6 de marzo de 2012

Indulgencia con policías rijosos

Sólo una orden de arresto de cinco días y un acta administrativa es el castigo que hasta el momento han recibido ocho policías que estuvieron inmiscuidos en la riña del bar “Miguelitos”, aún cuando contravinieron varios puntos del mismo reglamento interno de la corporación.

Salió a relucir que son ocho y no cinco los policías francos (en descanso) los que participaron en la riña del bar “Miguelitos” el jueves 1 de marzo. Ellos responden a los nombres de Manuel Alvarez Jiménez, Eleasín Velazquez de la Cruz, Luis Roberto Guzmán Capistrán, asignados al área de Seguridad Pública, en tanto que Manuel Antonio Juárez Arias, Efraín de la Cruz Cruz, Oscar Bolaina Correa, pertenecen al Grupo de Operaciones Especiales (GOE), mientras que Manuel Juárez Sanmartín es un elemento de Tránsito y José Marcos Fregoso Hernández funge como escolta del director de la corporación.

Este grupo de agentes preventivos ha recibido como sanción ser arrestados por cinco días, qué quiere decir, que trabajarán por ese lapso de tiempo sin ir a sus casas hasta que se cumpla el castigo, aunado a que les levantaron un acta administrativa, cuando en situaciones menos graves, ocurridas con anterioridad, se ha suspendido a policías mientras se les investiga por parte de la Dirección de Asuntos Internos, instancia que no ha actuado con rigor contra estos agentes.

Javier Aranda Fuentes, propietario del bar “Miguelitos”, interpuso su queja formal en Asuntos Internos contra el actuar de los servidores públicos, ya que a decir del agraviado lo amenazaron con incluso solicitar la clausura de su negocio por parte de los fiscales bajo el argumento de que los policías le dijeron “somos autoridad”.

Aranda Fuentes señaló en todo momento a los policías francos, Manuel Antonio Juárez Arias y José Marcos Fregoso Hernández, de ser los incitadores de los hechos violentos en el bar “Miguelitos”, al mencionar que estos dos agentes iniciaron el pleito, primero por discutir entre sí y luego por agredir verbalmente a los parroquianos, e incluso rompiendo botellas vacías en su lugar al terminar de beber las cervezas como acto de intimidación, y con el afán de buscar pleito con quien fuera.

El Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Cozumel, Quintana Roo, destaca en su artículo 35, inciso I “que los policías tienen prohibido participar en los actos públicos en los cuales se denigre a la institución, el gobierno o a las leyes que rigen el país”.

En el mismo artículo, inciso XI, les prohíbe “incitar en cualquier forma a la comisión de delitos o faltas”. En el inciso XIV les prohíbe “cometer cualquier acto de indisciplina o abuso de autoridad en el servicio o fuera de el”.

Por el momento Javier Aranda Fuentes sólo espera la resolución que determine la autoridad municipal a donde han estado acudiendo a declarar los implicados en este asunto, aunque no se sabe si también han estado declarando los policías del GOE en activo que hicieron las detenciones de cuatro personas en el bar, ya que los parroquianos y dueño del establecimiento aseguraron que los agentes en activo llegaron en defensa de sus compañeros que no estaban en servicio y les permitían que agredieran a los parroquianos que estaban siendo arrestados y esposados.

De este problema fueron detenidas al menos cuatro personas civiles, dos fueron puestas en libertad en la policía municipal el mismo jueves, en tanto que Víctor Froilán García Garibay así como Roberto Cañizalez Lagunes, cliente y cuidador de motocicletas afuera del negocio respectivamente, fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, acusados de causar graves lesiones a José Marcos Fregoso Hernández, al que presuntamente le fracturaron el cráneo, aunque esta versión resultó falsa, pero se menciona que sufrió una luxación de un hombro, y una fractura en uno de sus pómulos, y la autoridad ministerial decidió dejar libres a los dos turnados al no encontrar elementos suficientes para consignarlos por los delitos de daños, lesiones, y ultrajes a la autoridad.

No obstante ahora resulta que Manuel Juárez Arias, uno de los principales señalados de generar el problema, los acusó ante esta misma autoridad de haberle robado una mochila que presuntamente contenía documentos personales, y un teléfono celular, pero cabe aclarar que estos artículos no le fueron encontrados a los detenidos al momento de que se los llevaron del bar con rumbo a las celdas de Seguridad Pública.

Fuente: Por Esto!

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