Nueva amenaza de ecocidio

En la zona de Punta Tormentos se contempla en el mediano plazo realizar un nuevo proyecto de “megadesarrollo” que incluye diferentes servicios e instalaciones, pero sobre un terreno que es manglar y pertenece a la zona de amortiguamiento del Parque Marino.
Una vez más, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo económico de la isla entrarán en conflicto, pues apenas se empiezan a conocer los detalles de lo que se planea construir en el área de Tormentos.
Es la misma zona donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, acaba de clausurar la semana pasada los trabajos de construcción de calles de acceso que son parte de ese proyecto, y cuya existencia fue publicada en estas páginas desde diciembre del año 2009.
El megaproyecto que ahí se planea, está conectado con la pista aérea que se inauguró también recientemente, y cuya construcción significó también un conflicto ambiental e implicó igualmente un proceso de clausura por parte de la Profepa.
Esa pista aérea queda enfrente de las obras clausuradas por la misma Profepa la semana pasada, sólo que está del otro lado de la carretera y en la parte que queda en medio, la cual también es un manglar, se han construido lo que parecen ser calles que conectan ambas cosas.
De acuerdo a documentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno del estado, la Seduma, el proyecto integral incluye edificios de servicio en la pista y un lago artificial, así como un futuro campo de golf y un club de playa.
La inversión es cuantiosa y se planea en el mediano plazo, sin embargo, los terrenos son manglares y se supone, de acuerdo al artículo 60-TER de la Ley General de Vida Silvestre que no podría modificarse nada en ellos al ser manglares.
Además, se trata de la zona de amortiguamiento que rodea a la costa del Parque Marino Nacional Arrecifes de Cozumel y son terrenos considerados en el inventario del acuerdo Ramsar, una convención internacional para la conservación de los manglares y las tierras húmedas de la que nuestro país es firmante.
Deberían ser las autoridades federales las que pongan orden y digan qué es lo que se puede o no se puede hacer en esos y otros predios codiciados tanto por los empresarios como por los conservacionistas.
Sin embargo, las autoridades federales encargadas de estos asuntos, la Profepa y la Semarnat, no tienen siquiera una oficina en la isla para fijar una posición al respecto.

fuente: Por Esto!