Va gobierno a última instancia en defensa del patrimonio municipal

El asunto legal del parque Urba, ubicado cerca del Aeropuerto, está en una situación avanzada, ya que un juez federal ratificó la primera sentencia que se dio en los tribunales de primera instancia, donde le da la razón a la familia Villanueva que exige la posesión del predio, a pesar de que es un espacio que ha sido público desde muchos años.

La directora de asuntos jurídicos del ayuntamiento, Margarita Vázquez Barrios, indicó que la instrucción del presidente municipal, es llegar hasta las últimas instancias para que se haga notar a la autoridad que este predio es un bien público y seria lamentable que se pierda.

Explicó que en primera instancia, la administración anterior no logró demostrar que se trata de un bien público, por lo que se le notificó al Ayuntamiento esa sentencia a favor del particular, por lo que se procedió a apelar esa resolución.

"Ahora nos iremos a los magistrados para saber la decisión definitiva con respecto a este juicio, indicó Vázquez Barrios, quien recientemente había señalado que el Ayuntamiento tenía las de ganar.

La funcionaria aceptó que el ayuntamiento actual está atado de manos por que la primera instancia se ha resuelto, ya que pese a ser un bien público no se pudo demostrar en el procedimiento que se llevó en el trienio pasado, sin embargo hay una última instancia que está analizando este asunto.

Sin embargo, confió en que ahora la autoridad federal brinde la razón al ayuntamiento, se ha utilizado el recurso del amparo para hacer notar que se trata de un bien público, por lo que ahora es cuestión de tiempo para saber a quien se le dará la razón legal, pero esto podría tardar algunos meses más.

Como se sabe, el litigio de este parque entre un particular y el Ayuntamiento de Cozumel, inició durante el periodo administrativo anterior; sin embargo debido a errores jurídicos cometidos en esa administración, el expediente ingresó a los tribunales sin mucho fundamento a favor del Ayuntamiento.

El primer error que se cometió fue que a los responsables del departamento jurídico, se les olvidó presentar en tiempo y forma, todas las pruebas que se había logrado investigar sobre la situación del parque, por lo que el juez en materia determinó invalidar esas pruebas y el ayuntamiento no pudo acreditar la legítima posesión del parque.

Fuente: El Quintanarroense