“Complot” contra el medio ambiente

Denuncian ecologistas presunta “mancuerna” entre funcionarios estatales y despachos especializados en cuestiones ambientales para autorizar en Cozumel diversas urbanizaciones que no cumplen con las leyes federales sobre el medio ambiente, pero cuentan con la “luz verde” de estos funcionarios.
Los señalados son Angel Mota Salazar, director del Instituto Estatal de Impacto y Riesgo Ambiental, (Inira); y el biólogo Nicolás Carrillo Fajardo, hoy dedicado al negocio de la consultoría ambiental privada, pero ex director de Ecología del municipio de Cozumel, al igual que Mota Salazar.
Carrillo Fajardo detentó ese cargo bajo la administración municipal de Carlos Hernández Blanco (2002-2005), mientras que Mota Salazar lo hizo en el trienio que presidió como alcalde de Cozumel el hoy gobernador Félix González Canto (1999-2002).
Mota Salazar fue el mentor de Nicolás Carrillo y prácticamente le heredó el cargo de director de Ecología, que también había tenido Angel Mota bajo el mandato de Víctor Vivas (1996-2002), cuando por cierto, ese cargo incluía también la responsabilidad del desarrollo urbano, pues la dirección se llamaba justamente Desarrollo Urbano y Ecología.
De acuerdo a la denuncia que hace el grupo ecologista Citymar, ambos personajes han desarrollado una productiva unión que consiste en que Angel Mota, como funcionario a cargo de aprobar proyectos de todo tipo en todo el estado a través del Inira, entidad dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), le hace la atenta “recomendación” a las personas interesadas en obtener permisos, para que acudan a solicitar los servicios del despacho donde trabaja Nicolás Carrillo, cuyos trabajos tienen prácticamente garantizada la inmediata aprobación.
Aunque no aportó más pruebas que su reflexión y observaciones al respecto, la presidenta del grupo ecologista Citymar, Guadalupe Alvarez, dijo que si se observa el historial de proyectos presentados por el despacho donde labora Nicolás Carrillo y su porcentaje de aprobación ante el Inira que dirige Mota Salazar, se podría fácilmente establecer la relación.
Adelantó que será esta supuesta “mancuerna” –la cual en caso de existir sería ilegal pues representaría un claro acto de corrupción y de conflicto de intereses– la que se encargará de emitir los permisos con los que piensan acapararse un grupo de empresarios que han adquirido del gobierno del estado los terrenos llenos de manglares y lagunas de Punta Tormentos y piensan realizar en ellos una urbanización incompatible con la condición natural de la zona, protegida por leyes federales.
No sería la primera vez que Angel Mota otorga un permiso para iniciar obras que luego son suspendidas por el gobierno federal al carecer de autorizaciones de la autoridad competente, que es justamente la federal y no la estatal, con lo que se podrían además estar invadiendo funciones.
El mismo funcionario dio el permiso para empezar la pista aérea, cercana por cierto a Punta Tormentos, donde luego de devastar 90 mil metros de selva, se comprobó que no había permisos federales ni cambio de uso de suelo forestal y el asunto derivó en una clausura ejercida por el gobierno federal a través de la Profepa.
En Punta Tormentos el agravante es que son manglares que además, son parte de la costa del parque marino.

Fuente: Por Esto!