Acusan a policías judiciales de pedir dinero para “agilizar” la devolución de una motocicleta a su propietaria quien tuvo la mala fortuna de que le robaran su unidad que fue encontrada más tarde por policías municipales. También señala que en el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) le ponen trabas para retirar la denuncia, e incluso hasta ahí le piden dinero.
La denuncia pública fue hecha por una mujer, quien por temor a represalias, solicitó que su nombre y fotografía no salieran a luz pública; en su explicación dijo que el sábado 19 de noviembre le robaron su motocicleta marca Honda tipo Biz con número de motor HA07E-42714451 adquirida el 7 de agosto del 2003.
Dice que luego de percatarse del robo, acudió a la policía municipal a interponer su queja, posteriormente se dirigió al MPFC a levantar la denuncia correspondiente y para su fortuna, su motocicleta fue recuperada el mismo día por policías municipales. Desde entonces el vehículo se encuentra en el corralón de Tránsito.
Relata que durante el periplo para recuperar su vehículo, se ha topado con que un licenciado del MP, de nombre Dan, del que no sabe el apellido, ahora no le quiere retirar la denuncia bajo el inexplicable argumento de que “hay un convenio con el ayuntamiento y que no lo pueden quitar”, sin que le explique de qué se trata.
Menciona no entender por qué no le quieren retirar su demanda en el ministerio público, ya que de parte de las autoridades de Tránsito Municipal hay la disposición de devolver la unidad al estar en su poder, y su temor más adelante la detengan circulando con la moto porque hay una denuncia abierta por robo que no le quieren retirar en el MPFC.
Explicó que un policía judicial “de cabello rizado, tez morena, de complexión robusta, con un lunar cerca de la boca, me llamó y me dijo que vayamos a buscar la moto porque él no la ubica. Fuimos y la hallamos, entonces le pregunté de qué manera podría sacarla lo más rápido posible, y me dijo que tenía que ofrecer dinero para agilizar las cosas, pues le tenían que dar al de Seguridad Pública y al del ministerio público (no dijo nombres).
Seguidamente menciona que en la oficina del licenciado Dan no le quieren retirar la denuncia y le piden que pague por la colocación de tres sellos en unos documentos la cantidad de 115 pesos por cada uno.
Fuente: Por Esto!
29 de noviembre de 2011
La “tranza” ya es parte de sus obligaciones
martes, noviembre 29, 2011
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