Impune crimen ecológico

Luego de más de cuatro años de presentadas las denuncias y tras haberse usado el incidente como pretexto para cancelar en los hechos la garantía constitucional de libre tránsito en el otro lado de la isla, el crimen ecológico cometido con la apertura ilegal de caminos en esa zona de Cozumel, sigue impune.
En el año 2005, sin permiso de las autoridades federales competentes en el asunto y sólo amparados en un permiso estatal, se abrieron de manera indebida caminos destruyendo selva y dunas al norte de Mezcalitos.
Por estos hechos, se presentaron sendas denuncias “contra quien resulte responsable” ante la PGR y cuando las cosas salieron a la luz pública, a principios del 2006, la reacción del gobierno municipal fue aprovechando la indignación generalizada, cerrar el acceso hacia Punta Molas supuestamente para que quienes habían abierto ilegalmente esos caminos, no pudieran hacer uso de ellos; pero en realidad, lo que se hizo fue impedir el paso de todos los habitantes de la isla por más de dos años.
Sin embargo, luego se supo que el ayuntamiento de aquel entonces, encabezado por Gustavo Ortega Joaquín, ya había iniciado el proceso de vender esa zona de la isla y permitir que se construyera ahí, en una zona hasta hoy bajo una protección ecológica especial, un proyecto inmobiliario que encabezaba el especulador inmobiliario internacional Donald Trump.
Además se supo que la persona favorecida con un permiso que luego resultó haber sido emitido de forma indebida por el gobierno del estado, fue un italiano llamado Enrico Fracassi, quien se ostentaba como representante legal de una empresa llamada Trans Caribbean Trust, que hasta la fecha se dedica a vender terrenos de playa en todo el Caribe mexicano.
En el caso de Cozumel, esas ventas fueron también indebidas en el sentido de que ofrecían terrenos para construir residencias al norte de Mezcalitos, donde tanto los asentamientos humanos como la construcción de viviendas con materiales duros, están prohibidos.
A pesar de eso, muchas personas sobre todo de origen extranjero han comprado esos terrenos y se les ha dicho que en el futuro se les permitirá hacer con ellos lo que quieran, lo cual está por verse ya que se trata de una zona ecológicamente sensible de la isla que además, está a punto de ser declarada área de protección de flora y fauna.
Lo que queda aún pendiente es que la PGR determine qué personas fueron las responsables de la apertura de esos caminos para que los presente ante un juez, los documentos que existen están emitidos a nombre del ejidatario Claudio Góngora Coral y del mencionado italiano Enrico Fracassi.

fuente: Por Esto!