Va gobierno a última instancia en defensa del patrimonio municipal

El asunto legal del parque Urba, ubicado cerca del Aeropuerto, está en una situación avanzada, ya que un juez federal ratificó la primera sentencia que se dio en los tribunales de primera instancia, donde le da la razón a la familia Villanueva que exige la posesión del predio, a pesar de que es un espacio que ha sido público desde muchos años.

La directora de asuntos jurídicos del ayuntamiento, Margarita Vázquez Barrios, indicó que la instrucción del presidente municipal, es llegar hasta las últimas instancias para que se haga notar a la autoridad que este predio es un bien público y seria lamentable que se pierda.

Explicó que en primera instancia, la administración anterior no logró demostrar que se trata de un bien público, por lo que se le notificó al Ayuntamiento esa sentencia a favor del particular, por lo que se procedió a apelar esa resolución.

"Ahora nos iremos a los magistrados para saber la decisión definitiva con respecto a este juicio, indicó Vázquez Barrios, quien recientemente había señalado que el Ayuntamiento tenía las de ganar.

La funcionaria aceptó que el ayuntamiento actual está atado de manos por que la primera instancia se ha resuelto, ya que pese a ser un bien público no se pudo demostrar en el procedimiento que se llevó en el trienio pasado, sin embargo hay una última instancia que está analizando este asunto.

Sin embargo, confió en que ahora la autoridad federal brinde la razón al ayuntamiento, se ha utilizado el recurso del amparo para hacer notar que se trata de un bien público, por lo que ahora es cuestión de tiempo para saber a quien se le dará la razón legal, pero esto podría tardar algunos meses más.

Como se sabe, el litigio de este parque entre un particular y el Ayuntamiento de Cozumel, inició durante el periodo administrativo anterior; sin embargo debido a errores jurídicos cometidos en esa administración, el expediente ingresó a los tribunales sin mucho fundamento a favor del Ayuntamiento.

El primer error que se cometió fue que a los responsables del departamento jurídico, se les olvidó presentar en tiempo y forma, todas las pruebas que se había logrado investigar sobre la situación del parque, por lo que el juez en materia determinó invalidar esas pruebas y el ayuntamiento no pudo acreditar la legítima posesión del parque.

Fuente: El Quintanarroense

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Regularizan patrimonio

La Unidad Deportiva Revolución es oficialmente propiedad del Gobierno municipal, luego de un proceso de regularización de la tierra promovido por el jefe del Ejecutivo estatal, Roberto Borge Angulo. El alcalde Aurelio Joaquín realizó la firma del convenio con el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) el cual da certidumbre al proceso. La representante del IPAE en Cozumel, Sandra Bello Gutiérrez y el edil cozumeleño Aurelio Joaquín realizaron la firma del acuerdo en la que se oficializa que la Unidad Deportiva Revolución, ubicada en la Colonia Emiliano Zapata, pasa a formar parte del patrimonio municipal. En ese sentido, la representante del IPAE en Cozumel enfatizó que la firma de este convenio representa el inicio de un proceso muy importante para dar certidumbre al patrimonio municipal, en virtud de que varios espacios públicos aún no se han regularizado. Tras la firma de este primer convenio se dará seguimiento a este proceso, que beneficiará no sólo al Gobierno municipal, sino a muchos particulares que son posesionarios de predios que aún no han sido regularizados. Por su parte, el edil destacó la importancia de esta iniciativa del gobernador Roberto Borge, toda vez que además de dar certeza al patrimonio municipal, permitirá también al Ayuntamiento gestionar recursos para aplicarlos en esas áreas que legalmente eran propiedad del Gobierno del estado. Fuente: Respuesta

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Más responsables en el caso de la “pipa” chatarra

“La Dirección de Patrimonio Municipal debió haber verificado físicamente la pipa adquirida como nueva, antes de haberla entregado a resguardo de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, ya que tienen la obligación de hacerlo, además de que la Contraloría debió vigilar el correcto uso del patrimonio municipal (la pipa), lo que no se hizo y a la basura se fueron los 580 mil pesos invertidos para la compra de este camión que no era nuevo, sólo estaba recién pintado cuando se entregó”, dijeron fuentes extraoficiales del ayuntamiento.

La información proporcionada señala primeramente que antes de que la Zofemat eligiera la opción de adquirir esta pipa, un proveedor de nombre Aarón Burgos le trajo al municipio un vehículo nuevo de estas características, que estuvo sólo por catorce días en Cozumel y por alguna razón desconocida se lo llevaron nuevamente. Fue en eso que se eligió la opción presentada por Alfredo Elías Buces, de la empresa “Partes Industriales”, que “ofertó” la unidad supuestamente nueva, modelo 2008, en 580 mil pesos, lo que pareció buena opción a las autoridades de Zofemat y la compraron el 21 de agosto del 2009, para destinarla al área de aseo urbano.

Sin embargo, las fuentes afirman que al arribar el vehículo en cuestión presentaba únicamente pintura nueva, porque varias partes acusaban de se trataba de un camión usado y no nuevo como aseguraba la factura, y afirman que corrió a cargo de personal de la Dirección de Patrimonio Municipal hacer la verificación física del vehículo antes de darle de alta en el sistema el 4 de septiembre del 2009 y proporcionarle el estatus de un bien del ayuntamiento.

En entrevista pasada, Luis Fernando Marrufo Canto, director de Patrimonio municipal, manifestó que “tuvimos conocimiento de la pipa a mediados del mes de agosto cuando nos mandan una copia de la factura y el 4 de septiembre le dimos de alta en el sistema, ya se le pone su número de inventario, se le da de alta, y firma en resguardo la persona que va a tener a cargo este vehículo, en aquel entonces estaba José Rafael Quiñones, que era el director de Servicios Públicos Municipales, él tenía a cargo esa pipa”.

Se sabe que ese mismo día José Manuel Rangel, que en ese entonces ocupaba el cargo de jefe del taller mecánico del ayuntamiento, redactó un escrito dirigido a José Rafael Quiñones, que era director de Servicios Públicos, especificándole diversas anomalías que presentaba la unidad, resaltando entre varios puntos que las seis llantas estaban desgastadas y la de refacción estaba ponchada, evidenciando la compra.

Citan las fuentes que la Contraloría Municipal debió, como parte de sus funciones, vigilar el correcto uso del patrimonio municipal, lo que no hizo, porque el camión está abandonado y desmantelado hace más de un año, en el interior de un predio que funcionó como un taller mecánico de dudosa confiabilidad, y que, a decir del mismo ex contralor Carlos Isabel Mendoza Quijano, sabe que el motor de la unidad se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán, pero no conoce en qué taller.

Fuente: Por Esto!

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