Caleseros demandan a la Comuna ante el Tribunal Superior de Justicia

El Tribunal Superior de Justicia emitió el fin de semana pasado un recurso de suspensión a favor de cuatro de los cinco concesionarios que prestan el servicio de calesas tiradas por caballos, contra la suspensión definitiva emitida por la Dirección de Ecología por el incumplimiento de los reglamentos municipales de Ecología y Transporte, y la Ley de Protección y Bienestar Animal (LPBA). Los caleseros demandaron al gobierno municipal ante la Sala Constitucional de lo Contencioso Administrativo.

A partir de hoy lunes, 15 de las 16 calesas reanudarán actividades después de 15 días de inactividad. Lo anterior fue confirmado por la directora Jurídica del Ayuntamiento, Margarita Vázquez Barrio.

El viernes 9 de marzo, el titular de la Dirección de Ecología fue notificado de la resolución emitida por el Juzgado y el próximo 16 de mayo comparecerán ante la autoridad judicial. El juicio puede durar de seis meses hasta dos años antes de resolver la situación legal. Los concesionarios convocarán a una conferencia de prensa en el interior del estacionamiento El Vacío, para dar a conocer las nuevas medidas para "regular" la actividad.

El 26 de febrero, Orlando Toledo Hernández, ex subdirector de Ecología y actual secretario técnico de Medio Ambiente, notificó a los cinco dueños de las 16 calesas de la suspensión definitiva de actividades.

La resolución fue con base en presuntas faltas a la LPBA y reglamentos municipales, entre las que se encuentran: falta de limpieza de los paraderos, problemas físicos tanto en los caballos como en los vehículos.

Los caleseros han sido señalados públicamente y en redes sociales de maltratar a los equinos, no respetar el convenio firmado en julio 2011 con el gobierno local y ocasionar un accidente cuando una calesa transportaba a cuatro turistas en la avenida Rafael E. Melgar.

El concesionario Gustavo Antonio Ortegón Verdugo dijo que cuatro caleseros interpusieron un recurso de amparo ante el Juzgado de Distrito en la ciudad de Cancún, en la cual la autoridad federal se declaró incompetente para procesar el caso y negó la medida cautelar.

Por lo tanto, el 2 de marzo José Julio Azcorra Rejón, José Raúl Alcocer, Gustavo Ortegón Verdugo y Ángel Quijano presentaron ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial denuncias contra la suspensión de actividades entre las que se encuentra la 55/2012.
Marco Antonio Gutiérrez, dueño de una concesión, fue el único que no interpuso la demanda, pero cuenta con cinco días para interponer el recurso.

Ortegón Verdugo comentó que el argumento implementado en la demanda fue que la medida afectaba su economía, que estaban realizando una actividad lícita y que contaban con 18 años ejerciendo el trabajo.

En promedio cada concesionario gastó 20 mil pesos para promover la demanda.

La directora Jurídica del Ayuntamiento declaró que el vienes 9 de marzo personal del Poder Judicial notificó a la Dirección de Ecología de la suspensión provisional respecto a la suspensión definitiva emitida por la dependencia contra los caleseros.

En la resolución judicial se menciona: "Toda vez que no se lesiona el interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, se llegó a la conclusión de la procedencia de la medida solicitada, interrumpiéndose el estado de suspensión que pesa sobre el servicio público (de calesas) en tanto se resuelve el fondo de este asunto".

El gobierno municipal cuenta con 10 días hábiles para contestar la demanda y el 16 de mayo se llevará a cabo la primera audiencia en la ciudad de Chetumal.

Vázquez Barrios dijo que el Ayuntamiento respetará la resolución y se reunirán con los caleseros para regular la actividad. Los operativos de revisión continuarán de manera regular para detectar anomalías en el servicio.

Fuente: Novedades de Quintana Roo