” de usar la gasolina, según porque emplea su vehículo para asuntos de trabajo.

En base a la declaración hecha por Arana Chan, el martes 31 de julio, citó a Mariano Dzay Aguilar para conocer su versión en torno a los señalamientos hechos en relación al desvío de combustible de las bodegas del taller mecánico para su uso particular y de su secretaria Liliana Rodríguez Lázaro y le dio de plazo hasta el próximo lunes para que le entregue la ficha técnica de las reparaciones que se hicieron a vehículos particulares y las bitácoras donde están registrados los “apoyos” de combustible.

Dijo que “una vez que tengamos los documentos solicitados, se llevará a cabo las investigaciones y de hallarlo culpable se le fincará una responsabilidad, que dependerá de la gravedad cometida, que inclusive podría ser dado de baja, pues aquí cada quien debe asumir las consecuencias y su responsabilidad. Somos servidores públicos y en ese sentido siempre tenemos que actuar apegados a derecho y a la legalidad, y si él (Mariano Dzay Aguilar) cometió algún ilícito dependiendo lo que resulte en la investigación, tendremos que actuar”.

En el caso de la reparación de vehículos ajenos al servicio público del ayuntamiento que se han hecho en el taller mecánico bajo órdenes de Mariano Dzay Aguilar, sentenció que “de haberlo hecho el director de Servicios Públicos, estaría incurriendo en una falta y por ello vamos a verificar las bitácoras, y quien tenga firmado las bitácoras será citado a declarar”.

Enseguida remató que “cada uno de los que trabajamos en el ayuntamiento tenemos vehículos, yo tengo uno, mis auxiliares tienen, pero eso no nos da la autoridad para venir y decirle a los del taller que reparen nuestros vehículos. El hecho que nosotros tengamos nuestros vehículos no nos da derecho usar el erario público para beneficiarnos”.
En cuanto a los saqueos de gasolina ordenados por Dzay Aguilar y que se registran en las bitácoras del taller, sobresale que han sido alrededor de 450 litros de gasolina que ha sacado en diferentes ocasiones empezando desde el 2 de junio, que tan sólo ese mes se tiene registrado unas ocho ocasiones que pidió este “apoyo”.

Otra de las anomalías hechas por Mariano Dzay Aguilar registradas en las bitácoras, señala que el 25 de mayo de este año sacó gasolina del taller a nombre de la camioneta de redilas marca Chevrolet modelo 3500, sin placas de circulación con el número económico 153, que se encuentra inservible desde el 24 de julio del 2011 por una falla en el distribuidor que impide al motor arrancar y está aparcada frente al mismo taller mecánico. En aquella ocasión este director municipal pidió 30 litros de gasolina para esta camioneta, aunque de acuerdo a fuentes del ayuntamiento fue para dotar del combustible al vehículo de Liliana Rodríguez Lázaro.

Ha trascendido de fuentes del ayuntamiento, que este “servidor público” se jacta de estar “bien parado”, por ello es que presuntamente ya se está elaborando un escrito desde la Oficialía Mayor en el que supuestamente se dará a conocer de la existencia de un “convenio” que le da a Mariano Dzay Aguilar, la posibilidad de tomar para sí gasolina del taller mecánico bajo el argumento de que su vehículo y el de su secretaria se usa para labores de la Dirección municipal a su cargo; de esto último el contralor municipal no mencionó absolutamente nada y tampoco ninguna autoridad municipal lo dio a conocer luego de que el 27 de julio se dieran a conocer las acusaciones en contra de este director municipal, del que ahora empiezan a salir otros señalamientos en el sentido de que utiliza a trabajadores de Servicios Públicos para pintar, hacer trabajaos de carpintería en casas o locales comerciales de sus familiares o de algunos funcionarios, e incluso en una casa que posee en el poblado de El Cedral.

Fuente: Por Esto!

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Continúan los ilícitos en el taller de la comuna

Una camioneta que se encuentra inservible desde hace un año, es utilizada como pretexto por Mariano Dzay Aguilar, director de Servicios Públicos Municipales para sacar gasolina del municipio a nombre de la unidad y dotarle de combustible al vehículo de una empleada de esta dependencia, cita una información obtenida de manera extraoficial, en lo que evidentemente se trata de un acto ilícito a todas luces.

Se destapó la cloaca en la Dirección de Servicios Públicos a cargo de Mariano Dzay Aguilar, al darse a conocer por medio de fuentes del ayuntamiento otra de las acciones ilícitas en que presuntamente ha incurrido este funcionario, que de acuerdo al informe obtenido, cada vez que desea gasolina para su vehículo particular, manda sacar el combustible de los tambores que lo almacenan en el taller mecánico, para lo cual tiene que anotar el movimiento en una bitácora, libro que este viernes por la mañana mandó pedir al taller mecánico, según para borrar evidencias de su firma aprobando los “apoyos” de combustible para su vehículo y para el automóvil de una secretaria de nombre Liliana Rodríguez Lázaro.

Aunque este viernes se supo que Mariano Dzay Aguilar ha sacado gasolina del taller a nombre de la camioneta de redilas marca Chevrolet modelo 3500, sin placas de circulación que la Dirección de Patrimonio tiene matriculado con el número económico 153, pero que no funciona desde el 24 de julio del 2011 debido a un problema en el distribuidor que impide al motor arrancar y está estacionada junto a las patrullas de la policía municipal inservibles frente al taller mecánico.

En base al registro de la bitácora, el 25 de mayo de este año, Mariano Dzay Aguilar, pidió un total de 30 litros de gasolina para la “camioneta blanca #153” y a un costado aparece su firma, que de acuerdo a la información fue para dotar del combustible el vehículo de Liliana Rodríguez Lázaro.

En el libro aparece que el 4 de mayo solicitó 30 litros de gasolina para un vehículo marca Volkswagen tipo Sedán de color café de su propiedad, aunque en la bitácora se escribió que las placas son YXL-28-35, que en realidad pertenecen al vehículo marca Volkswagen tipo Derby de color negro propiedad de Liliana Rodríguez Lázaro.
De igual forma resalta que el 18 de junio el mismo director se adjudicó para su vehículo Sedán 20 litros de gasolina, esta acción se repitió el pasado 10 de julio al agenciarse 25 litros de combustible.

Hasta este viernes Adriana Teissier Zavala, síndico municipal, no había solicitado una investigación en la Dirección de Asuntos Internos contra este funcionario por el desvío de combustible para su uso particular, siendo que la síndico es quien debe velar por los bienes de la comuna.

Por su parte Genny Gracia Aguilar, directora de Recursos Humanos, esta vez no se vio rápida para dar de baja a Mariano Dzay Aguilar y a Liliana Rodríguez Lázaro, cuando a José Manuel Rangel Barros, exjefe del taller mecánico lo cesó fulminantemente en menos de 24 horas por brindar un servicio automotriz a un vehículo particular de un servidor público en el taller mecánico, que hasta donde se sabe, fue autorizado por Dzay Aguilar.

José Manuel Rangel Barros se presentó a laborar este viernes a pesar de que Genny Gracia Aguilar le dio a conocer el jueves a las nueve de la mañana que estaba dado de baja, pero no ha firmado su renuncia.

Este viernes por la mañana, Liliana Rodríguez Lázaro, la secretaria de Servicios Públicos que se ha beneficiado con el combustible y con la reparación de su vehículo acudió sólo unas horas a trabajar, pues antes del medio día le dieron permiso de ausentarse y ya no regresó a laborar.

De manera extraoficial se supo que el 14 de julio al vehículo de esta trabajadora le cambiaron el aceite, el filtro de gasolina, le hicieron la limpieza del equipo de aceleración, también de la válvula del aire acondicionado, todo ello de manera gratuita en el taller mecánico del ayuntamiento y autorizado por el director de Servicios Públicos, según lo impreso en la bitácora.

Fuente: Por esto!

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Sigue la corrupción en taller mecánico de la comuna

En el taller mecánico del ayuntamiento se continúa reparando vehículos particulares de servidores públicos que tienen a su alcance lo que necesiten a la hora que sea; mientras tanto, las patrullas de la policía municipal siguen en el olvido, pues permanecen abandonadas desde hace varias semanas, todo ello con el conocimiento de Mariano Dzay Aguilar, director de Servicios Públicos, que se ha preocupado más por fotografiar reporteros que se acercan a las patrullas inservibles.

Alrededor de las 13 horas de este martes, un vehículo de la marca Dodge tipo Attitude de color rojo, sin placas de circulación, propiedad de un servidor público de menor rango de nombre Alejandro Alonso que aparentemente trabaja en la Dirección de Servicios Públicos, estaba siendo atendido de una falla cerca del motor de su unidad por los mecánicos del taller del ayuntamiento en las propias instalaciones, y en horas de trabajo, lo que según en entrevista anterior con el secretario general de la comuna, Jorge Alberto Martín Azueta, estaba prohibido hacerlo, “pues el taller es para reparar exclusivamente vehículos oficiales”.

A decir de fuentes del ayuntamiento, este vehículo es común verlo en el taller mecánico para ser sometido a reparación periódicamente de manera gratuita, con la aprobación del propio director de Servicios Públicos, Mariano Dzay Aguilar, que incluso este mismo martes la compostura del vehículo particular estaba siendo hecha junto al automóvil de la marca Volkswagen, tipo Sedán, color café, con placas de circulación UUP-58-59/Q.Roo, propiedad del mismo Dzay Aguilar.

Mientras eso sucede, frente al taller mecánico se encuentran en calidad de arrumbadas poco más de 15 patrullas inservibles, que de acuerdo a información extraoficial, “algunas de las patrullas están ponchadas, les faltan balatas delanteras, tienen problemas con las bombas de gasolina, a algunas les falta baterías, o el clutch”, y que por ahora los mecánicos del taller no las están reparando por causas desconocidas.

Fuentes que pidieron no ser citadas, afirman que la reparación de las unidades particulares como este vehículo Attitude, se hace con el conocimiento y aprobación también de Alfonso de la Concha, el encargado del taller mecánico, que según fue instalado en ese puesto hace unos pocos meses para vigilar que las cosas se hicieran correctamente.

De igual modo trascendió que Mariano Dzay Aguilar está más al pendiente de ver qué reporteros se acercan a las patrullas inservibles para fotografiarlas y aprovecha él también para fotografiar a los reporteros como lo hizo la tarde del 17 de julio desde su ventana.

El pasado 15 de junio de este año, una “lideresa” del PRI fue beneficiada con la reparación de las balatas traseras y delanteras de su camioneta con presunto cargo al erario municipal desde este taller mecánico con el conocimiento de los encargados.

Fuente: Por Esto!

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Declaración patrimonial, deber insoslayable de los funcionarios

“Concluyó el plazo para que los funcionarios públicos cumplieran con su declaración patrimonial, prácticamente, parece que todos han cumplido en tiempo y forma con este trámite”, indicó el contralor municipal, Jesús Gamaliel Arana Chan.

Dijo que quienes no lo hicieron, tendrán que justificarlo o bien podrían ser sancionados como lo establece la ley de los servidores públicos.

Arana Chan recordó que efectivamente el 31 de Mayo concluyó el plazo para que los funcionarios públicos realizaran su declaración patrimonial, por lo que quienes no cumplieron, se les aplicará lo que marca la ley.

“El artículo 47 fracción, obliga a los servidores públicos a cumplir con la declaración patrimonial, nosotros en su momento enviamos edictos para que los funcionarios cumplan y prácticamente, la mayoría respondió a esta trámite obligatorio”, indicó el Contralor Municipal.

Subrayó que no toda la plantilla laboral del ayuntamiento tiene que realizar este trámite, solamente los directores, subdirectores y jefes de área, son los que por ley debieron cumplir con esta declaración para transparentar las acciones que realiza un gobierno.

En este caso, dijo que el que dio el ejemplo, fue el presidente municipal Aurelio Joaquín González, quien desde los primeros días, que se dio a conocer esta obligación entregó su declaración patrimonial.

Arana Chan agregó que de acuerdo a la ley, no existen prórrogas en la entrega de la declaración patrimonial, porque se les da un mes completo para que cumplan, solo en caso de alguna comisión especial o alguna justificación médica, la contraloría analizaría el caso específico.

Comentó que las sanciones para los que no cumplieron son varias, desde una amonestación, hasta la sanción económica e incluso la baja del gobierno, ya que esto la declaración patrimonial es totalmente importante.

Fuente: Diario de Quintana Roo

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Investigarán a un funcionario municipal

No se pasará por alto a ningún empleado del Ayuntamiento que esté filtrando información acerca de los planes operativos de la policía y el Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial, por lo que se investigará el caso de Ángel Alcocer Arce, quien fue acusado de advertir de los operativos. El secretario general del Ayuntamiento, Jorge Alberto Martín Azueta, informó que es muy delicado que se esté filtrando información acerca de los operativos que pretende realizar la Dirección de Seguridad Pública y el Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial, como denunciaron vecinos de la colonia San Miguel II, quienes con fotos denunciaron a Angel Alcocer Arce, quien labora en el Ayuntamiento y advirtió del operativo que se efectuaría en dicho lugar.

En este sentido, mencionó que un clandestino es un lugar donde se ejercen actividades ilegales, como la prostitución o venta sin permiso de licores, por lo que al ponerlos sobre aviso hará muy difícil erradicarlos.

De igual manera entra la duda de qué sucederá cuando se lleven a cabo operativos para buscar a un narcotraficante o delincuente, ya que no se tendrá la confianza con las personas que laboran en el Ayuntamiento o en la propia policía, por el temor de que se llegara a filtrar la información.

Martín Azueta exhortó a la ciudadanía a que denuncien a las personas que alerten de los operativos policiacos, para darle el oportuno seguimiento en la Dirección de Asuntos Internos y buscar a la persona responsable a la cual se está acusando.

El funcionario aseguró que si las investigaciones arrojan que la persona señalada es culpable, se procederá como lo indica el reglamento interno del Ayuntamiento, ya que se busca trabajar para el bienestar de la Isla y es una irresponsabilidad que se esté filtrando información.

El funcionario también mencionó que se vigilará que se lleven a cabo correctamente los operativos, siempre y cuando se realicen como lo indica la ley y sin violar ninguna garantía, es por ello que se está buscando la mejor estrategia para poder erradicar los prostíbulos.

Fuente: Diario de Quintana Roo

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Destapan la cloaca de corrupcion.

Hundimiento de lancha destapa la cloaca. La embarcación que se hundió el jueves pasado a medio Canal de Cozumel con nueve personas a bordo, no sólo era inapropiada para tal viaje sino que ni siquiera se llamaba como se dijo, operaba con matrícula “sobrepuesta” y haciéndose pasar por otra embarcación para poder navegar con sus permisos dentro del Parque Marino; todo lo cual sólo es posible mediante la corrupción.

El hundimiento de la embarcación “Nora Gabriela” verdadero nombre de la lancha que operaba ilegalmente con el nombre “Living Underwater” el jueves pasado en Cozumel, no sólo puso en grave riesgo la vida de nueve personas, sino que puede volverse un incidente que desnude la forma como opera la corrupción y el tráfico de influencias entre la Capitanía de Puerto, el Resguardo Marítimo Federal y los empresarios y boteros de la isla a los que les gusta irse “por la libre”.

Además, en el caso particular de la empresa involucrada, Scuba Mau, este es sólo el más reciente de una serie de problemas e incidentes que incluyeron un terrible accidente de buceo ocurrido el tres de septiembre del año pasado, cuando quienes entonces eran el personal y los guías de ese negocio, participaron en una excusión de buceo entre ellos mismos, la cual terminó en tragedia.

Dado que no hubo denuncia por los hechos ni estuvieron turistas involucrados, el asunto quedó como una anécdota trágica que sólo se conocía dentro del medio del buceo local y entre muchos extranjeros que lo ventilaban por Internet, pero ahora ha resurgido tras el naufragio de la lancha.

En aquel accidente tres buzos sufrieron una grave descompresión causada por lo que muchos en la isla califican como un buceo imprudente en el que se tomaron riesgos innecesarios; de ellos, Heath Hood, norteamericano, fue el menos afectado y tras un tratamiento hiperbárico se recuperó casi por completo; otro, Gabriel Silva, “El Gabi Loco”, mexicano y cozumeleño, resultó afectado en las dos piernas porque una burbuja se le alojó en la columna vertebral y le impide movilizarse, aunque no está desahuciado y sigue en tratamiento.

La peor librada fue la buza norteamericana Opal Cohn Torelli, en ese entonces socia mayoritaria de Scuba Mau, quien emergió de aquel fatal buceo consciente pero paralizada del cuello para abajo y cuya condición fue empeorando hasta que murió días después en un hospital de los Estados Unidos al que fue trasladada por avión desde Cozumel por su familia, y a donde llegó ya en estado de coma.
Ninguno de ellos tenía seguros y entre los buzos de Cozumel y sus amigos se realizaron colectas, cenas, subastas y hasta se abrieron cuentas bancarias para apoyarlos.

Tras la tragedia, la empresa Scuba Mau se dividió en dos negocios diferentes, uno conservó ese nombre comercial y el otro se llama “Opal’s Dream” (el sueño de Opal); dividieron también los bienes y la empresa que se quedó con el nombre conservó la embarcación “Nora Gabriela” que fue la que realmente se fue a pique el jueves pasado.
La lancha en cuestión era una embarcación modificada del tipo fondo de cristal, inadecuada para hacer viajes cruzando aguas profundas y que además iba sobrecargada con nueve personas, 18 tanques, comida, bebida y todos los equipos, tratando de cruzar el Canal de Cozumel con un solo motor Yamaha 250 fuera de borda y sin dar aviso de su salida a la Capitanía de Puerto.

Ahora, tras el hundimiento las autoridades de la Capitanía y del Resguardo Marítimo intentan ocultar que se trataba de una lancha de fondo de cristal modificada y no quieren que se investigue más porque saben que los datos de la lancha hundida no corresponderán con los asentados oficialmente en la matrícula 2304001014-6, la cual no le pertenece a ese casco sino a la verdadera “Living Underwater”, un bote de buceo que empezó sus días como el “Aldora II” que se hundió por última vez el verano pasado y que ahora se encuentra arrumbado en tierra a orillas de la marina natural Caleta.

Esa lancha en realidad pertenece a Maximiliano Zúñiga, dueño de un negocio de reparación de lanchas y motores llamado “Servicios Náuticos Max”, quien rentó indebidamente la matrícula, los certificados de seguridad marítima, el permiso de turismo náutico y los permisos de operación de Parque Marino de la “Living Underwater” a Maurizio Torelli, (identificado por otras fuentes como Mauricio Turilla) operador de Scuba Mau y dueño de la “Nora Gabriela” embarcación que nunca reunió los requisitos para tener esos permisos y esos certificados y que por eso no podía entrar con su verdadera matrícula al Parque Marino.

No se pueden traspasar ese tipo de permisos y matrículas oficiales así como así y las autoridades del Resguardo Marítimo Federal en Cozumel, a cargo de Genaro Escalante Medina, y de la Capitanía de Puerto, a cargo de Eduardo Meixueiro Mancisidor, tendrían que haberse dado cuenta de inmediato que la embarcación que se ostentaba como la “Living Underwater” matrícula 2304001014-6, era en realidad la “Nora Gabriela” matrícula 230410161-4 ya que se supone que ellos llevan un control y que hacen cotidianamente una inspección de las embarcaciones en los muelles para verificar que lleven radios, chalecos y documentos en regla, además de que la lancha debió dar aviso de su partida hacia la costa a la Capitanía de Puerto para el caso de una eventualidad, como la que sucedió.

Como el casco de la “Nora Gabriela” se fue a pique en más de 500 metros de agua, esa lancha nunca será rescatada y como los involucrados saben que los papeles están “chuecos” confían en que nadie pueda demostrar que se trataba de otra lancha y que esa lancha tuvo un fondo de cristal, modificado luego como una caja para enhielar pescado, inadecuada para un viaje de ese tipo que sólo por suerte no terminó en otra tragedia para “Scuba Mau” y en un golpe demoledor para el destino turístico.

Aunque todos en Cozumel se alegran de que hayan salido con vida, también hay una fuerte crítica a esta operación de buceo que no es parte de ninguna de las asociaciones del ramo, que al parecer ahora hasta carece de un local (el local se lo quedó “Opal´s Dream”) y sólo opera a través de Internet –en una página que por cierto, sigue ofertando sus servicios como si nada-, a la cual señalan de arriesgar de manera innecesaria las vidas de sus clientes y empleados y poner en riesgo la imagen de Cozumel como un destino seguro y de altos estándares para el buceo.
Paradójicamente, en las páginas de viajes como “TripAdvisor”, la tienda de buceo “Scuba Mau” obtiene las más altas calificaciones de quienes “suben” sus críticas a esos foros, pero a nivel local, su fama no ha salido bien librada de todos estos incidentes.

En cuanto a las autoridades de Capitanía de Puerto y del Resguardo Marítimo, el naufragio de la “Nora Gabriela” desnuda los teje manejes que se dan entre estas instancias y quienes gustan de “aceitar la burocracia” para que las cosas funcionen; la otra explicación es que no lo supieran y eso demostraría que, simplemente, no hacen su trabajo. Lo grave es que se pone la vida de seres humanos en riesgo y que esto nunca se nota hasta que, finalmente, ocurren los accidentes.

Fuente: Por esto!

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“Congelan” a 6 inspectores por corruptos

A la “congeladora” se fueron seis inspectores del Departamento de Verificación de Ordenamiento Comercial de la Tesorería, antes fiscales, para ser investigados ante una presunta acusación de recibir dinero de parte de un vendedor ambulante para dejarlo trabajar en un área no permitida.

La súbita baja temporal de Luis Cárdenas, Manuel Cetina, Edgar Cinto, Herbe Cetina, Francisco Aké, y el coordinador de ellos Víctor Cabrera, la dio a conocer Manuel Ismael Conrrado Martínez, director de Asuntos Internos municipal, al aceptar que “la semana anterior recibí de parte de Gamaliel Arana Chan, contralor municipal, la instrucción de abrir una investigación contra este grupo de inspectores por actos de corrupción que presuntamente se realizó el día 3 de diciembre del 2011, en relación a que presuntamente recibieron dinero de un comisionista por dejarlo trabajar fuera de su área permitida”.

De acuerdo a sus declaraciones, “solamente dos inspectores presumiblemente recibieron dinero y los otros iban de acompañantes, por lo cual se dio paso a la investigación y mientras se desarrollen, los inspectores están suspendidos sin el goce de sueldo”.

Tomó como referencia para suspender a los inspectores el capitulo IV, artículo 72, inciso V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, donde se cita textualmente “En cualquier momento, previo o posterior al citatorio al que se refiere la fracción I del presente artículo, la Secretaría de la Contraloría podrá determinar la suspensión temporal de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así conviene para la conducción o consecución de las investigaciones; la suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La determinación de la Contraloría hará constar expresamente esta salvedad”.

El dato llamativo de este asunto es que el propio Conrrado Martínez, dijo que la denuncia fue interpuesta directamente en la Contraloría municipal por un ciudadano de nombre Jesús Wences Cruz, sin embargo, menciona que “ya vino el señor, ya manifestó que no les dio dinero (a los fiscales), que solamente los saludó, y hay varios puntos ahí que no encajan dentro de la investigación”.

Dice que “se supone que el pasado 3 de diciembre, un grupo de inspectores municipales recibió de parte de Jesús Wences dinero para dejarlo trabajar fuera de su área permitida, la entrega de dinero presuntamente se dio en un saludo, y hubo testigos que fotografiaron el momento, aunque ese día al susodicho se le levantó un citatorio por trabajar fuera de su área y ese mismo día pagó una multa de 567 pesos, pero que hay testigos que aseguran que le dio dinero a fiscales, que ahora están suspendidos, pero de no encontrarlos culpables se les reinstalará y se les pagará los sueldos caídos” aseguró.

Fuente. Por Esto!

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“Premian” a implicados en la “pipa” chatarra

Dejan su cargo dos funcionarios municipales implicados en el caso de la pipa chatarra que se hizo pasar como nueva; aunque su salida no parece ser un castigo, sino todo lo contrario, debido a que ahora serán transferidos a otros cargos; uno de ellos incluso se debe incorporar desde este miércoles al personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en tanto que el otro será canalizado al departamento de contabilidad del ayuntamiento cozumeleño.

El polémico caso de la pipa que costó al ayuntamiento cozumeleño la cantidad de 580 mil pesos y nunca sirvió, tiene un nuevo episodio. Ahora se trata, de acuerdo a fuentes del propio ayuntamiento, de la salida de sus puestos de dos de los personajes o funcionarios municipales involucrados en el tema, quienes se van de los cargos que hasta este martes ocupaban.

Uno de ellos es Luis Fernando Marrufo Canto, director de Patrimonio de la pasada y actual administración municipal, a quien se le señala de haber dado de alta este vehículo aún cuando presentaba fallas y se determinó desde el taller mecánico del ayuntamiento que la unidad adquirida a Alfredo Elías Buces de la empresa “Partes Industriales” radicada comercialmente en Naucalpan, Estado de México, no era nueva.
Las fuentes sostienen que este funcionario ya hizo la obligatoria entrega- recepción a la comuna y sólo cobrará este día su última quincena, porque este miércoles se integrará al Tribunal Superior de Justicia de Chetumal.

En cuanto a Carlos Isabel Mendoza Quijano, ex contralor y actual subcontralor del municipio, se maneja que desde este miércoles pasará a formar parte del departamento de contabilidad, y a pesar de que estaba en la misma oficina de la Contraloría a cargo de Gamaliel Arana Chan, quien dirige las investigaciones, será hasta el próximo 22 de noviembre a las once de la mañana cuando sea citado a declarar en torno al caso, del que los informantes dicen que debió, en su carácter de contralor en la pasada administración municipal, tomar cartas en el asunto para que la unidad fuese reparada y/o sancionar al funcionario que lo tenía en resguardo por haberla dejado inoperable, pero nunca lo hizo.

Este funcionario, en entrevista pasada, aceptó que conoció la situación de este vehículo, e incluso que el motor fue llevado a la ciudad de Mérida, Yucatán, pero no hizo nada más.

Desde que se dio a conocer el caso de manera pública, se dijo por parte de Gamaliel Arana Chan, contralor municipal, que habría sanciones a los que resultaran culpables; no obstante, parece que quedará al final en un discurso, porque de a poco se han ido separando a los involucrados y aún faltan funcionarios por declarar.

Fuente: Por Esto!

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Siguen la pista a las partes de la “pipa chatarra”

Empieza a aclararse el fin que tuvieron las piezas de la pipa chatarra con la que se defraudó al municipio. “El cabezote del motor de la pipa y la caja de velocidades se le vendió a un volquetero local, mientras que la parte restante del motor fue enviada a reparación a un taller de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde, se presume, fue vendido pensando que el tema no saldría a la luz pública y porque faltaba poco para que la Dirección de Patrimonio, que encabeza Luis Fernando Marrufo Canto, la diera de baja para venderla en calidad de chatarra”, aseguran fuentes internas del ayuntamiento.

Las fuentes afirman que José Enrique Gutiérrez Ceballos (a) “El Iguano” trabajaba estrechamente con la persona que instaló un taller mecánico sobre el kilómetro 3.5 de la carretera transversal, donde actualmente se encuentra la pipa abandonada, y fue quien orquestó el desmantelamiento de la unidad, específicamente del motor, la caja de velocidades, las cuatro llantas, neumático de refacción, y el cabezote del motor, de todos éstos la caja de velocidades y el cabezote del motor presuntamente se los vendió a un volquetero en la isla, mientras que el resto del motor fue llevado a la ciudad de Mérida, Yucatán, a reparación hace poco más de un año y hasta la fecha no lo han regresado, y circula la versión de que al creer que la pipa iba a ser dada de baja por la Dirección de Patrimonio para venderla como chatarra y borrar evidencias, vendieron el motor en aquel estado. José Enrique Gutiérrez Ceballos es la persona que fue demandada por la síndico municipal ante el ministerio público por este caso.

Las mismas fuentes señalan que es necesario aplicarles un correctivo a las personas que estuvieron involucradas en el desmantelamiento de la unidad, “pero también a los funcionarios involucrados en la compra de este vehículo que no duró mucho tiempo en servicio, porque desde que lo trajeron acusaba un deterioro marcado que no correspondía a una pipa nueva, e incluso, si fuera nueva, el precio sería mucho mayor a los 580 mil pesos que costó éste”, y que a la fecha buscan sancionar a los que robaron piezas, para salvar a los funcionarios que la compraron y dejaron en abandono en detrimento de la propia comuna.

Fuente: Por Esto!

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“No se solapará a funcionarios”

“Ningún funcionario ni de primer, ni de cuarto nivel, será solapado en actos de corrupción y por ello en esta semana habrán los primeros cambios en mandos medios y al llegar a los 100 primeros días, habrán cambios en mandos superiores en dependencias que ya se estaban viendo afectadas por una u otra cuestión”, anunció el presidente municipal de Cozumel, Aurelio Joaquín González.

Cuestionado sobre el caso del saqueo de piezas del corralón de Seguridad Pública (como lo dio a conocer el POR ESTO! de Quintana Roo, el pasado 30 de mayo) y las acusaciones mutuas entre policías, la Contraloría y la Subcontraloría, el alcalde consideró que a todas luces los involucrados en actos de corrupción están tratando de desvirtuar la labor de investigación de dicho órgano, afirmó.

Joaquín González dijo que los inculpados, están tratando de evadir las responsabilidades de las acciones cometidas por ellos mismos, así como culpar a los que los están culpando, como en el caso de las acusaciones a la Contraloría, por lo que dijo que la Auditoría Superior Estatal vendrá a supervisar y a efectuar una auditoría en el expediente del caso del saqueo de piezas del corralón, con el fin garantizar a la comunidad que las cosas se harán debidamente.

En el mismo sentido refirió que si existen ciertas acusaciones o señalamientos hacia los directivos de la Contraloría, debe de ser porque ellos son quienes están realizando las investigaciones, pero garantizó que también ellos serán supervisados, anunciando que tal y como lo prometió “les pedí 30, 60 y 90 días y les cumpliré, no permitiré ningún acto de corrupción en mi gobierno, no permitiré que ningún funcionario dañe a la ciudadanía, ni los intereses del municipio”.

Firmemente confirmó que los primeros cambios podrán ser en Seguridad Pública, toda vez que dijo que “dentro de los primeros 100 días los primeros cambios ya se están viendo por donde podrían ser, hay varias dependencias que en las que ha entrado el contralor Gamaliel Arana, ustedes tienen nombres de ellas y sí, les digo que esas son las dependencias donde habrán los primeros cambios inmediatos en esta misma semana y será con los mandos medios, al llegar a los 100 días, haremos cambios en los mandos altos”, anunció.

Afirmó que esta decisión es derivada de su compromiso con la comunidad, ya que dijo que habló con cada director de su compromiso refiriendo que “les dije que tenían 30, 60 y 90 días de oportunidad para cumplirle a la comunidad, para demostrar honestidad, ética y que se está cumpliendo con la tarea que se les encargó y que no se están sirviendo del pueblo” aseguró.

Fuente: Por Esto!

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