Táctica para emprender polémico proyecto

No consultaron a sus supuestos representados los líderes de las principales cámaras empresariales de la isla, antes de emitir sus votos en el comité de seguimiento del POEL (Plan de Ordenamiento Ecológico Local) de la isla, votos que validan que siga adelante el plan de pavimentar la última reserva natural del municipio en beneficio de intereses particulares.

Como no se toman la molestia de consultar a los empresarios que supuestamente representan, el voto a mano alzada de varios miembros del comité del POEL no se puede entender más que como su opinión personal.

Miembros de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, mejor conocida como la Canaco-Servytur; de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), dijeron no haber sido consultados sobre el sentido del voto que en su nombre emitirían los respectivos presidentes de esas organizaciones, quienes tienen cada uno un asiento en el Comité del POEL.

Dada la falta de una cultura democrática participativa, incluso en ese tipo de organizaciones empresariales, los líderes de los gremios no se sienten en la obligación de consultar a sus afiliados antes de emitir sus votos y además, ni siquiera los propios presidentes de las organizaciones mencionadas, Juan Carlos Villanueva, de la Canaco-ServyTur, Pedro Joaquín Delbouois, de la Coparmex y José Becerra Ruiz, de la Canirac, conocían a fondo el más controversial de esos proyectos, el Punta Arrecifes Resort, que propone construir mil cuartos de hotel, villas, marina y campo de golf en la zona de Xpalbarco, al norte de Mezcalitos, el cual les fue presentado en función especial varios días después de la reunión del comité –donde ya habían votado a favor– en el salón de juntas del hotel Casa Mexicana, en el centro de la ciudad.

Así, lo que debería ser un proceso de consulta transparente y con el voto de personas informadas que además hubieran, antes de votar, consultado a sus representados, derivó en un montaje destinado a mantener la apariencia de legalidad en un proceso que se aparta del objetivo de cuidar los recursos de la isla, pues para permitir las inversiones que les interesan por motivos muy particulares, son capaces de modificar a mano alzada un plan científico, elaborado por investigadores profesionales y por el que el ayuntamiento pagó millones de pesos para poder saber qué se puede y qué no se puede hacer en la isla y no tener que decidir estas cosas en asambleas amañadas, repletas de personas con poca información para opinar; como terminó sucediendo.

Fuente: Por Esto!