Noticias de Cozumel

Las notas locales de los principales periódicos del estado en un solo lugar.

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Mostrando entradas con la etiqueta Juan Carlos Gonzalez Hernandez. Mostrar todas las entradas
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4 de enero de 2012

Contradicciones en afirmación de Juan Carlos González

Existen contradicciones en la declaración del ex alcalde Juan Carlos González Hernández, luego de que afirmó desconocer quién autorizó las licencias de construcción a la plaza Royal Village, toda vez que el director de Desarrollo Urbano, Jorge Antonio Canul Poot, confirmó que el permiso se autorizó a partir del 2 de diciembre del 2010 y fue firmado por Eduardo Basurto Basurto, quien fungía como director de la misma dependencia durante la administración pasada.

Luego de que el ex alcalde y hoy, secretario de Turismo en el Estado, Juan Carlos González Hernández, dijo no recordar sobre las condiciones del acuerdo entre el municipio, los taxistas y los representantes de la plaza Royal Village, (ubicada frente al Muelle Internacional S.S. A. México), además de que cuestionó textualmente sobre “¿quién dio las licencias de construcción?”, asegurando que no fue durante su gobierno, el actual director de Desarrollo Urbano, Jorge Antonio Canul Poot, aclaró que el permiso de la licencia de construcción fue autorizado por un periodo de seis meses, del dos de diciembre del 2010 al dos de junio del 2012, siendo esto aún autorizado por la administración pasada.

Aclaró que dicha licencia para construcción está firmada por su antecesor, Eduardo Basurto Basurto, quien fungió como titular de Desarrollo Urbano durante la administración del ex alcalde, Juan Carlos González Hernández, dejando al descubierto que este último sí tenía o debería haber tenido conocimiento de que fue en su gobierno cuando se autorizaron los permisos para la edificación de la plaza, la cual se realizó a través del nombre de Centros Comerciales de Cozumel, S. A de C. V.

Cabe hacer mención que la presentación del plano tiene como superficie 18 mil 871.77 metros cuadrados, teniendo inicialmente la edificación de los cinco mil 762 metros cuadrados, con una ampliación de ocho mil 398 metros cuadrados, haciendo un total de 14 mil 160 metros cuadrados.

Dicha plaza comercial deberá de contar, de acuerdo a los planos, con 126 cajones en la parte posterior trasera para vehículos, es decir, el espacio de estacionamiento, ya que está diseñada para poco más de 50 locales comerciales, que presuntamente, ya estaban en la plaza y que sólo iban a ser remodelados.

Al ser cuestionado sobre la situación de los pasos peatonales pintados en la carretera Chankanaab, costera sur, kilómetro 3.5 de la avenida Rafael E. Melgar, dirección donde se ubica la plaza comercial Royal Village y la Terminal Marítima de S.S.A México, aclaró que dicho trabajo fue autorizado por la Dirección de Obras Públicas, desconociendo si ese trabajo se autorizó durante la nueva administración o la pasada.

De igual forma detalló que en lo que compete a Desarrollo Urbano, actualmente están en el proceso de la terminación de la obra, proceso en el que se verificará el trabajo de construcción del edificio.

Fuente: Por Esto!

3 de enero de 2012

Niega ex alcalde haber beneficiado a un comercio

“Lo único que se hizo fue un convenio para terminar con el estacionamiento de taxis y calesas sobre la avenida Rafael Melgar” dice el secretario de Turismo del estado acerca del conflicto en ciernes por la forma de administrar el transporte frente a uno de los dos principales muelles de cruceros de Cozumel, el cual en todo caso, asegura, puede ser desactivado por el actual alcalde.

Las declaraciones del ex alcalde y actual secretario de Turismo del estado, Juan Carlos González, se dan en el contexto de un acuerdo que apenas empieza a conocerse y que se realizó durante su administración, el cual involucró al sindicato de taxistas, a una nueva plaza comercial frente al muelle SSA México y al municipio en calidad de testigo de honor, y por lo tanto de aval.

Entrevistado vía telefónica, pues se encuentra en la capital de la República, el funcionario estatal negó que el acuerdo se haya hecho con miras a beneficiar o perjudicar a ningún grupo, sino que fue “para retirar a las calesas y los taxis de enfrente del muelle, tal como en su momento nos lo pidieron los mismos señores de SSA” operadores del muelle internacional del mismo nombre, segundo en importancia en cuanto al número de cruceros atendidos al año y probablemente en primer lugar de pasajeros al recibir a los cruceros más grandes del mundo.

Según González Hernández, el acuerdo nunca incluyó la obligación de bajar a la gente dentro de la plaza comercial adjunta al hotel Park Royal para que tuvieran que recorrerla, ni la prohibición para dejarlos en el muelle SSA, sino que solamente fue un intercambio entre los desarrolladores de la plaza y el ayuntamiento, el cual consistió en que para acabar con el “caos” de calesas y taxis en esa zona, estos se reubicarían a la parte de atrás de la plaza, en un estacionamiento construido expresamente para este fin por los empresarios a cambio del cual, el ayuntamiento les liberaría “unas licencias y unos sellos que tenían ahí parada su obra” la que dijo, sólo consistía en reconstruir los locales que hubo antes y que eran parte del servicio del hotel cercano, “pero no para una plaza comercial”.

Sin embargo, en ese lugar lo que hay es una plaza comercial bastante grande y que parece carecer de un estacionamiento acorde a sus dimensiones, pues lo que hay más bien es una especie de circuito de entrada y salida que termina en una glorieta interna ubicada en el área de ascenso y descenso de pasajeros de los taxis, los cuales tienen que mantenerse en movimiento o saturan el terreno casi de inmediato.

Ante esto, Juan Carlos González dijo no recordar que fueran así las condiciones del acuerdo, y se preguntó “¿quién dio las licencias de construcción?” pues aseguró que no fue en su gobierno; aunque admitió no haber visitado físicamente el sitio e ignorar cómo funciona el trazo del estacionamiento o incluso si este espacio es o no un estacionamiento, pero dijo que en todo caso eso puede dilucidarlo el actual gobierno municipal, hoy a cargo de Aurelio Joaquín, quien “tiene el poder” de suspender en cualquier momento que lo desee “cualquier acuerdo que yo haya hecho”, aseguró quien hasta hace menos de un año, desempeñaba ese mismo puesto.

Fuente: Por Esto!

21 de diciembre de 2011

Se deslinda la comuna ante polémica desatada

El convenio entre los taxistas y la nueva plaza comercial frente a los muelles de cruceros se firmó en el 2009, cuando el actual secretario de Turismo del estado era alcalde de Cozumel y tuvo como pretexto “la imagen” de la zona porque los taxis hacían largas filas sobre la acera de la avenida.

El actual ayuntamiento, que preside Aurelio Joaquín González, ya está buscando llegar a alguna conciliación en el asunto, aseguró este martes una fuente de alto nivel al interior del municipio.

De acuerdo a esta información, el convenio que ha desatado la polémica, por medio del cual los miembros del sindicato de taxistas se comprometieron a llevar a toda la gente que llegara o saliera del muelle internacional hacia un paradero dispuesto en la parte trasera interna de la nueva plaza comercial construida enfrente; fue firmado durante el periodo de Juan Carlos González, actual secretario de Turismo del estado, como alcalde de Cozumel.

Se supone que la justificación oficial para celebrar este acuerdo y para que el ayuntamiento se prestara a fungir como testigo de honor en él, fue porque supuestamente se trataba de mejorar el aspecto de la avenida, dado que se daban grandes concentraciones de taxis en “fila india” desde el frente del muelle SSA y a veces hasta la zona de Villablanca, es decir, más de un kilómetro y medio de taxi tras taxi esperando pasaje del que desembarca en ese muelle, el segundo en importancia del puerto por su nivel de actividad, el cual en ese entonces sólo tenía un circuito vial para hacer de paradero y permitir que los taxis entrarán cargaran o dejaran pasaje en las puertas principales y salieran.

Sin embargo, esto fue en el año 2009, cuando SSA no tomaba aún posesión de los terrenos del antiguo muelle de ferrys, que cambió a la Apiqroo por la nueva terminal de carga de Caletita, donde entre otras cosas se está habilitando un paradero de taxis, además de que el problema vial que ahogaba a esa área cuando estaban ahí los camiones de carga, en gran medida terminó con la mudanza de las operaciones a la nueva terminal, lo que ocurrió en abril de este año.

El actual ayuntamiento, aseguró la fuente, está interesado en mediar en el naciente conflicto derivado del acuerdo, pero aún no se han tomado medidas concretas, como sentar a negociar a todos los involucrados.

Fuente: Por Esto!

30 de agosto de 2011

Buscan millonaria inversión para parque temático inglés en Cozumel

El gobierno estatal buscará los recursos, que oscilarían entre los 350 y 500 millones de pesos, posiblemente a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la construcción de un parque temático ecológico, con un acuario, para la isla de las golondrinas; el cual estaría basado en Eden Project, un parque inglés, informaron autoridades de Turismo estatal.

Este proyecto, explicó el secretario de Turismo, Juan Carlos González Hernández, ha sido iniciativa de los mismos creadores del parque en el Reino Unido, quienes esperan que la ínsula albergue al quinto parque en su tipo en el mundo, y cuyos recursos se buscará sean absorbidos por organismos internacionales que apoyan este tipo de esquemas sustentables.

"Eden Project, es un parque temático que tiene unos domos dentro de los cuales hay varios tipos de hábitats y en este caso se está buscando que además en Cozumel se tenga un acuario como atractivo; ahí lo bueno es que no habría aportación ni municipal ni del estado, solamente un compromiso y por eso hay que ver muy bien lo de los fondos revolventes y que los recursos se vayan a fondo perdido que esa sería la intención".

Cuestionado sobre esta obtención de recursos y las condiciones en las que quedaría el gobierno estatal y municipal, el titular de Sedetur, detalló que a través del BID, el gobierno los estaría gestionando, y que el retorno de la inversión sería a través de diversas fundaciones, así como también dijo, es primordial gestionar los permisos ambientales, pues éstos podrían, posteriormente, ser un obstáculo.

"Lo primero que se tiene que hacer es tener la certeza de la obtención de estos recursos, porque sí es una cantidad importante; obviamente con las personas que lo hemos visto tienen todo muy bien hecho, lo veo factible, pero hay que esperar y que se haga un estudio, porque ahí los temas ambientales juegan un papel importante, pues si hablamos de un acuario habría que hacer un hoyo y eso ya podría ser un obstáculo", dijo.

Finalmente, se resaltó que los terrenos en los que podría construirse el parque estarían frente a la Marina Cozumel, del lado de la selva, así como que debido a que el concepto del parque es de preservación del medio ambiente y de apoyo al lugar donde se construye, se buscarán también, a través de diversas fundaciones, recursos adicionales al mantenimiento del parque, para que sean destinados a educación, vivienda o salud, de los lugareños.

fuente: Novedades de Quintana Roo

23 de agosto de 2011

Colocar y cobrar publicidad en 100 “parabuses”

La pasada administración municipal concesionó a una empresa privada la colocación de cien “parabuses” distribuidos para toda la ciudad. Este convenio es por 15 años, aunque el acuerdo legal fue redactado de forma ventajosa a favor de la concesionaria que cobrará la totalidad de la publicidad que se venda en los artefactos, sin que el ayuntamiento perciba un solo peso por ello y en caso de que la comuna quiera cancelar el contrato, deberá indemnizar a la empresa con la cantidad de 10 millones de pesos. Llamativo de este convenio es que el dueño de los parabuses es Víctor Manuel Negrete Villalobos, el mismo propietario de los parquímetros.

Este tema fue propuesto por el ex presidente Juan Carlos González Hernández, durante la sexagésima tercera sesión de cabildo del pasado 15 de noviembre del 2010, al hacer uso de la palabra en el punto denominado Asuntos Generales. Ahí les planteó a los integrantes del cabildo que una empresa estaba interesada en colocar cien parabuses, que vienen siendo aparatos para proteger del sol a los usuarios de las 13 rutas de transporte público, “ya que lo estaban pidiendo”.

Los integrantes del cabildo sin analizar el tema aprobaron por unanimidad la propuesta minutos después en la misma sesión, el punto fue llevado posteriormente al Congreso del Estado, donde también fue aprobado y desde el pasado 10 de febrero del 2011, se publicó en el Periódico Oficial del Estado como el decreto 416 que cita textualmente “Por el que se ratifica otorgar por un término no mayor a quince años la concesión del uso de la vía pública para la instalación de paraderos con espacios de publicidad, en el municipio de Cozumel, Quintana Roo”.

Luego de la publicación se firmó el contrato entre el ayuntamiento representado en el acto legal por Juan Carlos González Hernández en su carácter de presidente municipal, Juanita Obdulia Alonso Marrufo como tesorera y Manuel Ruperto Gurigutia Barrientos que fungía como síndico municipal, con la otra parte representada en el acto protocolario por Víctor Manuel Negrete Villalobos de “Servicios a la Medida S. C.” quien es el mismo dueño de los polémicos estacionómetros o parquímetros.

No obstante el acuerdo legal parece beneficiar más a la empresa concesionaria, porque el ayuntamiento no percibirá un solo peso durante los 15 años en que dure el convenio, ya que sólo la empresa percibirá ganancias económicas al tener la facultad conferida en el contrato de vender publicidad en los paraderos por el tiempo en que estarán en la vía pública. Estos espacios llamados “mupis” son carteles publicitarios colocados en un mobiliario urbano, generalmente instalados a un costado de los parabuses cuya modalidad puede ser electrónica o en carteles fijos.
Lo anterior está plasmado en el convenio legal que cita que por “común acuerdo entre ambas partes, los ingresos percibidos por el concesionario por venta de publicidad única y exclusivamente serán propiedad de este”.

El documento también especifica que “como pago de los derechos de instalación de los parabuses y los mupis de publicidad instalados durante el tiempo que ocupe la concesión en la vía pública, como contraprestación se le otorgará al ayuntamiento el mantenimiento de los parabuses y un espacio de publicidad en el 50 por ciento de los “banners” ubicados en el toldo de los aparatos”, es decir, el “beneficio” palpable para la comuna será en especie, no traducido en dinero. Lo que da a entender que cada aparato únicamente tendrá del municipio publicidad referente a logros o programas implementados por el mismo ayuntamiento, en tanto la concesionaria se llevará la totalidad del dinero por concepto de publicidad que sean contratadas por joyerías, supermercados, partidos políticos, hoteles, navieras, franquicias, entre otros, que generalmente pagan costos publicitarios no tan baratos, en tanto que la comuna no percibirá un solo peso ni por el uso de suelo.

La vigencia del convenio pactado es por 15 años a partir de la fecha de la firma del contrato y la colocación de los aparatos tiene que ser en un término no mayor a 180 días naturales contados a partir de la firma del mismo, lo que sería en la recta final de este año.

El dato más ventajista de este contrato es que en caso de que “el municipio revoque, rescinda, expropie, cancele, o ejerza cualquier medio o acción legal para ello sin causa justificada o causa no contemplada y expresamente prevista en la ley y en este contrato o de cualquier manera interfiera para que el concesionario deje de percibir ingresos por la venta de publicidad; el municipio indemnizará en un lapso no mayor a treinta días al concesionario por una cantidad de 10 millones de pesos”.

Por el momento se desconoce los cien puntos donde se ubicarán los parabuses, y sería conveniente que las autoridades municipales actuales investiguen, porque hay una cláusula en el contrato especificando que si las autoridades municipales a lo largo de los 15 años llegaran a afectar algún parabus con alguna obra o acción que a los de la empresa les reduzca los ingresos porque un patrocinador les retire el convenio de publicidad, entonces el ayuntamiento está obligado a indemnizar con mil pesos diarios a la empresa hasta que se “corrija la anomalía”, y bien podría ser que algunos de los sitios elegidos estén en áreas en las que se deba, puedan, o vayan a desarrollar construcciones por el municipio y de afectar los intereses de la compañía se les tenga que indemnizar.

El único punto del contrato en el que habla de una multa hacia la concesionaria, es en caso de que tenga en un momento dado el 20 por ciento de sus parabuses en mal estado por más de 60 días, de ser así podrán hacerse acreedores a una “multa” por la cantidad de… cinco salarios mínimos (algo así como 299.1 pesos tomando en cuenta el tipo A de salario en el país) o el doble si reincide, lo que quiere decir que no sería mayor a 598.2 pesos.

Fuente: Por Esto!

8 de agosto de 2011

Un legado para el olvido

El tan anunciado corredor turístico en el que se invirtieron 23 millones de pesos provenientes de recursos federales, que hasta la fecha se presume que no fueron aplicados en su totalidad.

La obra que fuera inaugurada con bombo y platillo el 6 de abril, contando con la presencia de la secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo y el gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, fue realizado al vapor de tal forma que se puede observar la mala calidad del material que se utilizó para ahorrarse unos pesos.

Sin embargo, lo peor de todo es que se planeó tan mal como todo lo que se hizo durante la gestión de Juan Carlos González Hernández, que las bancas para la gente que camina por dicho andador se siente, quedaron de cara al monte, por lo que quienes tienen el deseo de disfrutar del andador en una tarde soleada y disfrutar del atardecer a la orilla del mar, solo pueden ver una pared o malla anticiclónica y detrás el monte.

Todo esto además de los cientos de mosquitos que en esta temporada le harán compañía al atardecer, ya que están colocadas en sitios donde no hacen falta, ocultas entre árboles que sólo incitan a las parejas a prodigarse cariño sin ser molestados.

Mientras que existen otros lugares donde se ve el mar en su totalidad, que le hubieran dado una mejor función a las bancas que se desperdician actualmente, ya que se encuentran en sitios donde los habitantes de Cozumel, así como sus visitantes, no pueden utilizarlas para disfrutar de los atardeceres más bellos del Caribe mexicano.

Fuente: Quequi

6 de agosto de 2011

La concesión más barata

Se abre la cloaca que dejaron el exalcalde Juan Carlos González Hernández y su fiel escudero Ignacio Cureño como director de la Administración Portuaria Integral Municipal (APIM), ya que en días pasados, el diputado federal, Gustavo Ortega Joaquín, dio a conocer en su cuenta de twitter, la concesión de la rada de Cozumel (Puerto de Abrigo) que firmaron el ultimo día de su administración por la irrisoria cantidad de cinco mil pesos mensuales, adjudicación que fue realizada de forma fraudulenta e ilegal.

No conforme con dejar endeudado al Ayuntamiento, ahora se sabe que Juan Carlos González Hernández e Ignacio Cureño, concesionaron ilegalmente a la empresa Navega (al parecer prestanombres) toda la rada de la isla de Cozumel por 10 años, por la módica cantidad de 60 mil pesos al año (cinco mil pesos al mes), de los cuales la actual administración no ha recibido un sólo peso.

Ante esta situación descubierta hace unos días, se está realizando una auditoria exhaustiva en la APIM, para encontrar todos los malos manejos que efectuó en su momento su titular Ignacio Cureño (actual director del Fideicomiso de Promoción Turística de Cozumel), ya que se habla de desvió de una buena cantidad de recursos por varios millones, además de concesiones de muelles, espejos de agua, caleta, la marina “Fonatur” y ahora se sabe de la rada de Cozumel.

La cual se entregó a la empresa antes mencionada, que al parecer es ficticia y fue creada por el propio González Hernández para quedarse con el patrimonio de los cozumeleños, el trato se efectuó de una manera ilegal y fraudulenta ya que al tratarse de una propiedad federal concesionada al municipio, se debió efectuar una convocatoria pública y licitación para que se pudiera adjudicar, lo cual no se pudo haber realizado de forma rápida en el ultimo día de la administración de Juan Carlos González.

Por lo que auditores y jurídico del Ayuntamiento están revisando minuciosamente los expedientes en busca de los documentos que demuestren el robo que se está cometiendo contra el patrimonio de los cozumeleños, que aseguran, la peor administración fue la de Juan Carlos González Hernández, quien concesionó la recoja de basura y el malecón para obligar a los cozumeleños a pagar por estacionarse en el centro, y ahora resulta que también la rada ha sido concesionada.

Cuestionado el controlar Gamaliel Arana Chan al respecto, sólo dijo que la auditoria que se está realizando a la APIM es una coincidencia, ya que es un procedimiento rutinario que se les hace a todas las direcciones, añadiendo que de igual manera coincidió con las vacaciones obligadas o permiso sin goce de sueldo del actual director Carlos Angulo López.

Fuente: Quequi

3 de agosto de 2011

No, a “naviera comunitaria”

No habrá tal tercera naviera, al menos no con la participación del actual gobierno del municipio, el cual abandona ya oficialmente la iniciativa del ayuntamiento anterior de participar con un porcentaje de acciones en la eventual creación de una empresa de barcos que ofreciera más barato el cruce hacia y desde Playa del Carmen.

El propio alcalde Aurelio Joaquín afirmó que el proyecto, del que afirma desconocer todo detalle, no es parte de su plan de gobierno e incluso cuestionó la viabilidad de la idea ya que “el gobierno no administra navieras”.

Igualmente, el mandatario cozumeleño dijo que en la ley, “no existe la figura de naviera comunitaria” que era la denominación con la que el anterior gobierno municipal, que presidió el hoy secretario de Turismo del estado, Juan Carlos González, se refería a la eventual tercera empresa de barcos, la cual ya hasta tenía nombre y se iba a llamar “Isla de Paz”.
Como se recordará, durante el periodo de gobierno de Juan Carlos González, el ayuntamiento de Cozumel anunció públicamente la intención de “un grupo de empresarios” de invertir en la creación de una empresa de barcos que compitiera con el actual duopolio Aviomar/Ultramar en la ruta federal Cozumel-Playa del Carmen, la cual supuestamente tendría el expreso objetivo de bajar el costo del boleto para la población local que actualmente paga 90 pesos con credencial de descuento y 160 pesos sin ella.

El ayuntamiento, con acuerdo de cabildo de por medio y todo, tendría una participación del 5 por ciento de las acciones de la llamada “tercera naviera” y desde mediados del año 2009 se decía que todo estaba listo para arrancar operaciones, salvo porque faltaba la aprobación de la SCT para los barcos que se querían comprar en Singapur.

El asunto, sin embargo, no prosperó y aunque nunca se aceptó oficialmente el fin del proyecto, el gobierno de González Hernández terminó en abril de este año sin concretar nada acerca de la naviera antes de entregar la estafeta al actual gobierno de Aurelio Joaquín, quien al cumplir 100 días de gestión, y a pregunta expresa, respondió que la naviera “Isla de Paz” no era más un proyecto de la administración municipal, que un municipio no tiene nada qué ver con la administración de empresas de este tipo y que la ley no contempla la figura de “naviera comunitaria” (empresa privada con algún grado de participación de dinero público) y que el gobierno actual no se involucraría más en el tema.

Por lo tanto, al menos en el corto plazo y hasta que aparezca algún inversionista interesado, en Cozumel no habrá otra opción de transporte marítimo que la del actual duopolio, recientemente multado con 25 millones de pesos en conjunto debido a prácticas monopólicas ya comprobadas por la autoridad que, sin embargo, siguen sucediendo todos los días, como manejar el mismo precio y repartirse los horarios evitando la competencia.

Fuente: Por Esto!

19 de julio de 2011

Acusan a secretarios de Turismo por obra mal hecha en Cozumel

Los secretarios federal y estatal de Turismo, Gloria Guevara y Juan Carlos González Hernández fueron denunciados ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a supuestas irregularidades en las construcción del Andador Turístico y Peatonal Zona Norte de Cozumel, en la que se emplearon 24 millones de pesos.

De acuerdo con documentos en poder de REFORMA, esta obra, de guarniciones y asfaltado, así como equipamiento urbano en 4.6 kilómetros de la zona hotelera norte de Cozumel, presenta diversas irregularidades, desde su licitación hasta la mala calidad de los trabajos.

En la SFP están acumuladas dos denuncias contra Guevara y González, por encubrimiento e irregularidades en la licitación, mientras que en la ASF están en proceso de revisión los recursos transferidos para la obra.

La obra fue inaugurada, el 6 de abril de este año, por el Gobernador Roberto Borge, así como por Guevara y González Hernández, en ese entonces aún Presidente Municipal de Cozumel.

Sin embargo, la obra, financiada con fondos de la Secretaría de Turismo (Sectur) y ejecuta por el Ayuntamiento de Cozumel, ya presentaba indicios de presuntas irregularidades, cuando la dependencia federal solicitó en diciembre de 2010 a la Comuna isleña la devolución de los recursos debido a que se había excedido los plazos para la obra civil.

La obra debió de haberse terminado el 31 de diciembre del 2010 y se prorrogó hasta el 9 de abril del 2011, que fue la fecha oficial de entrega; sin embargo, la Comuna ofreció subsanar las observaciones presentadas y terminó los trabajos tres meses después.

No obstante fueron iniciadas investigaciones en la SFP y en la ASF en relación a la obra, aunque días antes la Contraloría Municipal ya había detectado irregularidades en la calidad de la obra.

Según los documentos, el laboratorio móvil de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, realizó pruebas de "extracción de corazones" sobre el espesor del pavimento, además de permeabilidad.

En este sentido, de 31 muestras tomadas, 14 no cumplían el espesor mínimo del pavimento de tres centímetros.

Asimismo, en el tema de permeabilidad, de ocho muestras tomadas, cuatro no cumplían con la normatividad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ante ello, la Contraloría estatal recomendó volver a reencarpetar los "tramos observados".

Pero las irregularidades aparentemente procedían desde la licitación, pues en lugar de licitar el proyecto como uno solo, fue dividido en tres paquetes, pero al final fueron asignados a la misma empresa, Ingeniería y Construcciones del Caribe SA de CV.

El director de Obras Públicas, Youssef Salim Achach Carrillo, determinó tres paquetes: obras civil, iluminación y equipamiento, bajo el argumento de que si sólo una empresa tendría la totalidad de obra, se obligaría a subcontratar a otros, lo que elevaría los costos.

De esta forma, le fue asignada a la empresa Ingeniería y Construcciones del Caribe la obra civil; a Citelum México, la iluminación, y a Trafficlight de México, el equipamiento.

De acuerdo con el convenio con la Sectur y el Ayuntamiento de Cozumel, la ejecución de obra estaba contemplada para una sola empresa.

La SFP abrió otra investigación contra González, Achach Carrillo y al ex contralor municipal, Carlos Isabel Mendoza Quijano, por supuesto desvío de fondos.

(Fuente: Sergio Caballero/Agencia Reforma)

Fuente: Noticaribe

1 de junio de 2011

Lucha Aurelio contra deudas

Además de dejar la administración prácticamente sin un peso para su operación, Juan Carlos González Hernández, dejo una infinidad de deudas a su sucesor Aurelio Joaquín González, quien tiene que estar capoteando a los acreedores que casi todos los días están en la Tesorería esperando su pago, entre estos se encuentra la empresa Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C. V. (P.A.S.A.), que se encarga de la recolección de la basura y que amenazo con suspender dicho servicio en días pasados si no se les abonaba algo.

De acuerdo a fuentes del interior de dicha empresa a la que se concesiono el servicio de colecta y destino final de la basura, la deuda rebasaba los dos millones de pesos y si no se liquidaba o pagaba una parte a mediados del presente mes, se suspendería dicho servicio a la comunidad, ya que en promedio se le paga a PASA cerca de un millón 300 mil pesos mensuales, de acuerdo al tonelaje que se recoja.

JUCAGO dejo una cuantiosa deuda del Ayuntamiento al ISSSTE por aportaciones quincenales de los trabajadores desde la quincena 20 del año 2010 (segunda quincena de octubre) hasta la quincena 7 del 2011 (primera de abril) la cantidad de 8.5 millones de pesos.

Aunado a esto se le debe al FOVISSSTE, por créditos de los trabajadores que a ellos se los descuentan puntualmente de su nomina, el 5% que dan un total de 15 millones de pesos, que son el global de las actualizaciones y recargos por no pagar a tiempo y también se deben 5.5 millones de pesos del SAR del ISSSTE.

Liquidación

Está pendiente y bajo investigación la liquidación que se le hizo a su compadre de parrandas, Ignacio Cureño, que fue director de la Administración Costera Integral Sustentable (ACIS) que ahora es Administración Portuaria Integral del Municipio APIM, superior a los 200 mil pesos y un bono que recibieron los regidores, tesorera y JUCAGO en la última quincena.

Corralón

Durante su administración se dio el robo de piezas de automóviles y motocicletas en los corralones de transito, aunque aún no se concluye la investigación que efectúa asuntos internos y la contraloría, hay indicios de que JUCAGO tenía conocimiento y no hizo nada por detenerlo ya que se trataba de gente cercana a su persona, aunque no se ha dicho de quien se trata.

Fuente: Quequi