Omisiones de direcciones del Ayuntamiento permitieron operar la guardería irregular.

Una cadena de omisiones por parte de por lo menos dos direcciones del Ayuntamiento de Cozumel, permitió que una menor de seis años de edad fuera víctima de abuso sexual por un adulto de 26 años, en el interior de una guardería auspiciada por la Sedesol.

El establecimiento, hoy se sabe, operaba sin permiso de funcionamiento y sin supervisión de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Apenas el jueves, las autoridades municipales se dieron a la tarea de verificar los permisos de la guardería "La Casita de Montserrat". Alan Hernández Badillo ya fue consignado por el delito en agravio de la menor y el juez penal deberá, en un lapso de dos a seis días, determinar si se le notifica auto de formal prisión.

Las investigaciones de la Policía Judicial sacaron a la luz que la Secretaría General, Protección Civil, Tesorería y Desarrollo Social (todas áreas del Ayuntamiento) tienen injerencia en la supervisión, regulación y operación de las estancias infantiles de la ciudad en diferentes niveles de responsabilidad.

Apenas el miércoles, Blanca Uch Mezo, presidenta de la Comisión de Salud del Cabildo, declaró que el Ayuntamiento no tiene injerencia en las guarderías.

El establecimiento ubicado en la calle 23 por 25C y 30 de la colonia Cuzamil, tiene aproximadamente un año operando fuera del esquema de la Sedesol, pero no se tomaron acciones por parte del Ayuntamiento en cuanto a la licencia de funcionamiento, sino hasta el miércoles cuando la PGJE envió un oficio pidiendo una inspección.

Como establecimiento comercial debía pagar impuestos relativos a su actividad, sin dejar de lado las inspecciones que la Dirección de Protección Civil debió hacer en caso de un siniestro, medidas de seguridad y capacitación del personal a cargo de los infantes.

Lilia Mendoza González, secretaría general del Ayuntamiento, declaró la noche del miércoles para un canal de televisión local que "por anomalías hace un año se le separó de la red de guarderías de la Sedesol" (sic), pero no explicó de forma convincente por qué se le permitió seguir operando.

El jueves, Margarita Vázquez Barrios, coordinadora de los agentes del Ministerio Público del Fuero Común, informó que el sospechoso más fuerte de este caso es Alan Hernández, a quien la misma niña señala como su agresor.

El examen médico practicado a la infanta dio como resultado negativo en violación, pero en base a los testimonios y las mismas pruebas médicas periciales, la fiscalía basa su acusación en el delito de abuso sexual.

La abogada manifestó que luego de ser consignado ante el Juzgado Penal, el detenido tiene 48 horas para conocer su situación legal como marca el término constitucional, pero la defensoría pudiera pedir una extensión del plazo hasta sumar seis días.

Si se le inicia proceso, esto en caso de que se le dicte formal prisión, llevara un mínimo de seis meses para que se dicte sentencia.

fuente: Novedades de Quintana Roo